La gerente general de la Asociación de Industrias del Reciclaje analiza el desempeño del sector , los ajustes pendientes en la Ley REP y los desafíos para fortalecer el reciclaje domiciliario. Admite que la clave para avanzar es "transparencia, la trazabilidad y la comunicación con los ciudadanos”.
En Chile, el reciclaje dejó hace rato de ser una conversación marginal y hoy es parte de la discusión económica, regulatoria y productiva del país. Hay metas y una economía cada vez más relevante detrás de esto.
El Anuario de la Asociación de Industrias del Reciclaje (ANIR) llega en un momento especialmente bisagra, porque el país avanza en la Ley REP, suma nuevos productos prioritarios, pero también revela problemas que dan vueltas.
Para conversar sobre lo que dejó el 2025 y, sobre todo, sobre lo que viene hacia adelante, conversamos con la gerente general de ANIR, Antonia Biggs, una voz clave en la articulación de este ecosistema.
Si tuvieras que definir el 2025 en una frase para la industria del reciclaje, ¿cuál sería y por qué?
Uño difícil y de harta adaptación a una regulación que ya está en implementación, como es la Ley REP, y de harto ajuste, que muchas veces es un poquito incómodo. Creo que estamos en esa fase para la industria, un poquito incómoda, de ajuste, pero también con harta esperanza, con hartas ganas de invertir, con hartas ganas de dialogar.
Hay desafíos por todas partes, pero lo domiciliario es súper importante. Hay una gran diferencia entre recuperar materiales desde el patio trasero de una empresa, que es bastante más fácil, entre comillas, más limpio y ordenado, que recuperar lo de las casas, especialmente en envases y embalajes. Pero también hay otro mundo: todas las partes del auto, los neumáticos, las baterías, el lubricante usado, que también son parte de la Ley REP. Ahí también estamos en un minuto de ajuste y aprendizaje, que puede ser incómodo para algunos actores.
Buena definición: incomodidad frente a la ley, que se adopta por requerimiento de la OCDE y se inspira en varios modelos, especialmente en España. ¿La situación actual es similar a la que vivieron otros países?
Se inspiró en España y Bélgica, y estamos repitiendo algunos errores de Europa, pero también nos estamos adelantando a otros. Los expertos europeos nos advirtieron sobre la necesidad de generar demanda para los materiales reciclados, para evitar acumulaciones sin salida. Chile hizo un mix: se inspiró en Europa, pero se ajustó a su realidad, con varios sistemas de gestión. Algunos países tienen uno solo, otros varios. Nosotros estamos en un punto intermedio. ANIR impulsó una mesa, con apoyo de Corfo, donde participaron recicladores, productores y otros actores. Pudimos expresar qué funcionaba y qué no, dejando constancia en un documento para las autoridades actuales y futuras. El objetivo es reciclar más y recuperar más material.
¿En qué nivel de recuperación de residuos estamos?
Depende del material. Algunos rondan el 20% o 30%. Los neumáticos, por ejemplo, han tenido un gran avance, con plantas de pirólisis y reciclaje mecánico. El cartón y el papel tienen buenas tasas. El cartón para bebida sigue bajo, cerca del 3%. Otros llegan al 48%. El aceite lubricante usado y las baterías están cerca del 60%. La mayoría está entre el 18% y el 30%. No se puede dar una cifra general sin distorsionar. Ha habido estabilidad, con leves alzas. El mayor salto fue en neumáticos, con un aumento de 18%.
Esto tiene que ver con lo industrial versus lo domiciliario. Además, existe una brecha entre la capacidad instalada y lo efectivamente reciclado. Chile es largo: 4.000 kilómetros. Hay concentración de plantas en norte, centro y sur, lo que dificulta la logística. Lo ideal sería contar con más plantas a lo largo del país, pero también aprovechar la infraestructura existente, que ya estaba antes de la Ley REP. No es tanto un problema de infraestructura, sino de logística y de nuevas reglas. Ahora todo se hace vía licitaciones, y algunas no resultan atractivas, por lo que quedan desiertas.
Antonia Biggs plantea que se requieren ajustes «regulatorios y operativos». También incentivos para los ciudadanos, municipios e industria. Plantea que se requieren «volúmenes suficientes, buena calidad y procesos transparentes», pues la transparencia es clave para mantener motivada a la cadena. E insiste que el 2025 fue de aprendizaje e incomodidad. Ahora hay que avanzar.
ANIR agrupa más de 60 empresas, que dan 15.700 empleos directos y 45.000 indirectos y hay, dice la ejecutiva, espacio para crecer. Pone como ejemplo el caso de los neumáticos que saltó dos a casi 20 plantas.
¿Los desafios que vienen? En 2026 entra los textiles, «un tema complejo. ANIR solo tiene un socio en ese ámbito», dice Antonia Biggs, «Hay empresas emergentes que están formalizándose. A nivel internacional también hay desafíos, especialmente respecto a la ropa de segunda mano. Europa busca proteger ese mercado. Todavía no hay soluciones claras».
Sobre las nuevas autoridades, espera continuidad. Esta ley viene desde 2016 y ha pasado por varios gobiernos, sostiene, «es una política de Estado».
Para 2026, los focos son:
«La trazabilidad debe ir desde la casa hasta la planta. Se busca un estándar común. El reciclaje domiciliario sigue bajo, no supera los dos dígitos. La clave en otros países ha sido la comunicación. Hay que invertir en sensibilización, educación y simplificación del proceso. Es el primer eslabón de la cadena», sentencia.
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Por:
Catalina Allendes E.
