El estudio sentencia que las nuevas normas en Europa, Norteamérica y otros lugares exigen presentación de informes y una divulgación ESG más sólida para los directorios. En Chile estamos en pleno proceso de reportabilidad de la norma 461, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que considera estos aspectos, además de la recién publicada Ley de Delitos Económicos y lo que se viene con el proyecto de ley de Greenwashing.
La nueva ley climática de la SEC en Estados Unidos, por ejemplo, exige supervisión y participación del directorio en estos temas. La investigación señala que hay «un número creciente de demandas contra empresas, más de 1.500 solo en ese país, que han contribuido al cambio climático, han realizado «lavado verde2, maltratado a sus empleados, cometido abusos contra los derechos humanos en sus cadenas de suministro, entre otros».
«En 2018, nuestra revisión de las credenciales medioambientales, sociales o de gobierno de los 1188 miembros de Fortune 100 identificó que el 29% de los directores tenía una o más credenciales ESG relevantes. En 2023, subió al 43% entre los 1161 miembros que hoy tiene el ranking», señala la investigación.
Detalla que el crecimiento se produjo en las credenciales medioambientales, que casi se duplicaron, y en las de gobierno, que casi se triplicaron. Las sociales, que fue la categoría mejor representada en 2018, se mantuvo casi estable en 2023 (con 253 miembros), ya era el área con más experiencia en los directorios.