Paulina Sandoval Valdés es abogada de la U.Católica, magister en Derecho (LL.M) de la Universidad de Nueva York y en Asuntos Públicos (MPA) de Berkeley. Fue fiscal del Ministerio del Medio Ambiente entre 2018 y 2022 y lleva casi dos décadas dedicada al diseño e implementación de políticas públicas en materia ambiental y cambio climático, así como en la asesoría estratégica corporativa y el desarrollo de proyectos de inversión.

En esta entrevista con ESGHOY, le pedimos hablar de greenwashing, de los desafíos y riesgos a los que están expuestas las compañías y consumidores; del alcance y las preocupaciones que existen sobre el proyecto de ley actualmente en el Senado.

«El proyecto responde a una preocupación que se encuentra en línea con las legislaciones más avanzadas y que recoge algunos de sus aspectos», pero hay que «precisar» algunas «materias revelantes».

Cree, por ejemplo, que es necesario determinar «cuál es el interés que se quiere resguardar, ya que el proyecto no sólo se refiere a la protección de los consumidores sino que regula la publicidad de sustentabilidad, con un alcance mucho más amplio, lo que puede colisionar con otras normativas existentes, como lo que ocurre en materia de información al mercado por parte de empresas reguladas».

Dice que hay disposiciones que contienen prohibiciones para las empresas, respecto de conductas sobre las cuales no tienen control directo, «como la prohibición de realizar publicidad de sustentabilidad cuando un accionista ha cometido alguno de los delitos que se estiman contrarios a la finalidad del proyecto. Y por último, me parece que la magnitud de las sanciones y las restricciones que se imponen a los medios de comunicación debieran revisarse con mayor detalle».

Etapa inicial

¿Cuál es su evaluación sobre el lavado verde en Chile? ¿Es un fenómeno generalizado? ¿Cómo nos comparamos con prácticas de otros países?

Básicamente, el greenwashing consiste en realizar afirmaciones engañosas sobre las características ambientales de bienes o servicios, o sobre las operaciones de una empresa y sus impactos en el medio ambiente, que inducen a error a consumidores o al público en general. 

Si pensamos en una definición amplia, es difícil evaluar si el greenwashing corresponde a una práctica generalizada en Chile ya que el último estudio es del año 2016 y comprendía una muestra muy acotada. Por otra parte, estamos en una etapa bastante inicial si nos comparamos, por ejemplo, con la Unión Europea, donde existen estudios detallados al respecto y se ha legislado específicamente sobre esta materia. 

Agrega:

Sin embargo, yo diría que ahora hay más riesgos de caer en prácticas que pueden ser consideradas como greenwashing por dos razones. Primero, porque los consumidores demuestran cada vez más interés en asociarse a bienes que les permitan disminuir los impactos ambientales asociados a su consumo, pero al mismo tiempo no tienen información para identificar dichos atributos, tal como lo muestran varias encuestas. Y, segundo, porque la realización de afirmaciones ambientales es cada vez más frecuente ya que es una forma que las empresas tienen de diferenciarse de sus competidores. Asimismo, dichas afirmaciones han aumentado en el contexto de los compromisos climáticos o ambientales que están asumiendo las empresas y que han sido impulsados por las exigencias de reporte sobre aspectos no financieros, o el acceso a mercados más desarrollados. 

¿Qué diferencias observas entre este tipo de prácticas en Chile versus países desarrollados?

Las prácticas de greenwashing que podrían observarse en Chile en comparación con países desarrollados se diferencian principalmente en el tipo y complejidad de las afirmaciones que se realizan. Esto significa que a mayor nivel de desarrollo, mayores son las exigencias por parte de los reguladores, inversionistas, consumidores y el público en general, sobre el rol que deben cumplir las empresas en su relación con el medio ambiente y en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. De esta forma, y en la medida que avancemos en esas exigencias, las prácticas de greenwashing que podríamos observar en el país van a ser similares a las de los países desarrollados. 

Falta de información

¿Cuál es el impacto del greenwashing en la percepción pública sobre la sostenibilidad en Chile?

La principal tendencia que se ha identificado en Chile en materia de percepción pública sobre sustentabilidad y greenwashing es la falta de información. Según una encuesta sobre sustentabilidad y consumo que realizó el SERNAC el año 2022, la gran mayoría de las personas cree que no hay suficiente información sobre la sustentabilidad de los productos, no sabe dónde acceder a dicha información, no conoce certificaciones y no sabe identificar el greenwashing en la publicidad. A mi juicio, esta falta generalizada de información pasa principalmente por la falta de certificaciones o etiquetas validadas por la autoridad respecto de las características ambientales de bienes y servicios.

¿Y ves que pueda salir luego?

En cuanto a la viabilidad del proyecto, creo es importante involucrar en la discusión parlamentaria a los órganos del Estado competentes en materia de información de sustentabilidad, de manera que exista coordinación con la normativa existente y los esfuerzos que se están realizando, por ejemplo respecto del etiquetado de reciclabilidad o la taxonomía verde. Asimismo, creo que es necesario contar con la participación de los gremios empresariales ya que su aporte es relevante en la discusión de una regulación que permita sancionar a aquellas empresas cuyas afirmaciones ambientales no corresponden a la realidad y que pueden estar generando distorsiones de mercado.

Regular afirmaciones

¿Qué mecanismos de regulación y cumplimiento consideras esenciales para evitar el greenwashing en el mercado chileno?

A mi juicio, es esencial regular las afirmaciones ambientales cuyos destinatarios son los consumidores ya que es en esta materia donde se han identificado las mayores brechas, especialmente en cuanto a la falta de información. Asimismo, se debiera regular la realización de afirmaciones ambientales genéricas tales como “amigable con el medio ambiente”, “sustentable” o “ecológico”, de forma que si éstas no se encuentren vinculadas a un contenido claramente establecido no se puedan realizar. Por último, se requiere impulsar el desarrollo de certificaciones y etiquetado sobre criterios de sustentabilidad para lo cual el Ministerio del Medio Ambiente ya cuenta con atribuciones y cuya implementación se encuentra sujeta a la dictación de un reglamento que se encuentra pendiente.

¿Qué aspectos centrales debiese tener una autorregulación empresarial?

Me parece que lo más importante es contar con una política interna de divulgación de información de sustentabilidad que permita vincular lo que se comunica con la realización de acciones concretas, que puedan ser medibles y verificables. De esta forma, las empresas pueden establecer clara y transparentemente los criterios que guiarán su comunicación corporativa de sustentabilidad.

Debiera considerar los criterios que se recomiendan a nivel internacional tales como utilizar certificaciones reconocidas que permitan que la información que se entrega sea transparente, comparable, específica, basada en evidencia y que esté disponible públicamente. Asimismo, es necesario contar con una gobernanza interna que facilite la implementación y seguimiento de las políticas internas, lo que debiera materializarse no sólo a nivel de los órganos de gestión de las empresas sino que también de sus directorios. Por último, es recomendable contar con mecanismos de supervisión, monitoreo, verificación, reporte y auditoría respecto de las afirmaciones ambientales que se realizan, lo que dependiendo del tamaño de la compañía pueden ser tanto internos como externos.