Chile cuenta desde 2025 con una taxonomía verde oficial, la Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles (T-MAS), concebida como una herramienta clave para ordenar el mercado financiero sostenible, reducir el greenwashing y establecer criterios comunes sobre qué actividades pueden considerarse alineadas con objetivos ambientales y sociales.

Como ocurre con muchas políticas públicas vinculadas a sostenibilidad, el principal desafío no está solo en su diseño conceptual, sino en su implementación efectiva: qué tan usable es para las empresas, qué incentivos existen para su adopción, y qué rol deben jugar el Estado, los reguladores y el sistema financiero.

Esas respuestas son las que el Ministerio de Hacienda buscó responder con un informe técnico, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y elaborado por Clemente Pérez y  Victor Palma del estudio Guerrero Olivos

«Una taxonomía es básicamente un sistema de clasificación. Se establece un conjunto de reglas para definir qué actividades son sostenibles y cuáles no, básicamente. La idea es tener un lenguaje común que permita integrar distintos sistemas», explica el propio Pérez en entrevista con ESGHOY.

El experto detalla que «existe una taxonomía en Europa  que es obligatoria y está vigente. Eso hace que todos los demás países tengan que ir alineándose, porque si quieres exportar o recibir inversiones desde Europa, tienes que tener tu propia taxonomía o demostrar cumplimiento con la taxonomía europea. Estos son sistemas tan definidos como interoperables».

En Chile, el proceso ha sido  liderado por el Ministerio de Hacienda. El Estado de Chile ha emitido varios bonos verdes, bonos vinculados a la sostenibilidad y también bonos sociales, por montos muy significativos, diría que sobre los 2.000 millones de dólares. «Por lo tanto, tienen que existir ciertas reglas», plantea Pérez.

Solo en 2025 hubo un conjunto de empresas que emitieron bonos por casi US$ 2.000 millones de dólares, entre bonos verdes, azules y vinculados a la sostenibilidad.

Todos occidente

Clemente Pérez dice que «prácticamente todo Occidente, tal vez sin contar a Estados Unidos y con Argentina más atrasada, ya está desarrollando o tiene en vigor sus taxonomías. Es el caso de Colombia, Perú, México y ahora también Chile».

Por la importancia que tiene para los mercados internacionales, ¿Nuestra T-MAS quedó bien alineada con loss principales del mundo?

Sí. De hecho, hace unas dos semanas vino gente de Naciones Unidas a revisar la alineación de esta taxonomía con la europea y encontraron que estaba muy bien alineada. La taxonomía chilena es una buena taxonomía y está bastante inspirada en la europea.

¿Cuál es la principal conclusión del informe?

Nuestra conclusión es doble. Primero, que es una buena taxonomía, bien diseñada y participativa. Segundo, que todavía es un documento teórico. Hoy día, al ser voluntaria, no está siendo utilizada, ni siquiera por los emisores de bonos verdes, ni siquiera por el propio Ministerio de Hacienda.

Cada uno dicta sus propias reglas, no se logra el objetivo de tener un lenguaje común. Si el Ministerio de Hacienda o alguna empresa emite bonos verdes, hay que bucear muchísimo para entender qué se va a financiar, cuáles son las normas de cumplimiento, cuáles son los indicadores clave que se buscan alcanzar. No se logra esa simplicidad que busca la taxonomía. El mejor ejemplo son los sellos de los alimentos. Yo voy al supermercado y no puedo leer en detalle cada producto. Por eso existen sellos que me indican si algo es alto en calorías o no. Ese es el concepto. Fue una ley muy criticada en su inicio, pero hoy está completamente instalada.

¿Existe consenso en que la T-MAS debería avanzar hacia algún grado de obligatoriedad?

En los talleres organizados por Hacienda nos dimos cuenta de que había muchos consultores especializados, los mismos que ayudan a las empresas a emitir reportes integrados o a obtener sellos para exportar. Hay un lenguaje técnico que existe, pero no es masivo. Eso nos preocupa. Los consultores cumplen un rol importante, pero lo que se busca no es que las empresas contraten consultorías solo para emitir documentos, sino que incorporen de verdad la sostenibilidad en su operación.

Por eso una de nuestras propuestas es que la taxonomía sea obligatoria solo en términos de información. No como permiso, no como barrera. Nadie quiere más permisología. No se trata de autorizar o rechazar proyectos. Pero tampoco puede ser tan voluntaria que no se use. Nuestra propuesta es que sea obligatoria solo si una empresa quiere definirse como sostenible.

¿Y cómo operaría eso en la práctica?

Si una empresa quiere definirse como sostenible, tiene que demostrar cumplimiento de la taxonomía. Eso permite evitar el greenwashing. No basta con decir “soy amigable con el medioambiente”, hay que demostrarlo.

También analizamos la posibilidad de sellos, pero hay demasiados sellos existentes. No queremos crear uno más ni eliminarlos. Una alternativa más viable es un registro público.

Si una empresa quiere definirse como sostenible, que lo declare públicamente y demuestre por qué. Que exista un registro público, revisable, incluso cuestionable. Todo esto sigue siendo voluntario, salvo en el uso del concepto “sostenible”.

¿Es indispensable para la economía chilena que esto ocurra?

Sí, porque hoy cualquiera puede decir cualquier cosa. Esto busca ordenar. Los inversionistas, grandes fondos internacionales, quieren claridad. Quieren saber que lo que se declara como sostenible lo es realmente.

Esto es una petición de los mercados. Si Chile quiere competir por inversión sostenible, necesita reglas claras. No se trata de inventar algo local, esto ya está ocurriendo en la mayoría de los países desarrollados.