El Ministerio de Economía publicó nuevas directrices de debida diligencia para micro, pequeñas y medianas empresas. La guía busca fortalecer la gestión preventiva frente a riesgos penales, medioambientales, de derechos humanos y de protección al consumidor.
En el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, el Gobierno chileno presentó la Guía de Debida Diligencia para Pymes 2025, un documento que entrega lineamientos prácticos para que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) puedan gestionar de manera preventiva los riesgos derivados de su actividad empresarial
El objetivo es que cuenten con herramientas para identificar impactos negativos potenciales sobre trabajadores, proveedores, clientes, consumidores, medio ambiente y comunidades, integrándolos en sus procesos de decisión y gestión.
La guía advierte que las empresas pueden ser sancionadas penalmente bajo la Ley 20.393, recientemente modificada por la Ley de Delitos Económicos y en ese contexto recomienda implementar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD), con protocolos internos, canales de denuncia, capacitación y asignación de responsables.
Las sanciones posibles van desde multas hasta la pérdida de personalidad jurídica.
El documento enfatiza que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) debe ser parte de la estrategia de las Pymes, integrando principios de ética empresarial, calidad de vida laboral, respeto al medio ambiente, compromiso con la comunidad y marketing responsable.
Destaca también la necesidad de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.
Las Pymes, en su rol de proveedoras, deben cumplir con la Ley 19.496, que obliga a entregar información veraz sobre precios, condiciones y garantías, evitar publicidad engañosa, respetar la garantía legal y asegurar contratos claros sin cláusulas abusivas. Además, el Estatuto Pyme (Ley 20.416) reconoce a las micro y pequeñas empresas como consumidoras, otorgándoles derechos como retracto, indemnización y protección frente a cláusulas abusivas.
Las Pymes deben evaluar sus impactos, mitigar externalidades negativas y cumplir regulaciones como la Ley REP, los planes de descontaminación o las normas de calidad y emisión. También recomienda adoptar sistemas de gestión ambiental bajo ISO 14001
El escrito enfatiza en la obligación de resguardar los derechos humanos en todas las operaciones y proveedores. Entre los riesgos detectados: discriminación, salarios bajo el mínimo legal, condiciones inseguras, trabajo forzoso o infantil. Chile ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT y, desde 2024, la Ley Karin exige protocolos contra el acoso laboral y sexual.
También aborda la nueva Ley 21.719 de protección de datos personales, que entrará en vigencia en 2026: Las Pymes deberán asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, adoptando medidas técnicas y organizativas para evitar filtraciones. La futura Agencia de Protección de Datos será la entidad fiscalizadora.
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