2026 será un año decisivo para las empresas en materia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG). Con la llegada de los estándares IFRS S1 y S2 y el avance de la Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles (T-MAS) del Ministerio de Hacienda, las organizaciones chilenas enfrentarán un cambio profundo en la forma de medir y explicar su desempeño. ¿Qué tan preparadas están para lo que viene?

Se repite que la sostenibilidad debe integrarse en el núcleo del negocio, y no como un ejercicio paralelo. Esa mirada nos lleva a considerar mediciones que no son habituales, e incluso incómodas para algunos, como el impacto de la crisis hídrica en el valor de los activos, los efectos de retrasar la transición energética o los riesgos de contar con proveedores que no cumplen estándares adecuados.

La NCG N°519 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) impulsó la adopción de dos mediciones internacionales que marcarán un antes y un después. IFRS S2 exigirá calcular los efectos financieros de los riesgos y oportunidades climáticas, lo que incluye proyectar cómo eventos físicos, regulatorios o de transición podrían afectar ventas, costos, márgenes o activos. En tanto, IFRS S1 ampliará esta lógica al resto de las dimensiones de la sostenibilidad, desde la gobernanza hasta los impactos sociales, alineando al país con estándares globales.

La T-MAS, que comenzó a operar en 2025, tendrá una influencia que crecerá con el tiempo, sobre todo cuando el sector financiero la utilice como base para inversiones, bonos o préstamos para marcar una diferencia competitiva. Cuando eso ocurra ya no serán suficientes los reportes paralelos: los directorios deberán demostrar cómo los riesgos ASG forman parte de la estrategia y se reflejan en el desempeño económico.

Las entidades, sean o no sean del IPSA, no están preparadas. Es por eso que la recomendación para 2026 es la que los asesores no nos hemos cansado de repetir a lo largo de todo el año: avanzar desde ahora en todas estas mediciones, fortalecer la formación del directorio, promover revisiones externas, y actualizar los análisis de materialidad conforme a los criterios internacionales. Las empresas que trabajen hacia estos objetivos llegarán mejor posicionadas frente a inversionistas y entidades financieras, especialmente en un panorama de fiscalización más estricta por parte de la CMF.