En calidad de “dormido” se encuentra el proyecto de Ley de Greenwashing, o lavado verde, que comenzó a tramitarse en la Cámara de Diputados en mayo del 2022. A pesar que en enero de este año pasó auspiciosamente al Senado, a segundo trámite legislativo, no avizora avances desde entonces. 

“La propuesta se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado, sin urgencia, ni patrocinio del Ejecutivo. No se ha demostrado un interés del gobierno para que siga avanzando”, afirma Pamela Poo Cifuentes, asesora parlamentaria, que ha estado involucrada activamente en el proyecto.

La iniciativa fue impulsada por Fundación Basura junto al diputado Félix González (Partido Ecologista Verde) para implementar medidas “serias y vinculantes”  y sancionar el lavado verde corporativo. “Hemos puesto presión, hablado con algunos senadores y asesores para que esto avance, pero también depende mucho de quién preside la Comisión”, afirma Tamara Ortega, directora ejecutiva de Fundación Basura.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, Sergio Gahona, reconoce que, aunque el proyecto está en agenda, otras iniciativas legislativas han exigido atención prioritaria. “Los miembros de la Comisión y el Ejecutivo han centrado sus esfuerzos en avanzar con proyectos de mayor urgencia, como la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) contemplada en la Ley 19.300, lo que ha requerido extensas jornadas de trabajo para alcanzar acuerdos”, admite el senador.

Agrega que además han estado concentrados en  temas como la regulación de vehículos motorizados en playas y dunas, y la normativa sobre el tratamiento de residuos peligrosos, que «también han sido prioritarios por su relevancia ambiental y social”, señala.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente prefieren no referirse al proyecto y reconocen que hoy la urgencia impuesta por la administración Boric la tiene la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y al SMA.

Según Pamela Poo dichas urgencias hacen difícil pensar que “el Greenwashing pueda verse en el Senado antes del segundo semestre de 2025”.

Trabajo externo

En medio de esta inactividad, Fundación Basura convocó a una un grupo de empresas, gremios y organizaciones del mundo civil y privadas, para buscar consensos que ayuden a destrabar la iniciativa.

Para Kyklos, una de las empresas que respalda ese trabajo, el mayor desafío de las compañías consiste en educar a sus equipos y sobre todo a quienes trabajan en marketing, procurar el correcto uso del lenguaje y asesorarse para comunicar correctamente.

“Vemos que la Ley, que si bien “duerme” en la Cámara, hay que tomarla como una oportunidad, para mejorar aquellos aspectos que vayan a apuntalar la educación e innovación en el mercado del reciclaje», plantea Sebastian Herceg, cofundador y director de asuntos corporativos de Kyklos.

Para Tomás Santa María, profesor e investigador del Centro de Sustentabilidad Empresarial de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD, el mayor desafío para las empresas será desarrollar capacidades de medición y trazabilidad de sus impactos ambientales y sociales, tanto en sus operaciones como a lo largo de su cadena de valor.  

“Es cierto que esta normativa implicaría un posible aumento en la carga administrativa y en sus costos asociados, pero aquellas empresas que ya están haciendo bien su trabajo, o se adelanten a la competencia, podrán aprovechar una ventaja competitiva y reputacional significativa. La normativa busca evitar la confusión y desinformación, promoviendo la innovación en productos más sustentables y permitiendo a los consumidores tomar decisiones informadas”, señala.

El proyecto

Según el proyecto de ley no podrán publicitarse como sustentables «las prácticas por cumplir las disposiciones legales y reglamentarias» o las medidas de «mitigación, reparación, compensación o compromisos voluntarios a los que se encuentra obligada la empresa de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente». 

Un Reglamento dictado por el Ministerio de Medio Ambiente, previa coordinación con el Ministerio de Economía, detallará los conceptos, adjetivos, indicadores, estándares y certificaciones respecto a la publicidad de sustentabilidad de las empresas.

Tampoco podrán hacer publicidad de este tipo cuando las empresas hayan sido condenadas por daño ambiental o sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente por infracciones graves o gravísimas. Tampoco las compañías, cuyos socios, accionistas, directores o gerentes hayan sido condenados por delitos de derechos humanos en asuntos ambientales y cuando hayan sido condenados por prácticas antisindicales o por vulneración de los derechos de sus trabajadores.

El proyecto de ley contempla sanciones de hasta 9.000 UTM y prohibición de emitir cualquier tipo de publicidad por un plazo de hasta cinco años.

Aquí pudes ver más detalles del proyecto https://www.esghoy.cl/ley-greenwashing-el-proyecto-que-busca-atacar-el-lavado-verde-en-chile/