El greenwashing o lavado verde es la práctica de hacer afirmaciones infundadas, falsas o engañosas sobre los beneficios ambientales de los productos e iniciativas de una empresa para atraer a clientes e inversionistas que priorizan la sostenibilidad.

Las compañías quieren parecer más respetuosas con el medio ambiente de lo que son, incluso cuando sus acciones no se ajustan a los estándares ambientales que promueven.

En ese contexto, es que por tercer año consecutivo la consultora suiza RepRisk analizó lo que está ocurriendo en las distintas empresas a nivel global. ¿Conclusión 2024? Por primera vez en seis años cayó (12%) el número de compañías acusadas, claro que los casos de alto riesgo aumentaron más de 30%.

La consultora determina la gravedad en función de las consecuencias del incidente, el alcance de su impacto y el grado en que el caso fue intencional y sistemático. «Los de alta gravedad muestran acciones intencionadas y sistemáticas para ocultar violaciones de ESG que resultan en consecuencias materiales», señala el estudio.

«La relación entre la retórica y la práctica de una empresa conlleva importantes riesgos reputacionales. A medida que las normas sobre prácticas de lavado de imagen se vuelven más estrictas y los consumidores e inversores cada vez emprenden más acciones legales, el problema se está volviendo más pronunciado», añade el informe.

Casi el 30% de las empresas vinculadas a greenwashing en 2022- 2023 fueron reincidentes en 2024. En la Unión Europea, los incidentes del sector financiero relacionados con el clima, disminuyeron un 20% en 2024, «probablemente a consecuencia de regulaciones más estrictas», precisa RepRisk.

El documento advierte que el año pasado, se registraron 1.841 incidentes de comunicación engañosa, 1.038 (56%) relacionados con cuestiones medioambientales. De las 3.868 empresas relacionadas con comunicación engañosa, 2.213 (57%) fueron por cuestiones medioambientales.

El 70% de los casos fueron empresas del sector privado. Igual que en los últimos seis años, los incidentes siguen siendo más frecuentes en Europa y América del Norte, seguidos de Asia y América Latina y el Caribe.

En el desglose sectorial, el documento revela que petróleo y gas representaron la mayor proporción de casos en 2024, seguido de alimentos y bebidas, y banca y servicios financieros. En términos de variación interanual, este último experimentó la mayor caída (27%), seguido de cerca por el comercio minorista, bienes personales y hogar, que disminuyeron más de 25%.

Alimentos y bebidas experimentó la menor caída interanual, con una reducción de solo 3%.

Lavado y regulación

A pesar del aumento sustancial de la gravedad de los casos de lavado de imagen en Europa y América del Norte, los datos de RepRisk muestran una disminución del 12% en el número total de empresas asociadas con el riesgo de lavado de imagen por primera vez desde 2019. Las empresas que cotizan en bolsa lideraron la tendencia, mostrando una reducción más pronunciada.

Aunque el número de incidentes de lavado de imagen sigue siendo significativamente mayor que los niveles anteriores a 2020, la reciente disminución «pone de relieve una creciente conciencia entre las empresas que el lavado de imagen es un delito material, lo que las impulsa a tomar medidas proactivas para mitigar su exposición», muestra el estudio..

Según Rep Risk, «es probable que la regulación haya desempeñado un papel importante en esta tendencia a la baja. La disminución del 20% de los incidentes en la UE coincidió con la introducción de una gran cantidad de nuevas regulaciones en los últimos 12 meses que han impulsado el movimiento regulatorio».

Detalla que la nueva Directiva de la UE sobre reivindicaciones medioambientales (GCD, por sus siglas en inglés) exige que las empresas respalden sus reivindicaciones medioambientales generales, como “neutralidad de carbono” o “fabricado con materiales reciclados”, con pruebas creíbles y metodologías fiables. El incumplimiento puede tener sanciones económicas de hasta el 4% de la facturación de una empresa. Además, la Directiva de la UE sobre empoderamiento de los consumidores, que rige desde marzo de 2024, prohíbe las reivindicaciones medioambientales vagas a menos que estén respaldadas por pruebas claras. También limita las etiquetas de sostenibilidad a las emitidas por autoridades públicas o basadas en sistemas de certificación aprobados.  Las reivindicaciones de neutralidad climática o de beneficios derivados de la compensación de carbono están estrictamente prohibidas.

En el Reino Unido, una nueva norma exige que las empresas puedan demostrar que sus productos y servicios cumplen realmente sus promesas medioambientales. Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación deben asegurarse de que sus declaraciones de sostenibilidad y medioambientales sean precisas y reflejen el impacto medioambiental de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

En Estados Unidos, las Guías Verdes, publicadas por la Comisión Federal de Comercio (FTC) desde 1992, también incluyen directrices para evitar declaraciones ambientales falsas o engañosas. Si bien no son jurídicamente vinculantes, forman la base para la aplicación de la normativa por parte de la FTC, con autoridad para imponer multas.  Entre los puntos clave se incluyen principios generales de veracidad y precisión, orientación específica sobre términos como «reciclable» y «biodegradable», y asesoramiento sobre la calificación de las declaraciones para evitar el engaño al consumidor. En marzo de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos creó un grupo de trabajo sobre ESG dirigido a los asesores de inversión por hacer declaraciones ESG engañosas y a los emisores por engañar a los inversores sobre los riesgos climáticos y la tecnología verde.

Aquí puedes leer el informe completo.