El informe Global Financial and Economic Crime Outlook 2025 sitúa a Chile en el puesto 33 entre 177 países evaluados, con un puntaje de 1,69 en el nuevo Secretariat Economic Crime Index (SECI). Aunque supera a la mayoría de sus vecinos latinoamericanos, aún enfrenta desafíos en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.
El crimen financiero global sigue siendo una amenaza transversal, cada vez más sofisticada gracias a tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, los activos virtuales y el fraude mediante deepfakes. Frente a este escenario, la firma internacional Secretariat elaboró por primera vez el Global Financial and Economic Crime Outlook 2025, que incluye la creación del Secretariat Economic Crime Index (SECI), un nuevo índice que mide el riesgo de crimen económico y financiero en 177 países.
Chile se ubicó en la posición 33 con un puntaje de 1,69 en el SECI, dentro del grupo de países calificados como “Vigilant Players”. Esta categoría agrupa a las naciones que han desarrollado marcos normativos razonablemente sólidos, pero que aún presentan brechas en materia de fiscalización y prevención del delito económico.
“El SECI ofrece una visión unificada del riesgo país en función del crimen económico, integrando variables de corrupción, crimen organizado y lavado de activos”, destaca el informe, que utiliza datos de fuentes reconocidas como el Basel AML Index, el Organized Crime Index y el Corruption Perception Index de Transparencia Internacional.
La clasificación global del SECI divide a los países en cuatro categorías:
Transparent Titans: 19 países con puntajes entre 0 y 1,53, que demuestran alta transparencia y marcos robustos contra el crimen financiero.
Vigilant Players: 64 países con puntajes entre 1,54 y 2,18, que implementan y evolucionan medidas para abordar los delitos financieros y mejorar los marcos regulatorios.
Reactive Reformers: 78 países con puntajes entre 2,19 y 2,83, que presentan marcos anticrimen débiles y brechas regulatorias significativas.
Regulatory Laggards: 16 países con puntajes entre 2,84 y 4,00, caracterizados por flujos financieros ilícitos dominantes y corrupción arraigada.
En el contexto regional, Chile lidera entre sus pares latinoamericanos, superando a países como Argentina (puesto 74, con puntaje 2,11), Perú (94; 2,31), y Colombia (100; 2,35), que se clasifican como “Reactive Reformers”. El único país latinoamericano que lo supera a Chile es Uruguay, ubicado en el noveno lugar global con un puntaje de 1,38, dentro del grupo de “Transparent Titans”.
Los líderes destacan por sus bajos niveles de corrupción, marcos regulatorios sólidos, y sistemas eficaces de prevención de delitos financieros. Entre ellos:
Finlandia (1°)
Dinamarca (2°)
Islandia (3°)
Luxemburgo (4°)
Estonia (5°)
Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Australia, Canadá y Suiza también figuran en este grupo. En América Latina, solo Uruguay logra entrar a este grupo selecto, gracias a su fuerte gobernanza, bajos niveles de corrupción y altos estándares en políticas antilavado.
Los países de esta categoría exhiben sistemas proactivos de regulación, mecanismos de control eficientes y políticas de cooperación internacional avanzadas. Aunque enfrentan desafíos, como la exposición a delitos financieros complejos en plazas financieras desarrolladas, mantienen altos niveles de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
El informe destaca que pueden servir como modelo para naciones en otras categorías. “Deben asumir un rol de liderazgo global, promoviendo buenas prácticas, compartiendo tecnología y colaborando activamente en iniciativas transfronterizas contra el crimen financiero”, sentencia.
El informe advierte sobre la creciente sofisticación del crimen financiero y la necesidad de que todos los países, incluso los mejor evaluados, refuercen su capacidad de respuesta. Entre las amenazas emergentes se encuentran el fraude mediante deepfakes, el uso de criptomonedas para el lavado de activos, el financiamiento de la proliferación de armas y la evasión de sanciones internacionales.
Una de las novedades que subraya el documento es la convergencia entre los marcos regulatorios de delitos financieros y criterios ESG. Alerta sobre los riesgos de greenwashing y la creciente presión sobre las empresas para identificar vulnerabilidades en sus cadenas de suministro, especialmente aquellas relacionadas con violaciones a los derechos humanos o el medioambiente.
“La integración de factores ESG en las estrategias de cumplimiento no solo responde a exigencias regulatorias, sino que se convierte en un blindaje frente al crimen financiero”, afirma el documento.
Además del ranking, identifica cinco acciones clave para mitigar el riesgo financiero: inversión en RegTech, ciberseguridad avanzada, monitoreo inteligente para prevenir la evasión de sanciones, controles internos sólidos y colaboración internacional efectiva.
Aquí puedes leer el informe completo.
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