En conversación con ESGHOY, Vitória Lorente, investigadora del Instituto Igarapé, un think tank brasileño independiente dedicado a enfrentar los riesgos sistémicos que comprometen la seguridad de las sociedades y de la naturaleza, analiza cómo operan los esquemas de lavado de activos ambientales, los riesgos para las empresas y la urgencia de una acción regional.
En octubre de 2025, la Operação Contenção, un megaoperativo para la incautación de armas y recuperación del control territorial en Río de Janeiro, movilizó a cerca de 2.500 agentes y resultó en un enfrentamiento armado con más de cien personas fallecidas.
Según una encuesta de AtlasIntel, un 62 % de los residentes de la ciudad y hasta un 88 % de los habitantes de favelas apoyaron la operación, mientras que organizaciones de derechos humanos y otros sectores de la sociedad cuestionaron su impacto y la falta de estrategia estructural de largo plazo para enfrentar la criminalidad.
Más allá del debate político, este escenario puso en evidencia una discusión más amplia: cómo desarticular de manera efectiva el crimen organizado y qué rol pueden desempeñar actores no estatales, en particular las empresas.
En este contexto, ESGHOY conversó con Vitória Lorente, politóloga e investigadora del Instituto Igarapé de São Paulo, especializada en lavado de dinero vinculado a delitos ambientales: «El combate más eficaz de las ilegalidades requiere el establecimiento de una acción regional más coordinada».
Con más de diez años de experiencia en la agenda de integridad financiera, anticorrupción y prevención del lavado de activos, en esta entrevista habla del rol que tienen las empresas para prevenirlo y combatirlo, cómo se articulan los diferentes grupos de interés en el combate, incluyendo el Estado, y cómo afecta en el cumplimiento de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, así como en el lavado de activos ambientales.
¿Cómo el avance del crimen organizado afecta la capacidad de los Estados latinoamericanos para implementar y fiscalizar estándares ESG, especialmente en las áreas ambiental y de derechos humanos?
Una de las estrategias que utiliza el crimen organizado es la corrupción de las estructuras del Estado, entre ellas aquellas responsables de la fiscalización. Cuando las estructuras corrompidas son las encargadas de garantizar los estándares de legalidad y sostenibilidad de las empresas privadas, esto puede afectar directamente los estándares ESG. Hemos observado el avance del crimen organizado hacia economías que impactan la naturaleza, como la minería, la extracción de madera y la agroindustria, así como una convergencia de distintos delitos para que esto ocurra. Enfrentar este problema exige múltiples frentes, como fortalecer las estructuras de fiscalización de los Estados, pero no únicamente eso. El sector privado es una pieza clave para la conformación de una coalición contra el ecosistema criminal que amenaza los bosques y los derechos humanos.
¿De qué manera empresas, grandes o pequeñas, terminan involucrándose directa o indirectamente, en esquemas de lavado de dinero vinculados a delitos ambientales, como la minería ilegal, la deforestación o el tráfico de madera?
A diferencia de los delitos convencionales, los ambientales se caracterizan por la ilegalidad dentro de sectores productivos que no son ilegales por naturaleza. Una de las formas de minería ilegal es aquella que se realiza en zonas prohibidas o que utiliza insumos no permitidos o sin licencia, como el mercurio. Las empresas necesitan ampliar su comprensión sobre los riesgos de los mercados y territorios en los que operan e implementar la trazabilidad de su cadena productiva para no verse involucradas en esquemas criminales.
Cuando las empresas se relacionan directa o indirectamente con proveedores o socios que, bajo una apariencia forjada de legalidad, explotan recursos de manera ilegal, quedan seriamente expuestas a procesos de integración de productos ilícitos. A esto lo denominamos lavado de activos ambientales. Es cada vez más importante comprender este fenómeno, sus prácticas y señales de alerta, es decir, cómo identificar cuándo un activo ambiental aparentemente legal tiene un origen ilícito, algo que ha sido estudiado por el Instituto Igarapé.
¿Qué modelo de gobernanza corporativa reduce mejor estos riesgos: auditorías independientes, transparencia pública, reportes ESG, certificaciones o trazabilidad digital?
Las buenas prácticas de gobernanza corporativa ayudan a las empresas a mitigar los riesgos de verse involucradas en esquemas de lavado de dinero asociados a delitos ambientales, ya que aumenta la disponibilidad de información confiable sobre procesos productivos para sustentar una mejor toma de decisiones frente a estos riesgos.
Cuando las compañías son transparentes desde las primeras etapas de producción, incluyendo auditorías independientes y certificaciones, toda la cadena de valor puede implementar procesos de trazabilidad más efectivos, reduciendo el riesgo de vinculación con proveedores y socios involucrados en prácticas ilícitas de explotación.
Y explica:
En mercados susceptibles a riesgos de explotación ilegal, los compradores deberían exigir documentos que acrediten la legalidad de las actividades y el origen de los productos, mediante procesos efectivos de debida diligencia. Por otro lado, el Estado tiene la responsabilidad de transparentar la supervisión que ejerce sobre la actividad económica y los procesos productivos, poniendo a disposición los datos.
La trazabilidad y los altos estándares de debida diligencia permiten al mercado ejercer presión para que las cadenas productivas adopten prácticas cada vez más regulares, algo que solo puede concretarse mediante altos niveles de transparencia tanto del sector privado como del gobierno.
¿Qué tipo de cooperación puede fortalecer la integración entre riesgo financiero y socioambiental, y cómo ayuda a identificar empresas involucradas en delitos ambientales y posibles prácticas de greenwashing?
El combate al crimen organizado ambiental solo puede ser eficaz mediante la formación de coaliciones que involucren a diversas instituciones, tanto públicas como privadas, desde el nivel local hasta el global, con el fin de cerrar las brechas de los flujos financieros ilícitos globales. El reconocimiento explícito del delito ambiental, precedente del lavado de dinero por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fue un hito importante para la difusión global de estándares normativos destinados a combatir estos ilícitos.
Las instituciones financieras y las empresas, especialmente aquellas legalmente obligadas a monitorear riesgos de lavado de dinero, deben estar capacitadas para protegerse frente a los riesgos de lavado vinculados a delitos ambientales e informar eventuales sospechas, de modo que el riesgo pueda ser analizado y tratado de forma sistémica.
Esto exige el desarrollo e implementación de soluciones por parte de instituciones financieras y empresas para la detección y mitigación efectiva de estos riesgos, que son esencialmente distintos de los riesgos de lavado asociados a delitos convencionales.
¿Cuáles son los principales riesgos para las empresas que operan cadenas de suministro en territorios donde actúan grupos criminales, qué mecanismos de debida diligencia son hoy imprescindibles y hasta qué punto las tecnologías de trazabilidad (como blockchain, georreferenciación y sistemas de monitoreo) impiden que productos ilegales formen parte de la cadena de valor? ¿Qué limitaciones debe reconocer el sector privado?
Deben conocer en profundidad el territorio en el que desean invertir para identificar cómo pueden aumentar la probabilidad de éxito del negocio al mismo tiempo que mitigar los riesgos, incluidos aquellos derivados de la actuación de grupos criminales. Procedimientos reforzados de debida diligencia como Know Your Territory y Know Your Partner son imprescindibles al establecer operaciones en un territorio y relaciones con socios locales.
La recopilación y el análisis de información de riesgo son esenciales en este proceso, pero pueden presentar limitaciones dependiendo del nivel de transparencia de la actividad económica y del conocimiento del analista sobre los riesgos específicos de cada cadena productiva.
Observando las tendencias actuales, ¿qué escenario es posible proyectar para América Latina en los próximos cinco años en la intersección entre crimen organizado, desarrollo sostenible y cumplimiento de metas ESG?
Las economías basadas en la explotación de recursos naturales, tienden a seguir siendo rentables y a atraer tanto a inversionistas y emprendedores comprometidos con prácticas sostenibles de producción como a grupos criminales que operan mediante la explotación depredadora y destructiva del medio ambiente. Lo que presenta oportunidades relevantes para el desarrollo sostenible de los países productores y la construcción de cadenas de suministro íntegras, pero también impone riesgos significativos. Los sectores público y privado necesitan actuar de manera coordinada, adoptando políticas efectivas para responder a los riesgos de ilegalidades en las cadenas productivas, al mismo tiempo que potencian las posibilidades de desarrollo de economías sostenibles en los territorios forestales.
El combate más eficaz de las ilegalidades requiere el establecimiento de una acción regional más coordinada, que permita identificar y abordar las desigualdades normativas y las debilidades regulatorias e institucionales locales, aprovechadas por el crimen organizado ambiental para expandir sus dinámicas de explotación ilegal.
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