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13/06

El impacto per cápita de los desastres climáticos en Chile y el mundo

En Hawai, el conflicto más agudo del planeta el año pasado, tuvo un costo de casi US$ 4 mil. Chile figura en el número 11 de los 20 países con los conflictos de clima más caros para los habitantes.

Una forma de comprender el costo del cambio climático es estimar los impactos económicos de los desastres relacionados con el clima. Y eso es lo que hace el informe Contando el costo 2023, un año de colapso climático 2023, que realiza Christian Aid, una organización inglesa que tiene como objetivo luchar contra la pobreza mundial, «resaltando, desafiando y cambiando las estructuras y sistemas».

El informe utiliza una nueva metodología para proporcionar datos y análisis sobre los desastres relacionados con el clima que han tenido el mayor impacto económico per cápita en los países donde ocurrieron. La lista incluye algunos que generaron cobertura mediática mundial, «desde el ciclón Freddy en Malawi hasta los incendios forestales en Hawaii» y otros que, a pesar de tener impactos económicos amplios y profundos, apenas aparecieron en las noticias.

Chile figura en el número 11 de la lista de los 20 desastres más caros para la humanidad en 2023.

Los incendios forestales que afectaron a Hawaii en agosto del año  tuvieron el costo per cápita más alto, más de US$4.000 por persona, lo que supera el segundo desastre más honeroso que fueron las tormentas de mayo en Guam., casi US$ 1.500 por habitante.

La lista de los 20 principales también muestra que el impacto económico relativo de los desastres es desigual. En los países más ricos, la gente está en mejores condiciones de prepararse para posibles futuros fenómenos meteorológicos extremos. En los más pobres, a menudo falta preparación y resiliencia subyacentes, y menos hogares tienen las reservas financieras que permiten a las personas recuperarse después de un desastre.

 

El caso chileno

Del 21 al 25 de junio del año pasado Chile experimentó las precipitaciones más intensas que haya tenido en 30 años. Inundaciones de ríos y más de 21 mil personas afectadas, 6.575 personas aisladas y 1.651 personas albergadas, afectaron a comunidades cuya mayor proporción vive en asentamientos informales donde las viviendas tienden a ser menos resistentes.

Los costos económicos totales de las inundaciones se estiman en US$ 76 millones , alrededor de US$ 39 dólares per cápita en todo el país (Chile tiene una población de poco menos de 20 millones). «Dado que el PIB per cápita en Chile es de alrededor de US$ 18 mil dólares, esta cantidad es pequeña si se distribuye uniformemente entre toda la población, pero como sólo alrededor de uno de cada mil se vio directamente afectado, los impactos están muy concentrados», sentencia el informe.

Récord 20223

2023 figura como el año más caluroso jamás registrado. Según Christian Aid «los impactos del cambio climático serán más frecuentes e intensos y, por lo tanto, a pesar de medidas de adaptación más efectivas, podemos esperar más desastres relacionados con el clima en los años futuros que afecten a más personas en todo el mundo».

Advierte que un aspecto de este patrón, que con demasiada frecuencia se pasa por alto, es la injusticia de quienes sufren desproporcionadamente tales desastres en los países de ingresos bajos (bajos, medianos bajos y medianos altos). Por eso destaca el Fondo de Pérdidas y Daños que se acordó en la Cop 28 en Dubái.  Dice que de los  14 países ue aparecen en nuestra lista de los 20 principales, 6 son de altos ingresos según el Banco Mundial (EE.UU., Guam, Nueva Zelanda, Italia, España y Chile); 4 sde ingresos medianos altos (Libia, Perú, México y China); tres de ingresos medianos bajos (Vanuatu, Myanmar y Haití) y uno de ingresos bajos (Malawi).

La ONG advierte que es imperativo que los gobiernos desarrollen resiliencia a nivel interno y fomenten una cooperación efectiva a nivel mundial para abordar tanto las causas como los síntomas cada vez más destructivos del cambio climático.

Y propone:

  • 2024 debe ser el año en el que la ambición y la necesidad de financiación climática vayan acompañadas de un compromiso político y económico. Los gobiernos deben acordar una nueva meta colectiva cuantificada que cubra la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños en función de las necesidades y no de la conveniencia política.
  • El nuevo Fondo de Pérdidas y Daños estará operativo en 2024. Además de necesitar fondos suficientes para responder a los impactos climáticos a los que no pueden adaptarse, aquellos afectados por Pérdidas y Daños deben poder acceder a los fondos de manera oportuna, mucho más rápido. que los años que lleva actualmente cierta financiación. La gobernanza del nuevo Fondo será una prueba crítica de solidaridad y eficacia globales.
  • El impacto desigual de los desastres climáticos demuestra la importancia de la adaptación para reducir la vulnerabilidad antes de que ocurran los desastres. Si bien se ha avanzado mucho en la reducción de la incidencia de muertes en la mayoría de los casos, aunque hay evidencia de que el calor extremo está causando más muertes64- Se puede hacer mucho más para que las comunidades sean más resilientes, por ejemplo invirtiendo en agroecología, que puede resistir mejor el cambio climático y, al mismo tiempo, ayudar a prevenir las emisiones.
  • Debe aumentarse la inversión en alerta y acción tempranas, sobre todo por su eficacia y rentabilidad.
  • Los gobiernos deben aumentar los recursos para monitorear y medir los impactos de los desastres y compartir información a través de las fronteras para informar estrategias efectivas de respuesta y acción temprana.
  • La ‘lotería de códigos postales’ global que enfrentan quienes sufren desastres climáticos muestra la importancia de que los gobiernos inviertan en una protección social efectiva. Estos servicios son aún más vitales cuando los hogares y los medios de vida han sido dañados y pueden ayudar a las personas a recuperar su dignidad y capacidad de acción, además de proporcionarles en la práctica ingresos y beneficios económicos más amplios. Los países ricos tienen un papel vital para garantizar que los gobiernos de los países de menores ingresos tengan más «espacio fiscal» para invertir en protección social, a través del alivio de la deuda, normas fiscales internacionales más justas, la movilización de financiación internacional para el clima y la ayuda al desarrollo.