Falabella lideró el Tercer Diagnóstico sobre Empresa y Derechos Humanos, que elaboró el Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Universidad Católica de Chile, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras obtener 21,5 puntos (de un máximo de 24).

Este es el segundo año en que la multinacional se coloca a la delantera de las compañías del IPSA en este ranking que evalúa la situación de las compañías chilenas respecto a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas.

«Se trata de un marco internacional que diseñó el profesor John Ruggie, de la Universidad de Harvard, por encargo de las Naciones Unidas. En inglés se conoce como los Guiding Principles on Business and Human Rights. Lo que hace es fijar un estándar básico en la relación entre la empresa y sus grupos de interés. Es una regla esencial y básica de la sociedad, del derecho. Si una compañía causa un daño, debe repararlo», explica en este Diálogos Sostenibles el director del programa, Juan Eduardo Ibáñez.

El término derechos humanos, en Chile, tiene una connotación política distinta a la que se ha ido adoptando a nivel corporativo, ¿a qué se refiere exactamente derechos humanos y empresas?

Derechos humanos efectivamente es un concepto complejo, controvertido, en varios países tiene la connotación que puede tener en Chile, pero eso no debiera ser un óbice para entender que, en el fondo, de lo que trata es de  derechos fundamentales y esenciales de las personas, muchos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que surge después de la Segunda Guerra Mundial.

Lo que hace el marco es volver a lo básico: cómo está la empresa en relación a sus grupos de interés, con su pilar social y si está causando algún daño que debe reparar. Tiene que ver, por ejemplo, con la salud de las comunidades, de sus trabajadores, el respeto a su dignidad, la no discriminación.

En Chile, el gobierno trabaja en un proyecto de ley de Debida Diligencia de Derechos Humanos. En Europa ya hay normas al respecto, ¿Cuán necesario es llegar a una ley de este tipo y qué tan complejo puede llegar a ser para las compañías?

En algunos países de Europa se ha legislado para las grandes empresas porque que no se avanzó voluntariamente con el estándar. Cuando se creó, la idea era que no fuera vinculante, que se adoptara por conveniencia y así ha ido pasando. Lo adoptó la OCDE, Global Reporting Initiative (GRI), que es el sistema de reportes; también el CIMM en materia minera. Hay una convergencia internacional a la adopción del estándar. Lo que vemos en el diagnóstico, que aplicamos a las grandes empresas de Chile, que están en el IPSA y algunas  públicas, es que lo han ido adoptando de manera bastante relevante. Entonces, hay que preguntarse si de verdad es necesaria una legislación de debida diligencia. Yo tengo mis dudas. Hay un sistema judicial robusto en caso que una empresa cometa algún daño; hay tutelas laborales, recursos de protección.

Donde  tenemos que avanzar es en las empresas del Estado, que es donde  realmente, como país, tenemos deficiencias en materia de acceso a la salud, educación, seguridad. La empresa está avanzando, lo está adoptando, tal vez deberíamos, si vamos a hacer algo obligatorio, pensar más bien en el Estado.

¿Es muy grande la brecha entre las grandes empresas que ustedes analizan y las del Estado?

Sí, hay una brecha importante. Si bien hay algunas que están trabajando para reducir esa brecha, como Codelco, Metro y ENAP, el resto no ha adoptado el marco. Me refiero también a los servicios públicos.

Tres cosas fundamentales

Vamos entonces a las conclusiones de este tercer diagnóstico.

El diagnóstico mide tres cosas fundamentales. El compromiso político, que es cuando el director o la empresa decide adscribirse a un estándar internacional, que implica un desafío importante porque está yendo más allá de la legislación local; la identificación de impacto a través de la debida diligencia, que requiere participación significativa de los grupos de interés; y los mecanismos de reclamación y remediación.

Por primera vez, el puntaje total aumentó en 7 puntos porcentuales respecto al año anterior. Eso no había pasado en los tres años anteriores. Es la primera vez que vemos un aumento tan significativo. En materia de compromiso y respeto, cerca del 60% de las empresas tienen una muy buena política de derechos humanos. El 40% está implementando la debida diligencia y cerca del 50% tiene canales de reclamación y remediación abiertos a sus grupos de interés. En todos ellos, por supuesto, hay mucho por mejorar.

Estas mejoras ocurren en las grandes empresas, ¿está permeando también a la cadena de valor?

Los principios rectores llaman a la empresa a ejercer su poder de influencia. Si bien la cadena de suministro es una empresas distinta, con otras responsabilidades, el mandante tiene un poder, ya sea a través de las bases de licitación o de la supervigilancia. El estándar debe darse en la empresa y en su grupo de interés.

Las empresas medianas se dan cuenta que esto es una ventaja competitiva. Cuando voy a postular a una licitación este estándar es un básico. Me están pidiendo temas de derechos humanos ¿Por qué? El mandante no quiere tener problemas laborales, de discriminación, de acoso, de abuso en la cadena. Es un círculo virtuoso, las empresas van transitando hacia un nivel de conciencia mayor respecto a su impacto social y lo van transmitiendo a los contratistas y así en cascada al resto de la sociedad.

El pilar de compromiso y gobernanza es el que mejor le va en esta evaluación.

Pareciera ser simple, una declaración, pero cuando una empresa emite una declaración al mercado debe tener estándares de verosimilitud y tiene que ser real, porque esta es información que se divulga a los inversionistas. Qué medimos, cuando la empresa tiene política formal de respeto a los derechos humanos y eso implica un rol difícil, la empresa tiene que analizar cuáles son sus impactos, donde pueden estar sus brechas y está adquiriendo un compromiso de largo plazo.

Y hay un nivel de cumplimiento alto.

Hay un nivel de cumplimiento bastante alto. Eso significa que los directorios en Chile que están abordando estas temáticas de sostenibilidad, lo están haciendo de manera seria, rigurosa. Y eso es una buena noticia para la empresa del país.

De menos a más

¿Cómo calificarías la realidad de la empresa chilena en estos aspectos?

Este es el primer diagnóstico que se hace en Latinoamérica, así que no tenemos comparabilidad regional, pero sí con otros países del mundo desarrollado, principalmente de la OCDE y diría que la gran empresa chilena, en los últimos cuatro años, ha ido creciendo mucho en su estándar.

Partimos de muy abajo, incluso si nos comparábamos con Colombia o Brasil, estábamos más atrás en temas de gobierno corporativo y directorio. Pero se ha producido una mejora con la profesionalización de los directorios, que han incorporado perfiles distintos y también nos hemos dado cuenta que si queremos competir a nivel global debemos tener estándares globales.

Se ha reducido la brecha y hoy las mejores empresas chilenas están al nivel de las europeas, sin duda.

Las segundas millas

Según el estudio, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que enfrentan las compañías?

Cuando avanzas en estos estándares las primeras millas son más fáciles, pero cuando estás en un 50-60% de cumplimiento, es más difícil. ¿Qué es lo que vemos hoy a nivel de desafío? Primero, hacer partícipe a los grupos de interés de un diálogo significativo. Cuando hago debida diligencia, debo hablar con las juntas de vecinos, con mis trabajadores, con los contratistas, para entender qué puntos ciegos puedo tener y qué gestión de riesgo me está faltando. Y ese diálogo tiene que ser real, horizontal, bidireccional, de buena fe y de manera sensible.

Lo otro que es muy difícil es  integrar las brechas en el sistema ordinario de gestión de riesgos. Eso es difícil, porque muchas veces las empresas trabajan con unidades segmentadas. Esto obliga a tener un diálogo entre las distintas unidades, a generar una cierta gobernanza de derechos humanos y a integrarla en el día a día para cerrar las brechas.

Es importante pensando también en la Ley Karin o la nueva Ley de Delitos Económicos, que me pide una acción más proactiva. Entonces, identifico un riesgo, establezco controles, hago seguimiento y cierro la brecha, también me estoy preparando para cumplir esa normativa en caso de que exista algún incumplimiento.

¿Cuáles son las mejores prácticas a destacar de las empresas mejor evaluadas?

Las empresas que tienen una mejor evaluación en el diagnóstico son Falabella, Aguas Andinas, Enel, SMU, Mallplaza y Colbún. Cada una tiene sus propios desafíos, son de rubros muy distintos y la gracia es que   adoptan el estándar al contexto propio de sus operaciones.

Diría que cada una  tiene algún signo distintivo. Falabella es muy fuerte en su fuerza laboral diversa. Aguas Andinas, como proveedor privado, se propuso tener un estándar altísimo. SMU trabajó con sus 400 locales. Mallplaza, tiene una larga tradición de trabajo con los barrios, de integrarse, un buen relacionamiento comunitario. Y en el caso de Colbún, que está desarrollando nuevos proyectos de infraestructura, destaca en cómo aplica el concepto del territorio. Cada cultura corporativa es distinta, hay liderazgos y estrategias distintas. Lo bonito es ver cómo este marco se adapta, se encauza y florece de una manera distinta, innovadora y creativa.

¿Qué pasos recomendarías para seguir avanzando en la implementación de estos principios rectores?

Este es un momento interesante, las empresas se están dando cuenta que el trabajo que han realizado constituye una oportunidad de desarrollo y crecimiento futuro. Una compañía que tiene una fuerza laboral comprometida puede ser más innovadora; si tiene una buena relación comunitaria puede crecer en el futuro. Sabemos que en Chile el gran desafío es productividad y crecimiento, entonces mi invitación es a mirar la sostenibilidad y especialmente el desarrollo del pilar social como una oportunidad de crecimiento futuro.

Aquí puedes leer el Tercer Diagnóstico