«Por un lado, observamos un incremento en las demandas y regulaciones que impulsan prácticas ESG más robustas. Por otro, enfrentamos un creciente escepticismo y «backlash» contra lo que algunos perciben como una agenda excesivamente politizada o desconectada de los objetivos fundamentales de las empresas», señala Enrione..
El Índice de Preparación de Directorios (BRI, por sus siglas en inglés) en empresas chilenas arroja una leve disminución general, pasando de 68 a 65 puntos entre 2022 y 2024, pero «las capacidades y el despliegue de prácticas ESG han aumentado (de 67 a 74 y de 70 a 73 puntos, respectivamente), mientras que la conciencia ha experimentado una caída significativa (de 65 a 58 puntos)», explica.
Según Enrione esta paradoja se acentúa aún más «cuando observamos que las empresas que han adoptado la NCGº 461 , ya sea de manera obligatoria o voluntaria, muestran un desempeño significativamente mejor en todas las dimensiones del índice BRI, especialmente en la dimensión de conciencia».
«Por un lado, vemos un aumento en la litigación y el activismo que impulsa una mayor acción en temas de sostenibilidad. Por otro, observamos una creciente resistencia y escepticismo, manifestados en retiros de coaliciones climáticas, desafíos regulatorios y propuestas anti-ESG». Y ejemplifica con una serie de casos concretos que «proporcionan un contexto valioso para entender la paradoja que observamos en Chile»:
- Litigación y Activismo: En abril de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que los esfuerzos de Suiza para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones han sido deficientes hasta el punto de violar el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Este caso marca la primera vez que el TEDH se pronuncia sobre un caso de cambio climático, sentando un precedente significativo.
- Desafíos a las OPV: En el Reino Unido, ClientEarth cuestionó la aprobación por parte de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del prospecto de Ithaca Energy, alegando omisiones relacionadas con los riesgos financieros climáticos. Aunque el desafío fue desestimado, el caso subraya la creciente atención a la divulgación de riesgos climáticos en las ofertas públicas iniciales.
- Activismo Accionarial: En la junta general anual de Shell en mayo de 2024, un grupo de inversores respaldó una resolución que pedía a la empresa alinear sus objetivos de reducción de emisiones a medio plazo con el Acuerdo de París. Aunque la resolución fracasó, el hecho destaca la persistencia de los inversores activistas en buscar apoyo para resoluciones que desafían a las empresas en sus objetivos de cambio climático.
- Contramovimientos: En Estados Unidos, varias instituciones financieras líderes se retiraron de Climate Action 100+, una coalición internacional de gestores de dinero comprometidos a alentar a las grandes empresas a abordar los problemas climáticos. Además, alrededor de 500 empresas no cumplieron con el plazo de dos años de Science Based Targets initiative (SBTi) para validar sus estrategias y objetivos climáticos, lo que resultó en la eliminación de su estatus de «compromiso» en el sitio web de SBTi.
- Desafíos Regulatorios: La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha enfrentado una ola de litigios, incluyendo demandas de empresas y estados liderados por republicanos, tras su regla de marzo de 2024 que requiere que las empresas públicas más grandes divulguen las emisiones materiales de Alcance 1 y Alcance 2. Estos litigios argumentan que la regulación excede la autoridad otorgada a la SEC por el Congreso.
- Propuestas Anti-ESG: Las propuestas anti-ESG en las juntas de accionistas de 2024 aumentaron en un 66% respecto a 2023. Estas incluyen limitaciones a iniciativas ecológicas, propuestas para minimizar enfoques de diversidad en directorios, demandas para evitar reportes detallados de sostenibilidad, y restricciones en el uso de métricas ESG en la toma de decisiones corporativas.
El experto añade que en Chile, la implementación de la NCG461 parece estar jugando un papel crucial, impulsando una mayor conciencia y acción en temas de sostenibilidad, pero al mismo tiempo genera preocupación sobre la calidad y los riesgos asociados a la divulgación de esta información.
El estudio revela que casi un 30% de los encuestados no está seguro de la confiabilidad de la información utilizada para construir los indicadores y métricas ESG, mientras que un 36% cree que la divulgación de estas métricas conlleva riesgos legales. Además, el 42% indica que no cuentan con los procesos internos adecuados para recopilar estas métricas, y en el 59% de los casos, estas no son auditadas por terceros independientes.
Estos hallazgos sugieren que, si bien las empresas chilenas están avanzando en la implementación de prácticas ESG, posiblemente impulsadas por presiones regulatorias y de mercado, existe una creciente cautela y escepticismo a nivel de directorio. Esta tensión refleja el debate global sobre el papel de las empresas en la sociedad y la forma en que deben abordar los desafíos ambientales y sociales, precisa.
