El proyecto de ley que fortalece la institucionalidad ambiental y mejora su eficiencia, modifica de manera relevante la autoridad encargada de calificar los proyectos sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). Para proyectos regionales elimina la figura de la Comisión de Evaluación, dejando la calificación de proyectos en manos del Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), mantiene al Director Ejecutivo para proyectos interregionales y elimina la instancia del Comité de Ministros, dejando en manos del Director Ejecutivo del SEA el conocimiento del nuevo recurso único de reclamación administrativo.

Según el socio de Moreno, Sáez & Avilés Abogados, Andrés Sáez, si bien «es una modificación necesaria y correcta, en el sentido de atenuar el componente político en la toma de decisiones de calificación de proyectos, la iniciativa podría incorporar mejoras en la gobernanza del SEA, que contribuyan a que las autoridades puedan desempeñar de mejor modo sus labores».

¿Razón? Si bien el Director Ejecutivo y los Directores Regionales continuarán sujetos al Sistema de Alta Dirección Pública, «no cuentan con garantías de inamovilidad acordes a las nuevas funciones que se les asignan y que contribuyan a su carácter técnico, evitando ser objeto de presiones indebidas de parte de múltiples grupos de interés que inciden en la evaluación de proyectos».

El experto propone que la modificación legal «podría ser incorporar elementos para el nombramiento y causales específicas de cese de funciones, siguiendo un esquema similar al utilizado, por ejemplo, para el Fiscal Nacional Económico».