El circuito se encuentra operativo en sus “cimientos” (principios de mercado) y parcialmente en su "estructura” (funcionamiento y estructura), mientras la “retroalimentación” (entorno y evaluación) continúa siendo la pieza más frágil", fue una de las principales conclusiones de la segunda versión del "Índice de Integridad en Gobiernos Corporativos", desarrollado por la UAI y Fundación Generación Empresarial.
Importantes hallazgos respecto a los principios de integridad en la gobernanza de las empresas arrojó la segunda versión del «Índice de Integridad en Gobiernos Corporativos», desarrollado por el Centro Futuros Empresariales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) en conjunto con Fundación Generación Empresarial.
El documento entrega un diagnóstico claro: las empresas chilenas han avanzado en la formalización de prácticas exigidas por la regulación, pero todavía muestran rezagos importantes en la incorporación de factores sociales y ambientales en su gestión estratégica.
«Existe un extendido uso de resguardos orientados a la prevención de situaciones de conflicto de interés, libre competencia y ética de mercado orientados a cumplir con la normativa con un enfoque procedimental robusto. Sin embargo, el camino hacia la integridad y la gestión responsable a nivel de estrategia permanece incompleto: el circuito
se encuentra operativo en sus “cimientos” (principios de mercado) y parcialmente en su “estructura” (funcionamiento y estructura), mientras la “retroalimentación” (entorno y evaluación) continúa siendo la pieza más frágil»
El estudio evaluó a 114 empresas —un 44% más que en la primera edición— considerando los principios de gobernanza corporativa de la OCDE actualizados en 2023, y midió tres dimensiones: principios de mercado, funcionamiento y estructura del directorio, y entorno y evaluación. El puntaje promedio global alcanzó 60 sobre 100, con solo un 21% de compañías bajo el umbral de 50 puntos.
La mejor evaluación recayó en la dimensión «Principios de Mercado» (25 de 33 puntos), que incluye transparencia, libre competencia y ética corporativa. En contraste, «Entorno y Evaluación» se ubicó en 15 de 33 puntos, ampliando la brecha entre ambas áreas de 15 a 18 puntos respecto de la primera medición. Este desbalance refleja lo que el informe denomina “madurez asimétrica”: las empresas han fortalecido los “cimientos” del cumplimiento normativo, pero siguen débiles en mecanismos de retroalimentación, evaluación socioambiental y diálogo con sus stakeholders.
Por ejemplo, aunque casi todas las firmas declaran códigos de ética y canales de denuncia, apenas un 33% integra metas socioambientales en la compensación del CEO y solo un 39% cuenta con comités de sostenibilidad.
Las empresas abiertas y reguladas obtuvieron un promedio de 67 puntos, frente a 56 puntos de las cerradas y 61 de las de propiedad pública o cooperativa. La supervisión bursátil y las obligaciones de divulgación parecen actuar como un “piso ético” que reduce la dispersión de resultados: mientras las abiertas se concentran entre 48 y 82 puntos, las cerradas exhiben tanto el mínimo (18) como el máximo (91) de la muestra.
Por sectores, **recursos naturales y energía**, junto con **manufactura y construcción**, lideraron con 63 puntos promedio, seguidos por comercio (61), servicios financieros (59) y servicios (promedio menor y mayor dispersión). Los rubros más expuestos a licencias ambientales y relaciones comunitarias muestran sistemas de integridad más desarrollados, mientras sectores con menor presión regulatoria tienden a rezagarse.
El informe destaca el impacto del “boom normativo” en Chile, impulsado por la Ley 21.595 sobre delitos económicos y ambientales, y las nuevas normas de la Comisión para el Mercado Financiero (NCG 385, 461 y 519). Casi la mitad de los encuestados percibe efectos positivos —como la estandarización sectorial y mejoras internas—, pero un porcentaje similar advierte que la sobrerregulación podría afectar la innovación y los resultados financieros.
Si bien estas reglas han elevado el estándar de compliance financiero-contable, su incidencia en la vinculación con el entorno y en las dimensiones socioambientales sigue siendo marginal. “Las empresas priorizan acciones internas o exigidas por ley, relegando el diálogo con los stakeholders a la autorregulación”, advierte el reporte.
El estudio vuelve a evidenciar la desconexión entre desempeño financiero y variables socioambientales. El 95% de las empresas reporta en detalle sus resultados financieros, pero menos de la mitad informa a los accionistas sobre desempeño o controversias socioambientales. La evaluación del CEO se concentra en métricas financieras (99%), clima laboral (72%) y reputación (65%), mientras impacto ambiental y relación con comunidades solo figuran en un tercio de los casos.
Las compañías con un enfoque estratégico en sostenibilidad —es decir, que invierten recursos para alcanzar altos estándares sociales y ambientales— superan el promedio del índice. En cambio, las que adoptan un enfoque meramente normativo o altruista, sin integración estratégica, tienden a obtener puntajes más bajos.
La UAI propone tres líneas de acción prioritarias para avanzar hacia una integridad corporativa más completa:
1. Profesionalizar los directorios: aumentar la diversidad, establecer sistemas de sucesión formales, contar con más directores independientes y realizar evaluaciones externas imparciales para mejorar la deliberación estratégica.
2. Equilibrar resultados económicos y sostenibilidad: integrar objetivos socioambientales en la estrategia de largo plazo, crear comités especializados y alinear incentivos ejecutivos con el desempeño en estas áreas.
3. Regulación movilizadora: avanzar en normas claras y factibles que promuevan mejores prácticas y no solo el cumplimiento básico, incentivando la adopción de estándares internacionales que fortalezcan la transparencia y la atracción de capital.
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