Un proyecto impulsado por el senador Ted Cruz para limitar el voto en materias ESG y DEI reabre el debate sobre el rol de los inversionistas en la gobernanza corporativa. La investigadora canadiense Julie Bernard advierte que el impacto podría extenderse por décadas.
La actual ofensiva política contra los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en Estados Unidos podría perder fuerza en el corto plazo. Sin embargo, sus efectos sobre los derechos de los accionistas y la democracia corporativa podrían permanecer durante décadas.
En Corporate Knights, la investigadora del Instituto de Finanzas Sostenibles de la Escuela de Negocios Smith de la Queen’s University y profesora adjunta en la Escuela de Medio Ambiente, Empresa y Desarrollo de la University of Waterloo, en Canadá, aborda una serie de iniciativas impulsadas por sectores republicanos que buscan restringir la capacidad de los gestores de activos para votar en materias relacionadas con sostenibilidad, diversidad e impacto social, incluso cuando estos factores tienen implicancias financieras directas.
Uno de los principales focos de preocupación es un proyecto de ley presentado en diciembre por el senador Ted Cruz, que busca bloquear la votación sobre asuntos ESG y DEI en el Plan de Ahorro para el Retiro (Thrift Savings Plan), el fondo federal de pensiones para empleados públicos estadounidenses. De prosperar, la iniciativa impediría que gestoras como BlackRock y State Street ejerzan su derecho a voto en materias vinculadas a sostenibilidad y diversidad, pese a administrar recursos por más de un billón de dólares.
Según Bernard, esta legislación se enmarca en una estrategia más amplia para limitar la participación de los inversionistas institucionales en coaliciones climáticas y ESG, además de debilitar su capacidad de incidir en decisiones corporativas relevantes.
Uno de los ejes centrales del análisis es el vínculo entre sostenibilidad y riesgo financiero. Bernard sostiene que los impactos del cambio climático ya afectan de forma directa a las empresas. Incendios forestales, inundaciones, olas de calor y eventos extremos generan pérdidas materiales, interrupciones en las cadenas de suministro, alzas en los seguros y depreciación de activos. Todo ello se traduce en riesgos que los inversionistas deben evaluar.
Desde esta perspectiva, limitar el voto en materias ESG implica, en la práctica, restringir la posibilidad de exigir responsabilidades a los directorios por una gestión deficiente de estos riesgos.
La normativa propuesta impediría, por ejemplo, votar contra directores que no integren adecuadamente estos factores, o rechazar paquetes de compensaciones que incentiven una visión de corto plazo en detrimento de la resiliencia futura.
Uno de los argumentos centrales de los promotores del proyecto es que estas restricciones protegerían el deber fiduciario de los gestores, evitando que prioricen «agendas políticas» por sobre la rentabilidad. La experta califica este enfoque como un «doble discurso». A su juicio, resulta contradictorio sostener que se protege a los accionistas mientras se eliminan herramientas clave para supervisar a la administración.
La autora destaca que existe abundante evidencia académica que demuestra la relevancia financiera de los factores ESG y el valor de la propiedad activa para resguardar el rendimiento de largo plazo.
Permitir que el Estado determine qué materias pueden ser objeto de votación abre la puerta a un sistema de derechos de propiedad «en dos niveles», dice Bernard, donde algunos temas son legítimos y otros quedan fuera de la supervisión fiduciaria, aun cuando sean financieramente relevantes.
Desde su perspectiva, se trata de una intervención estatal en el gobierno corporativo que contradice los principios del libre mercado que suelen invocar sus impulsores.
La propuesta de Cruz no es un hecho aislado. Bernard identifica un patrón de transformaciones en el ecosistema de gobernanza corporativa en Estados Unidos. Uno de ellos es el repliegue de la Securities and Exchange Commission (SEC) en la emisión de cartas de no acción, lo que ha reducido las vías formales para canalizar propuestas de accionistas. A esto se suma una orden ejecutiva del entonces presidente Donald Trump, que instruyó a la SEC, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Trabajo a revisar las normas aplicables a los asesores de voto.
La medida apunta directamente a Institutional Shareholder Services e Glass Lewis, firmas que concentran más del 90% del mercado de asesoría en votaciones, acusándolas de priorizar agendas políticas.
El riesgo de fondo, sostiene Bernard, es que el derecho a voto se transforme en un mecanismo vacío, limitado a asuntos políticamente aceptables. Si los accionistas enfrentan costos legales, regulatorios o reputacionales por ejercer sus derechos, los incentivos para involucrarse en la gobernanza se debilitan.
Asimismo, si la SEC reduce su rol como garante de procesos transparentes, se erosiona uno de los pilares del sistema de mercado. «Lo que está en juego no es solo el futuro del ESG, sino la integridad del gobierno corporativo», plantea la investigadora.
La autora concluye que revertir esta tendencia dependerá, en gran medida, de la capacidad de los inversionistas para reconocer el alcance de estos cambios antes de que se consoliden. En su opinión, quienes dicen defender el libre mercado están debilitando los mecanismos que permiten su funcionamiento, afectando derechos fundamentales asociados a la propiedad accionaria.
Para Bernard, la discusión trasciende el debate ideológico: se trata de preservar la capacidad de los mercados para gestionar riesgos, asignar capital eficientemente y exigir responsabilidades a la administración.
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