Un nuevo informe del Grantham Research Institute de la London School of Economics advierte que los impactos físicos del cambio climático ya están afectando la estabilidad macroeconómica, la productividad, la inflación y las finanzas públicas. El documento plantea que la adaptación climática debe ser tratada como una inversión económica estratégica, no solo como una respuesta ambiental.
La adaptación climática comienza a consolidarse como una decisión económica de primer orden. Así lo plantea el informe The macroeconomic case for investing in climate adaptation, publicado en abril de 2026 por el Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, de la London School of Economics and Political Science (LSE), que analiza los riesgos macroeconómicos y fiscales asociados a los impactos físicos del cambio climático.
La adaptación climática es una inversión destinada a reducir los riesgos físicos del cambio climático sobre la economía, la infraestructura, la salud y las finanzas públicas. Según un informe del Grantham Research Institute de LSE, estas inversiones pueden generar una relación beneficio-costo cercana a 4:1 y ayudar a proteger la estabilidad macroeconómica y fisca
El documento, elaborado por James Rising, Nick Godfrey, Paul Watkiss, Swenja Surminski, Daniela Baeza Breinbauer, María Paula Gutiérrez-Hurtado y Maria João Pimenta, combina los resultados de cerca de 300 estudios y más de 6.000 estimaciones sobre las consecuencias económicas del cambio climático y los beneficios de invertir en adaptación. También incluye casos de Bangladesh, Brasil, Kenia, Nigeria, Rwanda y Reino Unido.
Advierte que los impactos físicos del cambio climático ya están generando consecuencias para la salud, los ecosistemas, el bienestar social y la actividad económica. Aunque reconoce que todavía existen dificultades para cuantificar con precisión sus efectos macroeconómicos y fiscales, sostiene que estos ya son significativos, están creciendo y podrían intensificarse si no aumentan los esfuerzos de adaptación y resiliencia.
Uno de los principales hallazgos del informe es que, hacia 2050, el cambio climático podría reducir el PIB per cápita global entre 3% y 15%, con un impacto promedio estimado de 8%, bajo un escenario de altas emisiones y sin mayores avances en adaptación y resiliencia. En países de ingresos bajos y medios-bajos, el impacto sería mayor: la pérdida promedio podría ubicarse entre 8% y 18% del PIB per cápita.
El análisis también plantea que estos cálculos podrían subestimar el daño total, ya que no capturan completamente los impactos de eventos extremos como inundaciones, incendios forestales, sequías, riesgos en cascada o algunos puntos de inflexión climáticos y económicos. El informe señala además que las pérdidas de bienestar, que consideran daños de mercado y no mercado, podrían llegar a representar entre 8% y 19% del PIB equivalente global hacia 2050.
Los efectos no se limitan al crecimiento. El cambio climático también puede reducir la productividad laboral, afectar el crecimiento de la productividad total de factores, generar presiones inflacionarias persistentes, aumentar el desempleo y profundizar la desigualdad, especialmente en economías más expuestas a actividades dependientes del clima.
Los expertos ponen especial atención en el rol de los ministerios de Hacienda y otros tomadores de decisiones económicas. Su argumento central es que los impactos climáticos no solo afectan a sectores específicos, sino que pueden deteriorar la posición fiscal de los países, al aumentar el gasto público en respuesta a desastres, reducir ingresos fiscales y elevar los costos de endeudamiento.
De acuerdo con el estudio, las calificaciones crediticias soberanas están cada vez más expuestas a los impactos del cambio climático. Una baja en la nota crediticia puede aumentar los costos de financiamiento y generar un círculo complejo para economías vulnerables: mayores tasas de endeudamiento reducen la capacidad de financiar medidas de adaptación, lo que a su vez incrementa la exposición ante futuros impactos climáticos.
El reporte sostiene que las medidas de adaptación todavía no son suficientemente reconocidas ni valoradas en las evaluaciones de riesgo crediticio soberano, pese a que existe evidencia de que los impactos físicos del cambio climático ya están afectando las posiciones fiscales de algunos gobiernos.
El mensaje más relevante del informe es que la adaptación climática puede generar retornos económicos significativos. Según el análisis, las inversiones en adaptación presentan una relación beneficio-costo mediana cercana a 4:1, lo que significa que por cada dólar invertido podrían generarse alrededor de cuatro dólares en beneficios económicos. En países de ingresos bajos y medios-bajos, la relación estimada llega a 5:1.
Además, el documento estima tasas internas de retorno económico cercanas al 25% y señala que muchas acciones de adaptación pueden entregar beneficios rápidos: en promedio, los beneficios acumulados pueden superar los costos después de aproximadamente tres años para proyectos de adaptación temprana o de bajo arrepentimiento.
El informe también destaca el concepto de «triple dividendo» de la adaptación. Esto implica que las inversiones no solo evitan pérdidas asociadas a eventos climáticos, sino que también pueden estimular la actividad económica y generar beneficios sociales y ambientales, como mejoras en salud pública, protección de ecosistemas, continuidad de servicios e infraestructura más resiliente.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) publicó en diciembre de 2025 Adaptation Finance Strategy Guideline, un documento técnico que busca apoyar a los países en la formulación de Estrategias de Financiamiento para la Adaptación (AFS, por sus siglas en inglés), en el marco de la implementación de los Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs).
La investigación plantea que el liderazgo del sector público será clave para gestionar los riesgos económicos y financieros del cambio climático. Esto se debe a que muchas medidas de adaptación tienen características de bien público, generan externalidades positivas o requieren coordinación entre distintos actores, lo que puede llevar a una subinversión si se deja exclusivamente en manos del mercado.
En ese sentido, el informe llama a integrar los datos climáticos en modelos macrofiscales y sectoriales, diseñar planes estratégicos para movilizar financiamiento privado, establecer regulaciones que generen incentivos adecuados y coordinar inversiones públicas y privadas en infraestructura, sistemas de alerta temprana, soluciones basadas en la naturaleza y gestión de riesgos.
El documento también advierte que cada país requiere estrategias específicas, ajustadas a sus condiciones climáticas, sociales y económicas. No existe una receta única: la adaptación debe considerar vulnerabilidades locales, capacidades institucionales, estructura productiva y prioridades de desarrollo.
El reporte es claro en señalar que la adaptación no reemplaza la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque las inversiones en resiliencia pueden disminuir daños y proteger economías, existen límites a lo que puede adaptarse de forma costo-efectiva. Por eso, el informe plantea que mitigación, adaptación y desarrollo deben avanzar de manera simultánea.
También identifica oportunidades para combinar adaptación y desarrollo bajo en carbono. Entre los ejemplos mencionados está el uso de soluciones basadas en la naturaleza, la reducción de la deforestación, la mejora en la gestión del agua, la infraestructura resiliente y las políticas que permiten proteger activos naturales que sostienen actividades económicas.
Aunque el documento no está centrado en Chile, sus conclusiones son especialmente relevantes para economías expuestas a riesgos físicos como sequías, incendios forestales, aluviones, marejadas, estrés hídrico y pérdidas de productividad asociadas al calor. En un contexto donde las empresas y reguladores avanzan hacia mayores exigencias de gestión climática, la adaptación deja de ser solo una agenda ambiental y pasa a formar parte de la planificación financiera, fiscal y estratégica.
Para Chile, el enfoque del informe puede leerse como una señal para fortalecer la integración de riesgos físicos en la planificación pública, las inversiones de infraestructura, la gestión empresarial, el financiamiento sostenible y los reportes climáticos. En la práctica, esto implica pasar desde una lógica reactiva frente a emergencias hacia una estrategia preventiva, capaz de reducir pérdidas económicas y proteger la continuidad de sectores clave.
Los autores concluyen que la evidencia apunta a la necesidad de actuar de manera proactiva, en lugar de adoptar una estrategia de esperar y ver. La adaptación, sostiene, no solo permite evitar pérdidas: también puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la estabilidad fiscal, proteger medios de vida y construir economías más resilientes frente a un clima cada vez más incierto.
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