La COP30 en Belém marca un giro significativo en la forma en que los países abordan la transición energética. Por primera vez, un borrador oficial de negociación reconoce expresamente que la expansión de cadenas de suministro asociadas a baterías, paneles solares y turbinas eólicas conlleva riesgos sociales y ambientales, especialmente por la extracción de minerales críticos como litio, cobre, cobalto, níquel o grafito.

La inclusión aparece en el documento del Programa de Trabajo para una Transición Justa, que cita «los riesgos asociados con la extracción y el procesamiento de minerales críticos», y recuerda las recomendaciones de un panel de expertos de la ONU que insta a situar los derechos humanos en el centro de toda la cadena de valor, desde la extracción hasta el reciclaje.

«Por primera vez, los minerales ocupan un lugar central en las negociaciones de la COP», dijo Melissa Marengo, del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales (NRGI). Para organizaciones y comunidades presentes, se trata de un «primer paso» largamente esperado.

Varios países en desarrollo solicitaron que el texto reflejara tanto los impactos como las oportunidades de la explotación minera. Áfricam que concentra más del 30% de las reservas de minerales críticos del mundo, fue una de las regiones más vocales, insistiendo en que sus recursos deben traducirse en beneficios tangibles para sus poblaciones.

Las tensiones se hacen evidentes: la demanda de metales está aumentando rápidamente, pero la minería también genera deforestación, conflictos socioambientales y disputas territoriales. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, subrayó que es «imposible hablar de transición energética sin mencionar los minerales críticos», recordando que su país alberga la segunda mayor reserva global de tierras raras.

A principios de la semana, Reino Unido, con apoyo de Australia y la Unión Europea, propuso reforzar el texto para incluir principios de trazabilidad, transparencia y sostenibilidad en cadenas de suministro.

El borrador incorpora un punto que activistas califican de histórico: reconoce los derechos de los pueblos indígenas, incluido el consentimiento libre, previo e informado; y menciona por primera vez los derechos y protecciones específicas de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial.

Se estima que más de la mitad de las reservas minerales para la transición energética se encuentran en o cerca de tierras indígenas. Para Bryan Bixcul, de la coalición SIRGE, cualquier intento de debilitar este apartado «supondría un grave retroceso».

SIRGE también planteó que el texto avance hacia la creación de zonas mineras de exclusión para proteger territorios de grupos no contactados.

Un borrador entre corchetes y un debate aún abierto

Todo el documento está entre paréntesis, una señal de que ningún punto ha sido acordado. Las próximas jornadas de negociación serán decisivas para definir si estos principios avanzan.

Hay otros nudos críticos. La referencia a los combustibles fósiles sigue siendo disputada: en el texto aparecen solo como «opciones», y Arabia Saudí, India, China y varios países africanos se opusieron a cualquier mención más explícita.

El G77 y China, grupo de 134 países en desarrollo, solicitaron un mecanismo que funcione como ventanilla única para asistencia técnica en transiciones justas. Sin embargo, países desarrollados han expresado reticencias, afirmando que una nueva institución podría duplicar esfuerzos ya existentes.

El borrador incorpora temas emergentes: patrones sostenibles de consumo y producción, economía circular, valor agregado local y participación efectiva de comunidades afectadas.

ara muchos observadores, la COP30 podría llenar finalmente una «laguna evidente» en la agenda de energías limpias al reconocer que la transición energética no depende solo de desplazar combustibles fósiles, sino también de cómo se extraen y gobiernan los minerales que la sostienen.