La empresa de auditoría, servicios financieros  y consultoría estratégica, Deloitte, admite que la complejidad del proyecto de ley que sistematiza los delitos Económicos y atentados contra el medio ambiente en Chile es tal, que las compañías no sólo deberán promover el comportamiento ético de sus trabajadores, sino que gestionar los riesgos asociados y fomentar las confianzas, para «salvaguardar la reputación y sustentabilidad de las empresas».

Sostiene que esta nueva etapa exige «repensar» la manera en que las empresas están gestionando sus riesgos. Deberán «dejar atrás» las largas planillas Excel o documentos Word y migrar a soluciones tecnológicas «para proteger a la empresa y sus trabajadores de las consecuencias asociadas a la comisión de los delitos de la nueva  ley».

Será clave la tecnología, el análisis de datos y el  «monitoreo continuo (dashboard)», advierte Deloitte e identifica una serie de indicadores y métricas que los compliance tendrán que tener sobre la mesa:

Indicadores de riesgo específicos: Métricas relacionadas con riesgos de cumplimientos específicos que son relevantes para la organización. Por ejemplo, si opera en un sector susceptible al robo o hurto de madera, incluir un indicador relacionado con los procesos de compra de materia prima y procedencia de esta.

Cumplimiento normativo general: Esta métrica proporciona una visión general de todos los delitos considerados en el proyecto de Ley, mostrando el porcentaje de riesgos abordados por el programa de ética y cumplimiento, lo que podría ayudar a resumir de  forma clara la aplicabilidad de estos.

Investigaciones en curso: Relacionadas con posibles violaciones éticas  o trasgresiones a cuerpos legales. Puede mostrar el estado de cada investigación, el tiempo transcurrido y las acciones tomadas hasta el momento. Esto ayuda a gestionar y dar seguimiento a las investigaciones de manera  efectiva.

Hallazgos de revisiones asociadas a los controles: Esta métrica evidencia los hallazgos y recomendaciones de las revisiones internas o externas relacionadas con el programa de ética y cumplimiento. Puede incluir información sobre áreas de mejora identificadas, así como el estado de implementación de las acciones correctivas.

Cumplimiento de políticas clave: Detalla el grado de cumplimiento de asuntos clave como el código de conducta, anticorrupción o privacidad de datos, entre otros. Esto ayuda a evaluar si las políticas están siendo seguidas de manera adecuada por los colaboradores de la organización.

Cumplimiento de capacitación: Esta métrica destaca el porcentaje de empleados que han completado la capacitación obligatoria en ética y cumplimiento. Puede proporcionar información sobre la cobertura de la capacitación y ayudar a identificar áreas en las que se requiere mayor atención  o refuerzo.

La realidad local

Deloitte advierte que Chile aún se encuentra en una etapa inicial respecto de sus pares europeos en materia de compliance, pero reconoce que es un fenómeno que llegó  para quedarse y que el proyecto de ley sobre delitos económicos será un «cambio sin precedentes».  No sólo por la inclusión de nuevas faltas «sino que también por la modificación de los  criterios  para  imputar la responsabilidad penal», dice, pues amplia «considerablemente» la hipótesis sobre quiénes pueden perpetrar el ilícito y con ello, atribuir responsabilidad. La nueva ley elimina «el beneficio económico» como elemento de imputación penal, «lo que expondrá a las organizaciones a un mayor número de riesgos asociados a la comisión de delitos, incluso respecto de  aquellos  que ya fueron identificados y analizados previamente en las matrices de riesgos, como lo es, por ejemplo, el delito de cohecho».

En este contexto es que señala que las empresas deberán actualizar sus modelos de prevención, robusteciendo la función de ética y cumplimiento, el  mejoramiento de los mecanismos de identificación y gestión de riesgos y la adopción de tecnología.  «Implica un cambio de paradigma, pues son muchas las organizaciones que aún subestiman el innegable aporte de una cultura en materia de integridad, acompañada de una estructura y recursos que permitan el cumplimiento de sus objetivos al interior de las compañías», sentencia.

Todo un desafío,  ya que según el «Estudio de la Función de Ética y Cumplimiento en Chile» de ESE Business School de la Universidad de los Andes en conjunto con Deloitte, el 30% de las empresas encuestadas aún no cuenta con alguna tecnología a disposición de la función de Ética y Cumplimiento.