Como un compromiso para «promover prácticas que aminoren su impacto en el entorno», calificó el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, el trabajo que está realizando el poder judicial  entemas  sociales, económicos y ambientales, como lo advierte en su reporte de sostenibilidad 2023.

Esta es la cuarta versión del informe, elaborado por una agencia externa bajo los parámetros del Global Reporting Iniciative (GRI), y analiza el desempeño de la institución durante 2021 y 2022 de acuerdo a los compromisos asumidos por el gobierno en el protocolo de Kyoto y la Agenda de Sostenibilidad al 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Este reporte da cuenta de nuestro interés por conocer las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades  y de declarar nuestros compromisos en sus diferentes dimensiones”, precisa Fuentes en la introducción del documento.

Trabajo del comité

«Tenemos el convencimiento que las personas, las comunidades y cuidado del medioambiente son fundamentales en el desarrollo de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. Hemos impulsado acciones, orientadas a promover la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, de manera de avanzar en áreas estratégicas como gobernanza, tecnología, personas y ambiente en sintonía con el plan estratégico del poder judicial al 2030», detalla el director de la Corporación Administrativa, Ricardo Guzmán.

Según el poder judicial el compromiso es avanzar en reducir los impactos en el planeta y reforzar el compromiso con las nuevas generaciones. «Estamos trabajando por modernizar y digitalizar la justicia en todos sus aspectos, gracias a la incorporación de nueva y mejor tecnología en todos los trámites y procesos judiciales. Estamos conscientes que estamos avanzando y que queda aún mucho camino por recorrer», explica Guzmán.

En 2019 se creó el Comité de Sostenibilidad, liderado por el ministro de la Corte Suprema, Jorge Dahm, cuya primera tarea fue elaborar, precisamente, la política de sostenibilidad  que establece cinco pilares claves dentro de su política, de modo de avanzar de forma significativa en la eficiencia energética, uso eficiente de los recursos materiales como el agua y papel y el manejo sustentable de los residuos. Destaca la adhesión en mayo de 2019 al programa Estado Verde, promovido por el ministerio del Medio Ambiente.

El  reporte determinó como uno de sus temas materiales, la sostenibilidad ambiental, considerando que registra de manera transversal impactos positivos reales y potenciales, sobre la economía, el medio ambiente y las personas, incluidos los impactos sobre los derechos humanos.

A través de Huella Chile, el poder judicial inició los procesos para la medición de su huella de carbono, levantando información sobre el consumo de papel, agua, electricidad, toners y combustible. Inició campañas sobre el mejor uso de los recursos y charlas internas, realizadas por el ministerio de Medio Ambiente,  en temas de reciclaje, uso del plástico, ahorro de energía y cambio climático. También se elaboró un manual de reciclaje y se retomaron alianzas con ChilENTER, Fundación Tierra Viva, Fundación San José, Upcycling, MyWay, entre otras, para promover el reciclaje de papel, residuos tecnológicos, textiles y otros.

Desde el 2021 todos los tribunales y centros de justicia del país cuentan con altos estándares de calidad, accesibilidad y sustentabilidad,  desde su diseño.  Se extendió el convenio de energías renovables a nuevos tribunales, sumándose más de 67 al uso de energías limpias generadas por plantas fotovoltaicas gracias a la alianza con Acciona.

El poder judicial destaca también la existencia de una  flota de cuatro buses que recorre el norte, centro y sur del país entregando orientación, servicios judiciales y trámites que no requieren presencia de abogados, además de firmar convenios con distintas instituciones para optimizar el servicio.

Aquí puedes leer el reporte completo.