Para Bruselas, los mecanismos voluntarios de cumplimiento y las políticas de rendición de cuentas ya no son suficientes para evitar abusos ambientales y vulneraciones a los derechos humanos.
La sostenibilidad corporativa en Europa está dejando atrás el terreno de los compromisos voluntarios para entrar de lleno en una etapa de obligaciones legales, fiscalización y posibles sanciones. Así lo refleja la propuesta de Directiva sobre Debida Diligencia Corporativa y Responsabilidad Corporativa impulsada por el Parlamento Europeo, que busca establecer un estándar obligatorio para que las empresas prevengan, mitiguen y respondan por impactos negativos relacionados con derechos humanos, medioambiente y gobernanza corporativa.
Un documento, elaborado por Cuatrecasas ESG, advierte que la iniciativa representa un cambio estructural en la forma en que las compañías deberán gestionar sus operaciones y cadenas de suministro dentro del mercado europeo. La propuesta no solo apunta a las empresas europeas, sino también a compañías extranjeras que operen dentro de la Unión Europea.
La lógica detrás de esta transformación es clara: para Bruselas, los mecanismos voluntarios de cumplimiento y las políticas de rendición de cuentas ya no son suficientes para evitar abusos ambientales y vulneraciones a los derechos humanos.
El giro regulatorio europeo ocurre en un contexto más amplio de fortalecimiento de la agenda ESG dentro de la Unión Europea. Según el informe, la Comisión Europea trabaja paralelamente en nuevas iniciativas vinculadas a gobernanza corporativa sostenible, revisión de la Directiva de Información No Financiera y desarrollo de una taxonomía social para inversiones.
El objetivo es construir un marco normativo integrado que obligue a las empresas a demostrar cómo gestionan riesgos ambientales y sociales, y no únicamente comunicar compromisos generales de sostenibilidad.
En esa línea, la propuesta europea busca asegurar tres elementos centrales:
Uno de los aspectos más relevantes es que el alcance de la debida diligencia no se limita a las operaciones propias de la empresa. También incorpora impactos generados dentro de las cadenas de suministro y relaciones comerciales.
La propuesta reconoce explícitamente la relación entre derechos humanos, impactos ambientales y gobernanza corporativa. El estándar europeo incluye emisiones contaminantes, afectación de biodiversidad, contaminación del aire y agua, uso de recursos naturales y también elementos vinculados a diversidad, corrupción y fiscalidad responsable.
En la práctica, esto obliga a las empresas a implementar procesos permanentes de identificación y mitigación de riesgos ESG.
El documento señala que la diligencia debida deberá incluir:
Además, la Unión Europea plantea la creación de plataformas centralizadas supervisadas por autoridades nacionales para facilitar acceso público a información relacionada con el cumplimiento empresarial.
La propuesta considera organismos nacionales de supervisión con facultades de investigación y sanción, incluyendo multas proporcionales al volumen de negocios, suspensión de actividades y exclusión de contratos públicos.
A esto se suma un régimen de responsabilidad civil extracontractual por daños ambientales o vulneraciones de derechos humanos derivados de la actividad empresarial o de entidades bajo control de la compañía.
Uno de los elementos más sensibles para las empresas es la inversión de la carga de la prueba. Según el texto, será la propia compañía la que deberá demostrar que actuó con la diligencia necesaria para evitar el daño.
Lo que busca es ampliar la competencia de tribunales europeos para abordar casos ocurridos fuera de Europa cuando exista relación con empresas matrices europeas o cadenas de suministro vinculadas al mercado comunitario.
Aunque la iniciativa surge desde Europa, sus efectos podrían extenderse a empresas exportadoras y proveedores de todo el mundo.
Sectores como minería, retail, agroindustria, forestal, energía y manufactura podrían enfrentar mayores exigencias de trazabilidad, monitoreo ESG y control de proveedores si mantienen relaciones comerciales con compañías europeas.
Para Chile, esto se conecta con una tendencia regulatoria más amplia. La presión internacional por fortalecer estándares ESG ya se refleja en iniciativas como IFRS S1 y S2, las nuevas exigencias de la CMF bajo la NCG 519 y el aumento de requerimientos de transparencia climática y social desde inversionistas globales.
La propuesta europea también refuerza una señal cada vez más clara en los mercados internacionales: los riesgos ESG están dejando de ser considerados solo riesgos reputacionales y comienzan a tratarse como riesgos legales, financieros y operacionales.
El informe concluye que la iniciativa europea representa una de las transformaciones regulatorias más relevantes de los últimos años en materia de sostenibilidad corporativa.
Más allá de los cambios que pueda experimentar durante su tramitación, la señal política parece consolidada: Europa quiere avanzar hacia un modelo donde las empresas no solo reporten sostenibilidad, sino que respondan legalmente por sus impactos sociales y ambientales.
Y dado el peso económico y regulatorio de la Unión Europea, ese estándar podría terminar influyendo mucho más allá de sus fronteras.
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