La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) ha sido presentada como un paso fundamental hacia una economía circular en Chile. Su objetivo, que los productores se hagan cargo de los residuos que generan sus productos una vez consumidos, apunta en la dirección correcta. Sin embargo, detrás de este marco normativo ambicioso se esconde una gran brecha: las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 98% del total de las compañías en Chile y más del 60% del empleo formal, enfrentan enormes dificultades para cumplir con las exigencias de la ley.

El problema no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. A nivel global, la mayor parte de los estudios sobre sostenibilidad, innovación y estrategias ambientales se ha centrado en las grandes empresas, debido a su peso económico y capacidad de generar impacto. Pero al hacerlo, se ha dejado fuera a las pymes, cuyo efecto ambiental individual es menor, aunque su impacto agregado en contaminación, residuos y emisiones es considerable. En América del Sur, este desequilibrio es evidente: la mayoría de las normativas ambientales se ha concentrado en la gestión de residuos más que en la prevención de su generación, y rara vez hace referencia a las particularidades de las pymes.

En Chile, la implementación práctica de la Ley REP ha expuesto estas limitaciones. Las pymes carecen de recursos financieros, espacio físico y conocimiento técnico para cumplir con las obligaciones de recolección, almacenamiento y trazabilidad de sus desechos. Muchas ni siquiera cuentan con áreas destinadas al acopio de residuos y, por razones de espacio o costo, recurren a recolectores informales para deshacerse del material sobrante. Aunque esta práctica responde a la realidad operativa del negocio, perpetúa la falta de trazabilidad y transparencia del sistema, pues no existe un registro formal de qué porcentaje de esos residuos vuelve efectivamente al mercado.

Además, no hay incentivos económicos claros para las pymes. Implementar procesos de reciclaje, contratar servicios de recolección o invertir en tecnologías limpias representa un costo que muchas no pueden asumir. Sin apoyo financiero -ya sea a través de subsidios, créditos verdes o beneficios tributarios- la sustentabilidad se vuelve inalcanzable. Este vacío regulatorio se agrava por la ausencia de formación técnica: gran parte de las pymes desconoce los componentes de sus materias primas o los procedimientos adecuados para su disposición final, lo que reduce las posibilidades de reutilización o valorización de materiales.

La evidencia internacional es clara: cuando las regulaciones ambientales son flexibles, adaptadas al tamaño y capacidades de las empresas, y acompañadas de medidas de apoyo público, las pymes pueden convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva. No se trata de eximirlas de responsabilidad, sino de crear condiciones para que puedan cumplir y prosperar en el proceso. Por ejemplo, el modelo danés contempla clústeres de desarrollo de proyectos circulares, donde las pymes pueden e implementar nuevos modelos de negocio circulares con instituciones de investigación internacionales, donde más del 60% de los participantes muestra progreso en sus niveles de circularidad, como lo indica el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca.