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30/05

Empresas europeas apoyan la CSRD, pero rechazan su reforma Omnibus

Una encuesta a más de mil líderes empresariales revela respaldo a la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa, pero advierte sobre los riesgos de la propuesta Omnibus impulsada por la Comisión Europea.

En pleno debate sobre el futuro regulatorio de la sostenibilidad empresarial en Europa, una nueva encuesta realizada por el colectivo WeAreEurope en conjunto con académicos de HEC Paris deja un mensaje claro para Bruselas: la gran mayoría de las empresas europeas respalda la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), pero rechaza firmemente la reforma Omnibus propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2025.

La investigación, que reunió más de 1.800 respuestas de profesionales de toda Europa (1.062 respuestas validadas), refleja una alta participación de ejecutivos en cargos de dirección (40% C-level) directamente involucrados en la implementación de la CSRD.

“Este estudio rompe el mito del ‘tecnocratismo’. Las empresas no solo están preparadas para reportar sostenibilidad, sino que quieren incidir en las políticas que las regulan”, señala Alexis Kryceve, presidente de WeAreEurope.

Fuerte apoyo a la CSRD original

Según los datos, el 61% de los encuestados se declaró satisfecho o muy satisfecho con la directiva tal como fue aprobada en 2022, mientras que solo un 17% expresó algún grado de disconformidad.

Los principales atributos valorados por los participantes fueron:

  • Mejora en la transparencia y comparabilidad de los reportes ESG.
  • Rol estratégico de la CSRD como herramienta de transformación empresarial.
  • Su potencial como activo geopolítico europeo.

En efecto, un 90% considera que la CSRD fortalece la soberanía y el poder económico de Europa, algo que no suele aparecer en el debate público.

Críticas a la propuesta Omnibus

En contraste, la reforma Omnibus —que propone aplazar y modificar partes sustanciales de la CSRD— fue recibida con escepticismo. Solo un 25% apoya la propuesta actual, mientras que más del 50% cree que debe cambiarse sustancialmente antes de su aprobación.

Incluso entre quienes están disconformes con la CSRD original, solo un 39% apoya la reforma, lo que sugiere que la Omnibus no responde adecuadamente a las verdaderas preocupaciones del sector.

Principales debilidades y soluciones propuestas

La encuesta también identificó las áreas críticas de mejora para la CSRD:

  • Falta de guías técnicas claras.
  • Carga desproporcionada para empresas pequeñas y medianas.
  • Costos y tiempos elevados de implementación.

En cuanto a soluciones, el 75% apoya establecer una “ventanilla única” que sustituya reportes nacionales por el reporte CSRD, y hay amplio respaldo a:

  • Automatización de procesos.
  • Estándares simplificados para ciertos segmentos.
  • Más guías sobre materialidad sectorial.
  • Sobre el alcance de la norma, la mayoría rechaza subir el umbral a 1.000 empleados y prefiere un compromiso en torno a 500.
Una voz empresarial que quiere ser escuchada

El estudio resalta que la narrativa dominante sobre una supuesta «sobrerregulación» no se sostiene con datos. Solo el 37% ve la CSRD como una desventaja competitiva frente a empresas no europeas, siendo esta la barrera menos mencionada.

Desde Francia y Alemania, los países con más respuestas,  el apoyo es alto (84% y 79% respectivamente), y se refuerza a medida que crece el tamaño de la empresa: el 67% de las compañías con más de 5.000 empleados respalda la CSRD.

Para los organizadores, el mensaje es claro:

“La CSRD es una oportunidad, no una amenaza. El verdadero problema no es la ambición regulatoria, sino la improvisación en sus reformas”, apunta François Gemenne, profesor de HEC Paris y autor del IPCC.

Próximos pasos

WeAreEurope ya anunció una segunda fase cualitativa del estudio, con más de 270 participantes dispuestos a continuar el debate, aportando desde la experiencia real de implementación.

Para las empresas europeas, la sostenibilidad dejó de ser un eslogan: es parte de su ADN operativo y estratégico, y están dispuestas a defender una normativa que contribuya a su competitividad y coherencia en el largo plazo.