La medida busca simplificar las regulaciones y reforzar la competitividad del bloque. Con la nueva regulación, las empresas tendrán más plazo para identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente a lo largo de toda su cadena de suministro. Algunas pospondrán reportes hasta 2029.
El Parlamento Europeo aprobó el retraso de la implementación de dos pilares clave del marco regulatorio en sostenibilidad corporativa: las normas de diligencia debida y los requisitos de presentación de informes de sostenibilidad para empresas. La votación, con 531 votos a favor y 69 en contra, respalda la iniciativa de la Comisión Europea denominada “Detener el reloj”, que busca simplificar la regulación y reforzar la competitividad de la Unión Europea.
La Directiva de Diligencia Debida exige a las grandes empresas europeas identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda su cadena de suministro. Esta legislación forma parte de un esfuerzo mayor por fomentar una mayor responsabilidad corporativa y alinear los negocios con los principios del desarrollo sostenible.
Con la nueva resolución, los Estados miembros de la UE tendrán hasta el 26 de julio de 2027 para incorporar la directiva en su legislación nacional.
El Parlamento también respaldó un aplazamiento para los reportes de sostenibilidad, especialmente para las pymes grandes y las empresas que cotizan en bolsa, cuyas fechas de cumplimiento se extenderán a 2028 y 2029, respectivamente.
El retraso afecta la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), la cual busca aumentar la transparencia y la comparabilidad de la información ESG (ambiental, social y de gobernanza) a través de informes estandarizados.
El Consejo Europeo, que ya ha expresado su apoyo al nuevo calendario, deberá adoptar formalmente la propuesta para que se convierta en ley. En paralelo, el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo continuará con el proceso de revisión del contenido y el alcance de las reglas.
Se espera que las discusiones sobre la implementación de las normativas se reanuden con fuerza en 2026, a medida que las empresas comiencen a prepararse para los nuevos requisitos legales.
La Comisión Europea justificó el aplazamiento como una medida necesaria para reducir cargas administrativas sin debilitar los objetivos de sostenibilidad. “Se trata de cambios pragmáticos”, argumentaron desde Bruselas, haciendo énfasis en la necesidad de mantener el equilibrio entre la exigencia regulatoria y la competitividad económica.
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