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22/09

La polémica ley del gobernador de Florida

Ron DeSantis prohibió a bancos, tarjetas de crédito y financiadoras en general, discriminar a los clientes por sus creencias religiosas, políticas o sociales, garantizando que todas las decisiones de inversión sean sustentadas en factores pecuniarios, además de prohibir las consideración de factores ESG para tomar decisiones de orden financiero.

Luchar contra la normativa ESG ha sido para Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, una bandera de lucha y con ese fin no solo estampó su firma en una ley que restringe la conservación del planeta desde el sector corporativo, sino que también se ha convertido en el abanderado de una alianza de gobernadores republicanos para “proteger a las personas de la ideología woke y las normativas ESG”, a las que considera una amenaza para la economía de Estados Unidos.

La polémica ley prohíbe a bancos, tarjetas de crédito y financiadoras en general a discriminar a los clientes por sus creencias religiosas, políticas o sociales, garantizar que todas las decisiones de inversión sean sustentadas en factores pecuniarios y prohibir la consideración de factores ESG para tomar decisiones de orden financiero. Estas medidas contradicen todo el conjunto de normas que vienen siendo aplicadas a escala global, con la idea de apuntalar el cuidado del ambiente y el armamentismo, entre otros puntos.

Analistas, inversores y financistas han objetado la ley, que es vista desde los grandes centros financieros como una medida más política aunque, en la práctica, ha sido acatada por los sectores involucrados, quizás temerosos de perder una de las plazas económicas más importantes de Estados Unidos. Solo en presupuesto administrativo para este año, Florida maneja más de US$ 115 mil millones.

Qué dice la ley

Enmarcada en un conjunto de leyes que buscan consolidar los criterios republicanos en el plano económico, la norma, motivada por el «activismo gubernamental y corporativo» prohíbe cualquier asomo de involucrar los lineamientos ESG (siglas en inglés de environmentalsocial governance), asegurando que van en contra de los intereses no solo del gobierno federal, sino de los contribuyentes floridanos, por restarles posibilidades de obtener mejores rendimientos en inversiones gubernamentales y personales.

Entre otras cosas, los aspectos más destacados de la ley son:

  • Prohibir a los gestores de fondos de la Junta Estatal de Administración (SBA) que consideren los factores ESG al invertir el dinero del Estado.
  • Prohibir el uso de factores ESG por parte de los gobiernos estatales y locales al emitir bonos.
  • Prohibir que las agencias de calificación utilicen estos criterios para calificar los bonos del emisor.
  • Prohibir a todas las entidades estatales y locales considerar o dar preferencia a los criterios ESG como parte del proceso de adquisición y contratación.
  • Prohibir a los bancos que participan en activismo corporativo mantener depósitos públicos como Depositarios Públicos Calificados (QPD).
  • Prohibir a las instituciones financieras discriminar a los clientes por sus creencias religiosas, políticas o sociales, incluido su apoyo para asegurar la frontera, poseer un arma de fuego y aumentar la independencia energética.
  • Prohibir que el sector financiero considere las llamadas “Puntuaciones de Crédito Social” en las prácticas bancarias y crediticias que tienen como objetivo impedir que los floridanos obtengan préstamos, líneas de crédito y cuentas bancarias.
  • Ordenar al fiscal general, al director financiero y al comisionado de regulación financiera estatal que hagan cumplir estas disposiciones con todo el peso de la ley, so pena de acciones pecuniarias.

 

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