El pasado 13 de junio, California demandó a la administración Trump tras revocar las exenciones que permitían al estado establecer normas más estrictas sobre emisiones de vehículos bajo la Ley de Aire Limpio. El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, junto con otros diez estados, presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de EE. UU., argumentando que la revocación es ilegal.

Según pública el sitio Esgnews, la autoridad de California para establecer sus propios estándares de emisiones vehiculares se remonta a la década de 1970. La Ley de Aire Limpio ha permitido a California solicitar exenciones a la EPA para aplicar estándares de emisiones más estrictos debido a sus graves problemas de contaminación. Las controvertidas exenciones, otorgadas durante la administración Biden, respaldaron los planes de California de eliminar gradualmente la venta de automóviles nuevos a gasolina para 2035, reducir las emisiones de los camiones diésel e implementar estándares más estrictos de óxido de nitrógeno (NOx) para camiones pesados. Estas regulaciones buscaban ahorrar a los californianos aproximadamente $45 mil millones en costos de atención médica y brindar $91 mil millones en beneficios económicos hasta 2040 mediante la promoción de vehículos de cero emisiones.

La disputa actual

La administración Trump utilizó la Ley de Revisión del Congreso (CRA) para cancelar tres exenciones, una novedad en la historia de la Ley de Aire Limpio. California alega que esto es ilegal, ya que las exenciones no son normas federales sujetas a la CRA. La administración argumenta que solo el gobierno federal puede establecer estándares de emisiones, alegando que las normas de California se extralimitan al abordar problemas climáticos globales, no solo la calidad del aire local.

El estado dice que sus exenciones son legales, respaldadas por décadas de precedentes y vitales para la salud pública y la energía limpia.

Por su parte, la administración Trump quiere estándares nacionales uniformes para aliviar las regulaciones de los fabricantes de automóviles, argumentando que las reglas de California aumentan los costos y exceden la autoridad estatal.

La demanda podría decidir si los estados pueden establecer sus propias normas ambientales. Una victoria de California impulsaría la innovación estatal; una victoria federal podría limitar la autonomía estatal.

El caso, que probablemente llegará a la Corte Suprema, definirá la forma en que el gobierno estatal y el federal comparten el poder sobre la política ambiental. Fuentes indican que California mantiene su compromiso con su misión de aire limpio y, según se informa, está planeando nuevas medidas para continuar sus esfuerzos.