Para el experto en compliance y director jurídico de la consultora Prelafit, Rodrigo Reyes, la entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos y Medioambientales (hace ya un año) ha sido «un importante incentivo para tomarse con mayor seriedad y darle a la función de compliance, un mejor lugar dentro de las empresas».

Dice que es difícil aún evaluar el comportamiento de la normativa, porque «los casos que se regirán por ella están recién  fraguándose», pero asegura que va en el sentido correcto de «proteger la economía de mercado y de ser duros contra el que burla los límites que tenemos todos».

Plantea que hay un cambio de paradigma muy relevante: «Los riesgos penales de las empresas, especialmente las más grandes, ahora son enormes. Desde septiembre de 2024 una compañía que podía ser multada, antes de la nueva ley , con multas medianas, ahora podrá ser sancionada con multas enormes (más de US$ 100 millones) o el doble del beneficio obtenido. Eso equivale a un terremoto en la evaluación de riesgos, porque suele invertirse en controles o mitigantes considerando particularmente el impacto patrimonial que tiene el incumplimiento».

¿Cómo ha visto el desempeño de las empresas en este nuevo escenario?

Las empresas y sus dueños, controladores, directorios o ejecutivos se han mostrado especialmente preocupados, al inicio fundamentalmente, por las consecuencias que pudieren tener los nuevos riesgos que se asomaban. En ese sentido, creo que han venido invirtiendo en programas de compliance cada vez más reales, efectivamente implementados, pero por sobre todo, adecuados a la realidad de cada uno, que es fundamental.

Aún falta mucho, pero creo que las empresas están entendiendo que no basta con tener auditados los controles, es necesario varias cosas más, preocuparse de evaluar los riesgos de manera continua, de mejorar permanentemente, de mostrar escepticismo con las recetas de formulario y evidenciar eso de manera consistente. Ese es, creo yo, el gran desafío.

¿Cree que se han tomado las medidas necesarias para abordar la nueva normativa?

Estoy preocupado más por la persecución penal y los recursos materiales e inmateriales que debiera proveerse al Ministerio Público y las policías. La nueva norma no contempló recursos ni para el Ministerio Público ni para la Fiscalía y eso debiera preocupar a la autoridad, no solo porque pueda significar menos imputaciones penales, sino también defectuosas y eso si puede afectar a los negocios y al desarrollo.

En un principio existía mucho temor al interior de los directorios y alta gerencia, ¿cree que esto se ha ido disipando o se mantiene?

Al comienzo existió algo de pánico, que luego se fue disipando en la medida que los directores y ejecutivos entendieron que lo que se perseguirá son delitos cometidos en el seno de la empresa y no a los directores o ejecutivos por el hecho de serlo. Creo que al final del día eso también es una garantía de más y mejores negocios. ¿Por qué? Porque al menos el empresario honesto, que trabaja por proporcionar el mejor producto, al mejor precio, tendrá la garantía que si le compiten con “malas armas”, le podrá salir caro al inescrupuloso. No le saldrá gratis, no pagará con “clases de ética”, como solía decir la gente hace poco, sino que probablemente irá preso y su compañía será multada de manera proporcional al daño producido, si es que no tomó los resguardos razonables.

Comprometidas con la verdad

Respecto a los modelos de prevención del delito, ¿cómo ve el actuar de las empresas en este sentido?

Ha habido un cambio desde las empresas que solían tener modelos de prevención de delitos “con vocación de estantería”, como le oí decir a un profesor hace unos días, es decir que acumulaban polvo en un estante, a modelos que se implementan para mejorar los riesgos penales que tiene toda empresa, por ser una actividad humana desarrollada por personas.

Creo que falta profundizar otra mirada, que ve a los programas de compliance penal no solo como herramientas para evitar una imputación penal, sino como un instrumento virtuoso que sirve para vender más, para conquistar mercados, para atraer talento, para  distinguirse en un mundo cada vez más competitivo.

Falta implantar la idea, que está estudiada y demostrada además, que hacer negocios limpios, es no solo éticamente correcto, sino que mucho más rentable. La gente prefiere empresas comprometidas de verdad con determinados valores.

En relación a otros mercados, ¿cómo ve a Chile? ¿cuáles han sido los avances y desafíos?

Chile, con la nueva Ley de Delitos Económicos, se ha puesto a la vanguardia de Latinoamérica. Nadie tiene una normativa más estricta que la chilena y eso debiera significar un polo de desarrollo. Debiera significar garantías para los inversionistas extranjeros que están pensando dónde instalarse. Por supuesto que no es lo único relevante que toman en consideración, pero puede ser un tema determinante cuando las otras variables son parecidas.

Con esta legislación, Chile se desmarca de los modelos de papel, que se verifican con “check list” y que están muy extendidos. Acá, si la empresa quiere tener una eximente, requiere evidenciar evaluaciones periódicas ejecutadas por terceros independientes, que generen mejora continua. Eso no existe en Latinoamérica y creo que se instalará como una buena práctica a nivel regional.

¿Y cuáles serían a su juicio las tres recetas para enfrentarlo?

Es importante atender la materialidad más que a la formalidad. Es decir, resulta importante no perder de vista que esto no se trata de publicidad o de dar la apariencia de ser una empresa comprometida con determinados valores.

Segundo, pero relacionado con lo anterior, tendría en cuenta que no nos podemos fiar de las métricas en asuntos que son de muy difícil medición. Me gustan las métricas, pero hay que tener mucho cuidado con ellas, porque podemos terminar trabajando no por un propósito determinado, sino por una métrica que puede transformarse en contenido vacío. Tercero, creo que se deben mejorar las regulaciones para acercarlas más a lo científicamente probado y medidas eficaces, más que centrarse en normas de reporte o divulgación de materias de ESG.