La volatilidad climática empieza a comportarse como deuda: erosiona la capacidad fiscal de los países y presiona el financiamiento de infraestructura. Un nuevo indicador de riesgo soberano que debería estar sbre la mesa de los gobiernos corporativos y los criterios ESG.
Durante décadas, el riesgo país se midió con un set de variables relativamente estable: déficit fiscal, relación deuda/PIB, inflación, reservas, estabilidad institucional. Ese marco asumía algo que hoy empieza a tambalear: que el entorno físico sobre el que opera la economía se mantendría, en lo esencial, predecible.
Esa suposición ya no se sostiene. Así lo plantea Steven W. Pearce, consultor especializado en riesgo climático y ESG, en un análisis publicado en illuminem Voices, donde describe un fenómeno que está empezando a discutirse en círculos de finanzas públicas y banca multilateral: el «espiral de deuda climática».
Un evento climático, inundación, sequía, incendio, solía tratarse como una perturbación temporal, pero ahora que se vuelven más frecuentes y los períodos de recuperación se acortan, esa lógica deja de funcionar. Lo que antes era gasto excepcional empieza a comportarse como obligación presupuestaria recurrente.
El mecanismo que arma el círculo: mayor impacto climático implica mayor gasto público; mayor gasto incrementa las necesidades de endeudamiento; más deuda reduce la capacidad fiscal; menor capacidad fiscal debilita la inversión en resiliencia; menor resiliencia aumenta la vulnerabilidad futura; mayor vulnerabilidad produce mayores pérdidas en el próximo evento. El ciclo se retroalimenta.
Uno de los puntos más concretos del análisis tiene que ver con infraestructura. Carreteras, puentes, redes eléctricas y sistemas de agua e fueron diseñados, en gran parte del mundo, con datos climáticos históricos, patrones de lluvia, rangos de temperatura, frecuencia de inundaciones, que ya no representan las condiciones actuales.
Reconstruir según los mismos estándares, advierte Pearce, suele recrear la misma vulnerabilidad que generó la pérdida original. La alternativa, invertir en infraestructura realmente resiliente, requiere financiamiento a una escala que la mayoría de los presupuestos públicos no puede cubrir con ingresos corrientes, especialmente en economías en desarrollo donde ese gasto compite con salud, educación y servicio de deuda existente.
El resultado, según el autor, es una paradoja: los países necesitan endeudarse para reducir su riesgo climático, lo que al mismo tiempo incrementa su riesgo financiero si el crecimiento no alcanza a compensar la nueva deuda.
Quizás el concepto más relevante para los gobiernos corporativos es el concepto de «deuda climática invisible»: postergar la adaptación mejora los indicadores fiscales de corto plazo, pero traslada una obligación mayor al futuro. A diferencia de la deuda soberana tradicional, no está registrada en ningún instrumento financiero, hasta que un evento climático la expone.
Pearce también incorpora la migración como variable fiscal, no solo humanitaria: el desplazamiento de población por presión ambiental redistribuye geográficamente la demanda de infraestructura, la base impositiria y el gasto público, generando presión simultánea en regiones receptoras y despoblamiento fiscal en las de origen.
La propuesta central del artículo es un cambio de categoría contable y estratégica: dejar de tratar la inversión en adaptación como gasto discrecional y empezar a tratarla como activo macroeconómico. El argumento es que los países con mayor capacidad de adaptación retienen mejor la confianza de inversores, sufren menos volatilidad fiscal y se recuperan más rápido de shocks, variables que, según Pearce, agencias calificadoras e inversionistas institucionales ya están empezando a incorporar junto a los indicadores fiscales tradicionales.
Para directorios y equipos de sostenibilidad, el planteamiento conecta directamente con la conversación sobre divulgación de riesgo climático bajo NIIF S1/S2 y, en el caso chileno, con los criterios de NCG 519: la exposición física al cambio climático deja de ser un capítulo de la memoria de sostenibilidad y empieza a ser una variable de riesgo financiero con potencial impacto en costo de capital, calificación crediticia soberana y, por extensión, en el entorno de financiamiento de las empresas que operan en ese país.
Steven W. Pearce es el director ejecutivo de Pearce Sustainability Consulting Group (PSCG), empresa que asesora a gobiernos y empresas globales en materia de ESG, estrategia de los ODS, riesgo climático e informes de sostenibilidad. Su empresa fue reconocida como la Mejor Consultora ESG en 2023 y 2024 por Wealth & Finance International. También es el fundador de Sophurion , una compañía de inteligencia estratégica basada en IA que desarrolla herramientas para ayudar a las organizaciones a transformar información compleja sobre sostenibilidad, clima, geopolítica y riesgos empresariales en conocimientos prácticos (Illuminem).
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