La discusión sobre la minería en Chile ha oscilado pendular y casi esquizofrénicamente entre la idea del post extractivismo y sobre su papel crucial en la transición hacia la descarbonización. En paralelo, se ha instado otro debate, importado, por cierto, pero con las mismas características del primero, que se bambolea entre exigir a la industria altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza, pero con ello, amenazar su rentabilidad económica.

En medio de todo este ruido, han pasado desapercibidos casos de modelos de gobernanzas territoriales público privadas, capaces de articular e integrar valor ambiental y social con el desarrollo exitoso del negocio, con una visión común de largo plazo. En la región de Coquimbo, el caso de Minera Los Pelambres aparece como un ejemplo concreto de cómo la empresa puede asumir un rol activo en el diseño e implementación de políticas y alianzas territoriales, contribuyendo a resolver pasivos históricos, prevenir riesgos sociales y habilitar inversiones estratégicas a largo plazo.

Desde 2014, Los Pelambres desplegó dos estrategias que marcaron un punto de inflexión en su relación con la provincia de Choapa: la plataforma Somos Choapa y el Acuerdo Marco de Caimanes. Ambas nacieron en contextos distintos, pero comparten un enfoque basado en diálogo, corresponsabilidad y rendición de cuentas. Cumplieron un rol central en la viabilidad social de los proyectos INCO, PAO y EVU, hoy articulados bajo el concepto Pelambres Futuro.

Somos Choapa no es un programa de responsabilidad social, sino una estrategia de co-gobernanza territorial. A través de convenios con los municipios de Salamanca, Illapel, Canela y Los Vilos, ha impulsado más de 200 proyectos en educación, infraestructura, agua, salud y cultura. Su diseño participativo y su impacto territorial la convierten en un caso emblemático de política pública empresarial.

Entre sus iniciativas destacan dos programas hídricos. APRoxima, en alianza con los municipios y el MOP, ha reducido los cortes de agua rural de 12 a 1 hora diaria, beneficiando al 100% de la población rural. Por su parte, Confluye, con apoyo de organismos como la CNR, CORFO e INDAP, ha ejecutado más de 300 proyectos, revestido 200 km de canales, recuperado 4 tranques y beneficiado a 8.000 regantes mediante tecnologías de automatización.

Desde una perspectiva ESG, estas experiencias aportan evidencia concreta de que la legitimidad social se construye de forma institucional, estratégica y sistemática. No basta con filantropía, cumplimiento ambiental o gestión reputacional. Se requieren estructuras formales de diálogo, reglas de corresponsabilidad y acuerdos vinculantes, con trazabilidad y mecanismos de rendición de cuentas.

En paralelo, el Acuerdo Marco de Caimanes, firmado en 2016 tras más de una década de litigios y un año de diálogo, estableció un compromiso entre Los Pelambres y más del 80% de la comunidad del Valle de Pupío. Incluyó obras de acceso al agua para consumo y riego, compensaciones directas, un fondo comunitario, garantías de seguridad, límites a la expansión del tranque El Mauro y una gobernanza compartida.

Este acuerdo no solo cumplió con los fallos judiciales, sino que desactivó uno de los conflictos socioambientales más relevantes del país y sentó las bases para reconstruir la legitimidad social de la empresa, creando además un marco local para futuros desarrollos.

Según la Matriz de Bienestar Humano Territorial de la UAI (2023), el indicador de cohesión social en Caimanes aumentó más de un 300%, gracias a obras comunitarias financiadas por el Fondo del Acuerdo Marco, priorizadas por los propios habitantes del Valle de Pupío. Estas iniciativas fortalecieron la integración social y el tejido organizacional local.

Este proceso también tuvo impactos directos para Los Pelambres. Los proyectos INCO y PAO, que incorporan compromisos como el uso de agua desalinizada, fueron aprobados por unanimidad por la Comisión de Evaluación Ambiental en 2018 y 2023, sin enfrentar oposiciones relevantes. PAO incluso reubica infraestructura para reducir impactos.

El proyecto EVU, ingresado en 2024 al SEIA para extender la faena hasta 2050, activa nuevas cláusulas del Acuerdo Marco: impone restricciones técnicas, participación ciudadana vinculante y, en caso de aprobación, habilita un segundo fondo comunitario para nuevas obras en el Valle.

Los tres proyectos buscan mejorar la eficiencia operativa, asegurar el suministro de recursos esenciales y extender la vida útil de la mina, y suman en conjunto una inversión aproximada de US$6.700 millones.

Desde una perspectiva ESG, estas experiencias aportan evidencia concreta de que la legitimidad social se construye de forma institucional, estratégica y sistemática. No basta con filantropía, cumplimiento ambiental o gestión reputacional. Se requieren estructuras formales de diálogo, reglas de corresponsabilidad y acuerdos vinculantes, con trazabilidad y mecanismos de rendición de cuentas.

En un contexto donde los inversionistas y accionistas evalúan la capacidad de las empresas de gestionar riesgos sociales y regulatorios con enfoque preventivo, casos como este deben ser leídos no como excepciones, sino como referencias replicables. 

Habilitar proyectos no es sólo cumplir con el SEIA: es ceder poder, implementar procesos de diálogo con resultados para co-construir, y asumir que el desarrollo territorial es la mejor garantía de sostenibilidad empresarial. 

O, dicho de otra forma, hoy en día, es improbable que las compañías se desarrollen en territorios que fracasan.

*Andrés Morán, periodista y consultor, ha tenido una exitosa trayectoria en áreas de sostenibilidad, asuntos corporativos y relacionamiento con stakeholders en las industrias minera, forestal, de energía y gobierno. Es experto en negociaciones y diseño de estrategias de legitimación social y habilitación institucional en contextos de alta complejidad.