Un documento del World Resources Institute identifica siete obstáculos que dificultan que las empresas estadounidenses impulsen políticas climáticas ambiciosas. Aunque el análisis está centrado en ese país, sus conclusiones abren una pregunta relevante para Chile: cómo alinear las metas de sostenibilidad corporativa con la incidencia pública, la participación gremial y la regulación climática.
Empresas y política climática comienzan a cruzarse con más fuerza en el debate ESG global. La acción climática corporativa ha avanzado durante la última década, con más compañías publicando reportes de sostenibilidad, definiendo metas de reducción de emisiones, adoptando compromisos de energía renovable o declarando objetivos de carbono neutralidad.
El liderazgo climático empresarial no consiste solo en reducir emisiones o publicar reportes de sostenibilidad. También implica que las empresas alineen sus compromisos ESG con su participación en políticas públicas, gremios, lobby y regulación climática. WRI identifica siete barreras que dificultan esa coherencia y que también abren una discusión relevante para Chile.
El documento de trabajo Siete obstáculos para el liderazgo empresarial estadounidense en materia de política climática y cómo superarlos, elaborado por Amy Meyer y Eliot Metzger para el World Resources Institute (WRI), plantea que aunque muchas compañías han asumido compromisos climáticos ambiciosos, todavía son pocas las que integran la defensa de políticas públicas climáticas como parte central de su estrategia corporativa.
La tesis principal del documento es clara: la acción voluntaria de las empresas no basta para enfrentar la crisis climática. Según el WRI, incluso si todas las compañías del mundo redujeran sus emisiones en línea con el Acuerdo de París, seguirían siendo necesarias políticas públicas, señales regulatorias y marcos de mercado que aceleren la transición.
Aunque el análisis está centrado en Estados Unidos, la discusión tiene conexión directa con Chile. El país cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático que establece como objetivo alcanzar y mantener la carbono neutralidad de gases de efecto invernadero a más tardar en 2050. Además, la actualización de la NDC 2025 refuerza el rol de la acción climática territorial y compromete la implementación de Planes de Acción Regional de Cambio Climático en las 16 regiones del país a 2026.
En ese contexto, la pregunta ya no es solo qué metas climáticas declaran las empresas, sino también cómo se comportan frente a la regulación, los gremios, el lobby, la transición energética, la adaptación territorial y las políticas públicas necesarias para cumplir esos objetivos.
El documento del WRI identifica siete barreras que dificultan que las empresas ejerzan un liderazgo climático más activo en el ámbito político. Estas se agrupan en tres grandes dimensiones: organización y estrategia, intermediarios y contexto político.
1.- Organigrama. Según el informe, en muchas compañías los equipos de sostenibilidad no cuentan con suficiente autoridad frente al directorio, la alta administración o las áreas de asuntos públicos. Esto puede generar una desconexión entre los compromisos climáticos y las prioridades de lobby o relacionamiento gubernamental.
Esta brecha también puede ser relevante para Chile. En un escenario de mayor exigencia regulatoria, los compromisos climáticos no pueden quedar aislados en áreas de sostenibilidad. Deben dialogar con finanzas, operaciones, asuntos legales, relaciones institucionales, riesgos, comunicaciones y gobierno corporativo.
2.- Prioridades contrapuestas. Muchas empresas no consideran la política climática como un asunto central si no pertenecen a sectores intensivos en emisiones, energía o recursos naturales. Sin embargo, el cambio climático afecta cadenas de suministro, costos operacionales, acceso a financiamiento, reputación, seguros, infraestructura y continuidad operacional.
3.- Falta de conocimiento técnico. Comprender la ciencia climática, los efectos de una regulación, los costos de la inacción y las oportunidades de transición requiere capacidades especializadas que no siempre están instaladas dentro de las empresas.
En Chile, esta brecha se vuelve más evidente a medida que aumentan los instrumentos de gestión climática, las obligaciones de reporte, los estándares internacionales y las expectativas de inversionistas.
Esto obliga a las compañías a entender no solo sus emisiones, sino también su exposición a riesgos físicos, regulatorios, reputacionales y de transición. La sostenibilidad deja de ser un relato corporativo y pasa a convertirse en una capacidad de gestión.
4.- Presión por resultados de corto plazo. El informe plantea que los reportes trimestrales y el foco en el beneficio inmediato pueden perjudicar inversiones de largo plazo vinculadas a la acción climática.
Esta tensión también se observa en mercados como el chileno, donde muchas empresas deben equilibrar rentabilidad, inversión, cumplimiento regulatorio y adaptación climática. El desafío está en incorporar el clima dentro de la estrategia de negocio, no como un costo aislado, sino como una condición para la resiliencia y la competitividad futura.
En esa línea, la pregunta para los directorios es cada vez más concreta: cómo evaluar decisiones de inversión cuando los riesgos climáticos se materializan en horizontes más largos que los ciclos comerciales tradicionales.
Uno de los puntos más relevantes del documento es el rol de las asociaciones comerciales. Según el WRI, muchas veces los gremios ejercen influencia sobre las políticas públicas en nombre de sus asociados, pero no siempre esa influencia está alineada con los compromisos climáticos de todas las empresas que los integran.
En otras palabras, el liderazgo climático corporativo no se juega solo en los reportes de sostenibilidad, sino también en las posiciones que las empresas adoptan, directamente o a través de terceros, frente a normas ambientales, permisos, transición energética, adaptación, impuestos verdes, estándares de reporte o políticas sectoriales.
6.- Reacción adversa. El WRI advierte que las empresas pueden temer represalias o críticas de políticos, consumidores, clientes, trabajadores, inversionistas o incluso de sus propios directorios al involucrarse en políticas climáticas.
Este punto ha cobrado fuerza en el debate global por el avance de discursos anti-ESG, especialmente en Estados Unidos, donde algunas compañías han reducido la visibilidad pública de sus compromisos ambientales o sociales para evitar controversias. Para Chile, el riesgo no es necesariamente idéntico, pero sí plantea una advertencia: el clima político puede modificar los incentivos empresariales y tensionar la continuidad de agendas de sostenibilidad.
Por eso, más que usar ESG como etiqueta, las empresas necesitan justificar sus decisiones desde la materialidad, la gestión de riesgos y la creación de valor de largo plazo. Esa puede ser una forma más robusta de sostener la acción climática en contextos de polarización, como lo obligará la NCGº519 en Chile.
7.- Vientos políticos. En el caso estadounidense, el documento menciona que durante años la ausencia de una legislación climática federal relevante limitó la participación empresarial en la agenda climática.
La principal lección del documento del WRI es que el liderazgo climático empresarial no puede limitarse a reducir emisiones propias o publicar compromisos voluntarios. También implica apoyar marcos regulatorios que permitan acelerar la transición de toda la economía.
Para Chile, esta reflexión llega en un momento clave. A medida que avanzan los planes sectoriales, las exigencias de reporte, las metas climáticas y la presión de inversionistas, las compañías tendrán que demostrar mayor coherencia entre sus discursos ESG y su comportamiento público.
El desafío de fondo es pasar de la sostenibilidad como declaración a la sostenibilidad como gobernanza. Y, en ese tránsito, la pregunta central para las empresas chilenas será cada vez más difícil de evitar: ¿están solo adaptándose a la regulación climática o están ayudando a construirla de manera coherente con sus propios compromisos?
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