La sostenibilidad es social, dice el director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Juan Eduardo Ibáñez. «Para efecto de análisis se estudian los tres pilares, medioambiente, social y gobernanza», pero al final del día lo que importa, plantea, «es la relación de la empresa con la sociedad».

En este ESGLIVE, el abogado reconoce que durante muchos años «estuvimos muy centrados en la maximización de las utilidades» y evaluábamos las compañías con ese horizonte, «pero esa mirada se complejizó, en términos positivos» y ha llevado a que las empresas entiendan que «son un actor social relevante».

¿Esa es una ganancia que no tiene vuelta atrás en el mercado?

Nos enfocamos en las grandes empresas. Diría que más de la mitad de ellas en Chile, especialmente las que están abiertas a la bolsa, sí han integrado los factores de sostenibilidad en sus estrategias de largo plazo. Hoy es una preocupación del directorio, motivado por diferentes factores. Aparte de la reflexión interna, hay algunas normas que han ayudado, como la NCG 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que complejizó las memorias integradas y lleva al directorio a asumir una reportabilidad más compleja, transparentando los riesgos, y la gestión que hacen en los temas ambientales, sociales y de gobernanza.

Esto es positivo para las empresas. Les permite estar más atentas, ver áreas que tal vez estaban ocultas, puntos ciegos. Resulta una compañía más integrada, más conectada con su entorno, que aporta al desarrollo social y que, de esa manera, consigue legitimidad y la licencia para poder crecer. De hecho, si uno ve la última encuesta Cadem, la empresa privada aumenta su reputación en la ciudadanía, y eso no es gratuito. Ha habido un trabajo sistemático por mejorar su gestión con los grupos de interés. Lo que la empresa haga repercute en la sociedad y eso se está demostrando hoy con resultados positivos y eso es un trabajo que se viene haciendo de manera rigurosa en Chile desde hace varios años.

Sin gobernanza, no hay S

¿Cuál es hoy el mayor desafío en lo Social?

Separamos la sostenibilidad para efectos de análisis, pero se trata de temas integrados. Es difícil que una empresa aborde la S sin una buena gobernanza. El principal desafío a nivel de directorio es establecer un sistema de reportabilidad, de seguimiento y de estrategia para los temas sociales, que sea consistente con la estrategia de negocios y que no sea algo separado. Hoy, por ejemplo, hay desafíos importantes, como la nueva Ley de Delitos Económicos, que tiene a los directorios bastante preocupados, en términos de lo que es su responsabilidad y el alcance que pueda tener.

El gobierno está trabajando en un proyecto de ley sobre Debida Diligencia en Derechos Humanos. ¿Cuál es la evaluación que tienes al respecto?

Efectivamente el gobierno está trabajando en un proyecto en línea con lo que ha ido ocurriendo en otros países, sobre todo en Europa, pero tengo mis dudas respecto de la conveniencia y la oportunidad. En el diagnóstico, lo que vemos es que la gran empresa chilena, la que está abierta a Bolsa o las que están en el IPSA, están avanzando de manera bastante prudente, pero también de manera segura, en lo que se refiere a la incorporación de estos estándares internacionales que son soft law, que no son obligatorios , sino que voluntarios. Donde sí vemos que hay más dificultad es en las empresas del Estado, ese es un tema que deberíamos preocuparnos.

Añade:

Si uno hace el mapeo, la Corte Suprema tiene un informe respecto a los temas de empresa y derechos humanos y en Chile no hay muchos fallos que constaten la afectación de derechos fundamentales por parte de las empresas. Hay algunas en las zonas de sacrificio, hay por supuesto a veces prácticas antisindicales, o afectación de derechos de la mujer en el trabajo. Pero no es un práctica sistemática. La pregunta que uno tiene que hacerse es si es conveniente que esto se convierta en ley y para eso tiene que haber evidencia que demuestre que hay afectación grave de derechos fundamentales de parte del actuar empresarial que lo justifique, mi impresión es que no. Creo que los instrumentos que se han dictado en Chile, como la norma 461, favorece la transparencia del mercado, disponibiliza  información y eso nos permite, a la sociedad civil, las universidades, hacer un escrutinio más robusto del actuar de las empresas. Entonces por el momento vamos avanzando bien, obviamente hay brechas que superar, pero pareciera que va más de la mano de la opción de estándares soft law y de cumplimiento del marco legal que ya existe en Chile.

Chile está en medio de las dos grandes tendencias, por un lado Europa que lidera un sin número de regulaciones en torno a la sostenibilidad y Estados Unidos que opera de manera más autoregulada, ¿Dónde deberíamos estar?

El marco europeo es más rígido y tiende a tener más leyes, pero no hay que confundirse, porque en Estados Unidos las empresas tienen acciones concretas para respetar los derechos humanos. Lo que pasa es que los norteamericanos no son tan de establecerlo de manera obligatoria. Uno ve empresas, como Tesla, por ejemplo, donde Elon Musk habla contra los temas ESG, pero tiene una política súper robusta y cuando sale a enfrentar a los accionistas lo primero que hace es decir cómo están limpiando la cadena de suministro para probar que los minerales que utilizan para la construcción de sus automóviles no traen aparejada ninguna vulneración de derechos, desde el cobalto en el Congo, a otras materias primas. Entonces, los americanos quizás no hablan mucho del tema, pero las compañías tienen una cultura muy robusta de respetar los derechos fundamentales.  Hoy lo que sí vemos es que se han ido más por el cambio climático, nuevas normas de reportabilidad de la SEC en lo que se refiere a cómo eeste fenómeno impactará o no sus operaciones. 

Chile se debate un poco entre estos dos mundos, pero también hay que traer otros temas al análisis, como la competencia y la productividad. Uno efectivamente quiere que las empresas mejoren sus estándares, pero también necesitamos ver cómo hacemos que la economía sea más productiva, que se elimine la informalidad, entonces no debería ser solo un tema de normativa, sino que más amplio, ojalá que el ministerio de Economía y de Hacienda participen de este debate.

Análisis de materialidad

Hablábamos de la NGC 461, este es su segundo año, y hay algunas críticas que plantean que las empresas se pasan mucho tiempo para poder reportar, sin demasiado espacio para gestionar. ¿Cuál es tu evaluación de la norma?

Puede haber quedado un poco amplia en algunos temas, tiene cerca de 99 indicadores, que son complejos de llenar para las empresas, pero también son compañías sofisticadas, grandes, que tienen  los mecanismos y, al contrario, vemos que las empresas que están reportando hoy de mejor manera, gestionan mejor, ponen el foco, hacen el trabajo de reportabilidad. Incluso, muchas de ellas, señalan que ya desde la NGC 385, la norma que precedió a esta, les ayudó a identificar temas que podían no haber estado siendo cubiertos. 

Lo importante, y no hay que perderse ahí, es que la NCG 461 establece un análisis de materialidad, donde el directorio debe realizar un análisis para determinar cuáles son los temas más relevantes de acuerdo al mismo criterio que tiene la normativa de valores, es decir aquello que un inversionista razonable consideraría en su decisión de inversión. Si bien se pide mucha reportabilidad, no hay que perderse en que el directorio debe estar enfocado en aquellos temas que son materialmente relevantes. Hay una guía que es la que establece SASB (Sustainability Accounting Standards Board), el estándar que adoptó la 461, y uno ve que los directorios están gestionando de manera más robusta sus impactos sociales, ambientales y de gobernanza y eso es una noticia positiva para la empresa, para el mercado  y finalmente para el país, que ve que contribuyen de manera más decidida al bien común y al desarrollo sostenible.

Diagnóstico empresarial

Vamos al Segundo Diagnóstico Empresas y Derechos Humano que realizó el Programa de Sostenibilidad UC en alianza con la OIT, ¿se ven avances concretos?

El primer año sólo incorporamos empresas del IPSA, ahora  empresas públicas. Y lo interesante es que medimos como están gestionando y reportando los temas vinculados al respecto de los derechos fundamentales. Aplicamos para ello el marco adoptado por las Naciones Unidas que consiste en tres elementos fundamentales: compromiso político de la empresa a respetar los derechos fundamentales, a través de una declaración del directorio, que adscribe a los principales instrumentos de respeto a los derechos humanos del derechos internacional; proceso de debida diligencia, y en tercer lugar, la existencia de un mecanismo de reclamación y reparación para aquellos casos donde se hubiese producido un daño. Medimos las empresas en estas tres variables, cada una tiene una serie de indicadores. Lo que uno ve es que las  empresas han ido adoptando de manera prudente el marco. Cuando declara respetar los derechos humanos es información que entrega al mercado, por lo tanto tiene que ser veraz y demostrable. Me parece que las compañías lo han  hecho bien, en el sentido de acoger el marco e ir incorporarlo de manera paulatina en sus operaciones. Más de la mitad de las empresas del IPSA tienen  un compromiso expreso a respetar los derechos fundamentales. 

En materia de debida diligencia cae un poco a cerca de un tercio, esto es un proceso bien sofisticado, bien complejo que tiene un costo, no es muy distinto lo que esta ocurriendo en Europa, en países como España o Alemania. Se deben identificar potenciales impactos en materia de gestión de riesgo. Y en reclamación, cerca de un 40% tiene mecanismos, líneas de denuncias abiertas.

En general hoy en Chile vemos cerca de un 40% de cumplimiento de uno de los estándares más exigentes a nivel mundial, que ha sido diseñado por el Corporate Human Rights Benchmark. El resultado es positivo, las empresas están mejorando.

Ahora: Los proveedores

¿En algún minuto esto debe traspasarse a la cadena de valor, han evaluado eso?

Efectivamente las empresas están llamadas a hacerse cargo de la gestión de los derechos humanos en toda la cadena de suministro, no hemos mirado aún en el informe. 

¿Y cómo visualiza la situación de los proveedores?

Diría que hoy las empresas están asumiendo el desafío. En Chile el nivel de subcontratación es bastante alto, eso desde el punto de vista de la eficiencia es positivo, pues contratan a aquellos que son especialistas de un cierto tema, pero sucede que cuando una compañía tiene muchos contratistas, tiene que gestionar esa diversidad de cultura y es un desafío. La ley de contratación es bien exigente, en el sentido que la empresa mandante no puede dar instrucciones al contratista de cómo hacer su trabajo, porque si no estaría dentro de lo que se llama un vinculo de subordinación y dependencia. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma que de alguna manera pone en entredicho las normas actuales para ver como las cumplimos. La empresa quiere que el contratista haga su trabajo de acuerdo a su propio saber, pero también que respete su cultura.

Las empresas están pasando del contrato a la cultura. Están haciendo gestión cultural con los contratistas para se respete la seguridad ocupacional, la no discriminación, el respeto a la mujer. Este año hemos visto muchas empresas que están asumiendo ese desafío de transmitir  y transferir a otros la cultura. Es bien interesante. 

Aquí puedes leer el Segundo Diágnóstico Empresas Derechos Humanos, Chile 2023.