El estudio «Caracterización y ecosistea de las sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC) en América Latina», elaborado por Felipe Correa y Raúl Villalobos para la CEPAL, reveló que en América Latina ya existen 5 mil sociedades BIC.
A diferencia de la certificación Empresa B, que depende de un proceso privado, las sociedades BIC son una condición jurídica creada por ley, que obliga a las empresas a modificar sus estatutos, incluir formalmente un propósito social y ambiental, y reportar cada año el impacto generado. Su objetivo: democratizar el acceso al triple impacto y multiplicar el número de empresas que pueden operar con propósito, sin las barreras económicas de una certificación privada.
Hoy, cinco países de la región, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Panamá, cuentan con legislación vigente. Chile aparece en el grupo de naciones con proyecto ingresados pero sin ley, junto con Argentina y Brasil.
El informe indica que al cierre de 2024 existían 2.840 sociedades BIC en Colombia (5,39 por cada 100 mil habitantes); 2.210 en Ecuador (12,3 por cada 100 mil habitantes); 42 en Perú y 30 en Uruguay. Chile, en contraste, registra cero, porque la legislación aún no existe.
Esta diferencia no solo es cuantitativa: también refleja disparidades en acceso al modelo. Mientras Colombia y Ecuador permiten que microempresas entren fácilmente, incluso con costos de inscripción inferiores al 20% del ingreso per cápita mensual, Uruguay muestra barreras más altas. Chile, sin legislación vigente, ni siquiera alcanza esa etapa.
Chile eso sí lidera el listado de países con Empresas B. Según los datos más recientes disponibles (2024), cuenta con 269 compañías certificadas.
Sumarse al modelo BIC
El documento de CEPAL detalla que la figura BIC no crea un nuevo tipo societario, sino una condición adicional que redefine el propósito empresarial incorporando objetivos sociales y ambientales junto al económico. La adopción conlleva reformar estatutos, registrar la nueva calidad ante el organismo correspondiente y presentar informes de impacto anuales, que son públicos.
En los países donde la legislación ya opera, esta figura ha permitido democratizar el acceso al concepto de «empresa de impacto», especialmente para micro y pequeños emprendimientos que no pueden financiar certificaciones privadas como Empresa B.
Desafío pendiente
El estudio subraya que incluso en los países con ley, el modelo enfrenta desafíos:
- En promedio, solo el 24,5% de las BIC de la región presenta informes de impacto.
- Ecuador enfrenta casos de reportes falsos o reciclados.
- Uruguay tiene tasas muy bajas de cumplimiento.
- Colombia es el país más fuerte: 36,8% de informes entregados y un ente fiscalizador activo.
