La confianza vale oro. Por lo mismo es raro que no se haya medido su valor económico concreto. Si lo conociéramos, quizás las empresas no mirarían con tanto agobio la enorme carga que representará la nueva Ley de Delitos Económicos, que agrega un listado de 200 nuevos delitos, aumenta penas y multas, e impone una responsabilidad tanto mayor para ejecutivos y directores, que incluso hará reconsiderar si la dieta cubre el riesgo.

Sobre lo primero, en las sociedades donde existe más confianza es más barato hacer negocios. Lo sabemos, pero vivirlo es revelador. En una visita en 2016 a la empresa de telecomunicaciones Telenet, en Bélgica, no salía de mi asombro: los técnicos se llevaban todos los días la camioneta a sus casas, cargadas para la semana con equipos de miles de dólares. Así podían instalarlos en los hogares de los clientes simplemente llamando al call center y agregándolos a la cuenta. En Bélgica no existían “los colgados” al cable ni incentivos al mal uso de esos equipos. Otra cultura. Así, el modelo allá es más simple y ágil, menos burocrático, y se traduce en un mejor servicio. Es sólo un ejemplo. Pero pude valorar en concreto el mayor costo, en muchos procesos, que tiene la desconfianza y sus causas.

Los gobiernos corporativos, principalmente de las compañías abiertas, han experimentado en los últimos años mucha más carga para solventar la confianza (de parte de reguladores e inversionistas), pero ha significado un desarrollo muy positivo. La introducción de la responsabilidad legal de las personas jurídicas (Ley 20.393 de 2009) dio origen a una gran transformación.  Al parecer, los seres humanos evolucionamos así: error-costo/dolor-aprendizaje-mejora. Y en los negocios es clave agregar regulación a ese ciclo, entre el aprendizaje y la mejora.

La nueva ley de delitos económicos viene a reconstruir una base de confianza en nuestro país. No voy a reproducir la lista de escándalos empresariales desde 2011-2012. Pero sí vale indicar que no hemos cuantificado el costo que ha tenido esa desconfianza en nuestra economía, incluyendo la pérdida de licencia para operar que han experimentado las iniciativas privadas en Chile. En los noventa, cada anuncio de inversión era celebrado como la mejor noticia. Desde el 2012, es mirado con suspicacia. Cuando la CPC pide que se resuelva el problema de la “permisología”, busca solucionar un escollo a la inversión privada que hoy impide crecer. Pero está intentando acelerar un proceso que deberemos conquistar orgánicamente: el reencantamiento de la sociedad con la inversión empresarial y con un modelo económico digno de confianza social. Sin duda, un objetivo clave para recuperar el ritmo de desarrollo, en beneficio de todos.

El reciente estudio sobre ESG y Riesgo Reputacional, realizado por Azerta y Acción Empresas, muestra que desde dentro de las propias compañías se considera prioritarios los riesgos de Gobernanza. Dentro de ellos, los derivados de prácticas de colusión, corrupción, fraude y prácticas abusivas. Y podríamos agregar que lo mismo cabe para las externalidades sociales y ambientales negativas. Todas afectan la confianza en el modelo.

La nueva ley, más las crecientes exigencias en reportabilidad ESG, vienen a aumentar la carga de trabajo interno, tanto para las administraciones como para los directorios. Eso es real. Una amiga directora en varias empresas me confidenció que incluso ha desarrollado la capacidad de leer la expresión facial de los ejecutivos, cuando pregunta por algo que le merece duda. Y que con la nueva ley, habrá que exigir el triple de evidencias.

Ser confiable y reconquistar la adhesión de toda una sociedad, tiene un precio y será un proceso. Pero si lo hacemos bien, vendrá la recompensa. Nuestras empresas llegarán a ser organizaciones de clase mundial en esta dimensión y eso tendrá su retorno. Incluso podremos destacarnos nuevamente, en el mundo, por sobresalientes grados de transparencia. Es el precio y el valor de la confianza. Vale la pena.