Según el segundo informe de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda el ritmo no es parejo. Sector público muestra mayor avance acumulado, con 54,2% de sus 24 compromisos completados. El Banco Central llega al 100%, impulsado por investigación sobre riesgos físicos y de transición.
El Ministerio de Hacienda publicó en julio de 2026 el segundo informe de seguimiento del Acuerdo Verde 2024, el mecanismo de compromisos voluntarios entre autoridades financieras y el sector privado chileno para incorporar riesgos y oportunidades climáticas en la toma de decisiones. ¿Resultado? Una consolidación progresiva de la agenda: de 100 compromisos evaluados, 28% están completamente implementados, casi el doble que en el primer informe, mientras que solo un 4% permanece sin iniciar.
El informe, que corresponde al período junio 2025–mayo 2026, fue elaborado por la Oficina de Finanzas Sostenibles del Ministerio de Hacienda a partir de una encuesta aplicada a las entidades firmantes del Acuerdo Verde, renovado en 2024 bajo el alero de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes (Mesa PPFV), creada en 2019.
Respecto del primer informe (junio 2024–mayo 2025), los compromisos completados subieron de 15% a 28%, los que están en etapa avanzada bajaron de 37% a 34%, los que recién comienzan cayeron de 38% a 34%, y los que no se han iniciado se redujeron de 10% a 4%. La mayoría de los compromisos está migrando hacia etapas más maduras de implementación, en lo que el documento describe como una «consolidación progresiva de la agenda de finanzas sostenibles en el sistema financiero chileno».
Pero el ritmo no es parejo entre los dos grupos que integran el Acuerdo. Las autoridades financieras, Ministerio de Hacienda, Banco Central, Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Superintendencia de Pensiones, agrupadas en el Grupo de Trabajo 1 (GT1), muestran el mayor nivel de avance acumulado, con 54,2% de sus 24 compromisos completados. El Banco Central de Chile llega al 100% de cumplimiento en sus seis compromisos por segundo año consecutivo, impulsado por su trabajo de investigación sobre riesgos físicos y de transición climática, uso de información georreferenciada y participación en iniciativas de naturaleza y capital natural.
El sector financiero privado, Grupo de Trabajo 2 (GT2), con 76 compromisos entre administradoras de fondos, aseguradoras, bancos, AFP y bolsas de comercio, parte de una base más baja (19,7% completado), pero registra el progreso más marcado del período: los compromisos completados subieron de 4 a 15, y los que no se habían iniciado bajaron de 8 a 3. Dentro de este grupo, Nuam, la bolsa resultante de la integración de Santiago, Lima y Colombia, y Banco Estado destacan con los mayores saltos: Nuam pasó de 60% a 98% de avance, y Banco Estado de 56% a 88%, ambos con incrementos de más de 30 puntos porcentuales en un año.
Entre las autoridades financieras, el hito más concreto del período fue el inicio de los reportes bajo la Norma de Carácter General N° 519 de la CMF, que incorpora los estándares IFRS S1 e IFRS S2 del International Sustainability Standards Board (ISSB) a la divulgación de sostenibilidad en Chile. Las primeras entidades reportaron en 2025 con información del ejercicio 2024, elevando el avance de la CMF de 75% a 81%.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, avanzó de 47% a 53% impulsado por la implementación de la Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles (T-MAS) y el desarrollo de la Estrategia Financiera para un Desarrollo Medioambientalmente Sostenible. La Superintendencia de Pensiones, en cambio, se mantuvo estancada en 70%, sin variación respecto del informe anterior en los dos compromisos que aún tiene pendientes: mecanismos de verificación de capacidades técnicas en las administradoras y mayor transparencia sobre cómo estas evalúan a las empresas en que invierten.
En el sector privado, no todas las variaciones fueron positivas. Administradoras de Fondos de Inversión (-2 puntos porcentuales), Fondos Mutuos (-6 pp) y Caja Los Andes (-10 pp) mostraron retrocesos en su nivel de avance reportado. El informe aclara, sin embargo, que varios de estos compromisos son de carácter anual y requieren renovarse en cada período, por lo que una caída puntual no implica necesariamente un retroceso en lo ya logrado, sino diferencias en el cumplimiento anual.
El documento identifica siete categorías de desafíos que las propias entidades reportan como obstáculos para una implementación plena. La principal, y la que concentra más menciones, es la disponibilidad, calidad y estandarización de la información ASG: numerosas instituciones señalan dificultades para acceder a datos consistentes sobre emisiones, riesgos climáticos y planes de transición de sus clientes, emisores y contrapartes, especialmente en segmentos con menores exigencias regulatorias.
A esa brecha se suman el desarrollo de metodologías y métricas comparables (para medir emisiones financiadas o huellas de carbono, por ejemplo), el fortalecimiento de capacidades técnicas especializadas, la integración transversal de la sostenibilidad en procesos y estructuras organizacionales, la adaptación de sistemas tecnológicos internos, la dependencia de la colaboración de actores externos (clientes, inversionistas, emisores) y el desarrollo de marcos emergentes como la T-MAS o metodologías de naturaleza y biodiversidad.
El Ministerio de Hacienda interpreta esta evolución de las brechas como un signo de madurez: los desafíos ya no giran en torno a si el cambio climático y los factores ASG son relevantes, eso parece asumido, sino en torno a cómo ejecutar, medir y estandarizar.
El informe dedica una sección completa al escenario internacional, y el mensaje es de una agenda regulatoria global que, lejos de endurecerse, está en fase de ajuste. La Unión Europea aprobó en febrero de 2026 el paquete Omnibus I, que redujo el número de empresas obligadas a reportar bajo la CSRD (de más de 250 empleados y 50 millones de euros de facturación a más de 1.000 empleados y 450 millones de euros) y bajo la CSDDD, sin modificar el contenido sustantivo de ambas normas. En paralelo, la Comisión Europea abrió una consulta pública para recortar más del 60% de los datos obligatorios de los estándares ESRS, respaldada por el Banco Central Europeo y ESMA, aunque con advertencias sobre pérdida de comparabilidad frente al ISSB.
En Estados Unidos, la tendencia fue de repliegue: la SEC dejó de defender en tribunales su regla de divulgación climática en marzo de 2025. El Reino Unido y China, en cambio, avanzan con estándares alineados al ISSB, aunque de aplicación voluntaria por ahora.
Primer informe de progreso del Acuerdo Verde: Qué tan sostenibles son las finanzas en Chile
Para el mercado de capitales, 2025 marcó un punto de inflexión: los fondos sostenibles globales registraron sus primeras salidas netas desde que existen registros, US$ 84 mil millones, frente a entradas de US$ 38 mil millones en 2024, aunque el informe atribuye este movimiento a una reasignación hacia mandatos ASG más sofisticados por parte de grandes inversionistas institucionales del Reino Unido, más que a un abandono de la agenda. Los bonos etiquetados (verdes, sociales, sostenibles y vinculados a sostenibilidad) acumulaban USD 6,81 billones a diciembre de 2025, con los mercados emergentes representando un 14% del total emitido globalmente, un dato que el informe destaca como relevante para el rol de Chile como emisor.
El ISSB anunció que desarrollará requisitos de divulgación de riesgos relacionados con la naturaleza, complementarios a IFRS S1 y S2 y basados en el marco TNFD, con consulta pública prevista para octubre de 2026. Es una señal de hacia dónde se mueve el estándar global, más allá del clima, hacia biodiversidad y capital natural, y coincide con lo que el propio informe chileno identifica como un frente de «avances iniciales» tanto en autoridades como en el sector privado.
Con siete años de existencia, la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes se consolida como el principal espacio de coordinación nacional en la materia. El próximo informe de progreso, correspondiente al período junio 2026–mayo 2027, dirá si esta aceleración, 28% completado, brechas cada vez más técnicas y menos conceptuales, logra sostenerse.
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