El lavado verde se ha convertido en un problema crítico para las empresas que buscan posicionarse como sostenibles sin un respaldo real. A medida que gobiernos, reguladores y consumidores exigen mayor transparencia, el riesgo de sanciones, daños reputacionales y demandas judiciales crece exponencialmente. Un informe de KPMG analiza las regulaciones en 25 jurisdicciones y evidencia cómo la falta de criterios homogéneos complica la fiscalización de las declaraciones ambientales.
El auge de la sostenibilidad como pilar empresarial ha llevado a muchas compañías a adoptar compromisos ambientales públicos. Sin embargo, la presión por parecer “verdes” sin un respaldo real ha incrementado los casos de greenwashing, una práctica engañosa que puede derivar en sanciones legales y dañar la confianza del consumidor.
Según el informe de KPMG Law, «El desafío del lavado verde, una revisión de las regulaciones internacionales en relación al greenwashing», las normativas en torno al tema están evolucionando en 25 jurisdicciones, lo que refleja una creciente preocupación global sobre la veracidad de las declaraciones ambientales corporativas.
El uso de términos como “sostenible”, “carbono neutral” o “cero residuos” ha proliferado en productos y servicios de diversas industrias, dice el documento al afirmar que muchas de estas declaraciones carecen de fundamentos verificables, lo que ha llevado a gobiernos, reguladores y consumidores a exigir mayor transparencia.
Según KPMG que las empresas que no respalden sus declaraciones con datos sólidos pueden enfrentar consecuencias reputacionales, regulatorias y litigios legales. Advierte que los sectores más expuestos al riesgo de greenwashing son: Petróleo y gas; Banca y servicios financieros ; Transporte y aerolíneas; y Bienes de consumo y moda.
Las empresas de estos rubros han sido objeto de un mayor escrutinio debido a la discrepancia entre sus mensajes ambientales y sus prácticas operacionales. Un dato revelador es que 40% de las afirmaciones verdes en la UE han sido calificadas como infundadas, mientras que el 53% son consideradas vagas o engañosas.
El informe analiza el marco regulatorio de 25 jurisdicciones y destaca la falta de una definición homogénea de greenwashing, lo que genera desafíos para su fiscalización y sanción efectiva. No obstante, algunas regiones han avanzado significativamente en la supervisión de estas prácticas:
Europa: regulación más estricta en camino
La Directiva de Reclamaciones Verdes de la UE busca prohibir el greenwashing mediante la introducción de un sistema de verificación externa para las declaraciones ambientales. Asimismo, la Directiva de Sostenibilidad Empresarial exige a las compañías evidenciar el impacto ambiental de sus operaciones con datos verificables.
En Alemania, por ejemplo, la supervisión financiera está reforzando sus controles sobre declaraciones de sostenibilidad en el sector bancario, mientras que en Francia, la Agencia de Medioambiente y Energía (ADEME) ha publicado guías estrictas contra el greenwashing.
Estados Unidos y Reino Unido: enfoques distintos
En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio (FTC) está revisando las Green Guides, un conjunto de pautas para evitar la publicidad engañosa sobre sostenibilidad. En Reino Unido, la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) ha adoptado medidas más estrictas para abordar afirmaciones ambientales en la industria de la moda.
Latinoamérica y Asia: avances incipientes pero crecientes
Chile y Brasil están avanzando con regulaciones para estandarizar el etiquetado ambiental, mientras que en Singapur y Australia, las autoridades financieras han comenzado a fiscalizar las declaraciones verdes en el sector financiero.
En Chile, el greenwashing no está regulado aún, pero está en discusión en la Cámara de Diputados. Hoy, de todas formas, puede ser sancionado bajo normas generales de protección al consumidor, competencia desleal y responsabilidad penal. La Ley Marco de Cambio Climático fomenta la transparencia ambiental. Aunque no hay una definición legal del término, entidades como ACAFI, SERNAC y el Ministerio del Medio Ambiente vigilan estas prácticas.
La audditora destaca que el greenwashing no solo genera desconfianza en los consumidores, sino que también expone a las empresas a tres grandes riesgos:
Estas son las medidas que, según el documento, deben tomar las empresas para evitar caer en prácticas engañosas:
✅ Substanciar cada afirmación verde con datos verificables.
✅ Implementar auditorías independientes para validar declaraciones ambientales.
✅ Adaptarse a las regulaciones específicas de cada jurisdicción.
✅ Capacitar equipos internos sobre normativas y mejores prácticas en comunicación ESG.
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