La transición de los bonos verdes de promesas voluntarias a obligaciones legales está marcando un punto de inflexión en la gobernanza financiera. En este artículo el abogado estadounidense experto en clima, Philip Corsano, desmenuza los nuevos deberes para los directorios.
El mercado global de bonos verdes superó en 2024 los US$ 670 mil millones (emitidos en un solo año). Y aunque tres cuartas partes de los emisores ya publican reportes sobre cómo se usaron los fondos, un punto sigue sin resolverse: la verificación independiente de los impactos ambientales.
Según un artículo de Philip Corsano, abogado, asesor en resolución de conflictos con más de 30 años de experiencia en clima, derechos humanos y gobernanza corporativa, esa brecha ya no es un tema reputacional, sino una responsabilidad legal directa para los directorios.
En sus primeras etapas, los bonos verdes ofrecían beneficios reputacionales y un pequeño diferencial de financiamiento conocido como greenium. Hoy, las reglas han cambiado, señala Corsano: Regulaciones como el Estándar Europeo de Bonos Verdes, la SFDR en la Unión Europea y la legislación climática en California obligan a que las emisiones cuenten con verificación externa. Incluso la SEC en Estados Unidos, pese a haber suspendido su norma federal de divulgación climática en 2025, continúa sancionando casos de fraude ESG como el de Vale SA.
Al mismo tiempo, inversionistas globales como BlackRock piden resultados ambientales verificables, no solo compromisos escritos. Y los tribunales en Australia, Países Bajos y el Reino Unido han sentado precedentes: los directores pueden ser responsables por aprobar estrategias o reportes climáticos que no reflejen la realidad.
Corsano cita dos ejemplos que ilustran la diferencia entre fallar y acertar:
La lección es directa: sin verificación, la confianza en los bonos verdes puede erosionarse rápidamente, afectando no solo la reputación de una empresa o un país, sino la estabilidad de un mercado que ya supera el billón de dólares en emisiones sostenibles.
Para los directorios, el artículo plantea un cambio de paradigma: además de vigilar la rentabilidad y el cumplimiento financiero, deben asegurar que los compromisos ambientales asociados a bonos verdes cuenten con impactos medibles, verificables y auditados externamente.
Esto significa integrar la sostenibilidad en la estrategia corporativa, monitorear con tecnología en tiempo real y preparar planes de contingencia si los proyectos no entregan los resultados prometidos. No se trata de un «extra competitivo», sino de un estándar mínimo para proteger la confianza del mercado y evitar demandas por incumplimiento fiduciario.
La conclusión de Corsano es tajante: la época en que la verificación era opcional se está acabando. La fragmentación regulatoria, con la UE avanzando en estándares obligatorios y Estados Unidos dividido entre leyes estatales y ausencia federal, solo aumenta el riesgo de las juntas directivas que no actúen a tiempo.
En un escenario donde los inversionistas exigen pruebas y los reguladores intensifican la fiscalización, los directorios deben pasar de promesas a hechos verificables. No hacerlo puede significar perder el acceso a los beneficios del financiamiento verde y enfrentar responsabilidades legales directas, sentencia el experto.
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