La Comisión Europea propuso regular las agencias de calificación que ponen nota a las empresas en función de su desempeño en materia medioambiental, social y de gobernanza para evitar conflictos de interés y multar con hasta un 10 % de su facturación anual a aquellas que incumplan.

Bruselas propone que estas agencias tengan que separar el negocio de “rating” ESG de otras actividades con las que pueda surgir un conflicto de interés, como servicios de consultoría, emisión de calificaciones crediticias, el desarrollo de índices de referencia, actividades de inversión, auditoría, banca, seguros o reaseguro.

Además, las agencias que ofrezcan estos servicios en la UE tendrían que ser visadas para operar por parte de la Autoridad de Mercados y Valores (ESMA), que se encargará también de supervisar sus actividades.

“Esta área ahora está completamente desregulada y es muy difícil comparar información entre las agencias de ‘rating’ e interpretar qué significan. No tenemos claridad sobre cómo se llega a estas calificaciones o qué miden y paree haber problemas de conflictos de interés”, explicó la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness.

Más transparentes, confiables y viables

El reglamento propuesto -según publica el diario Expansión- busca hacer estos “ratings” más “transparentes, comparables y fiables” y asegurar que las calificaciones son “independientes, objetivas y de calidad”.

En los últimos años ha florecido el negocio de las agencias que evalúan a las empresas en función del impacto medioambiental y climático; su actividad social, como la relación con empleados y consumidores; o su gobernanza, que incluye su política de dirección o los sistemas de auditoría y control, por ejemplo.

La idea detrás de la evaluación de los criterios ESG es identificar aquellas compañías con buenas prácticas para orientar a los inversores que quieran poner su dinero en empresas responsables en estos ámbitos, pero su rápido crecimiento sin regulación específica ha generado el temor de que algunas empresas estén exagerado sus credenciales en materia de sostenibilidad y llevando a cabo lo que se conoce como “blanqueo ecológico”.

Para paliarlo, Bruselas plantea que las agencias tengan que publicar información sobre sus metodologías, modelos y supuestos al hacer las clasificaciones que usan para cada producto o actividad y, aunque no apuesta por armonizarlas, llama a que las metodologías sean “rigurosas, sistemáticas, objetivas y sujetas a validación” y sean revisadas al menos una vez al año.