El mundo está dejando atrás la lógica de "reputación o compromiso voluntario" y asume transformaciones estructurales que afectan la manera en que se miden las emisiones, gestionan sustancias químicas, se protege a los trabajadores y se utilizan tecnologías como la IA.
Desde el endurecimiento de las normas climáticas y químicas hasta la regulación de la inteligencia artificial en el trabajo, 2025 se consolidó como un año bisagra en materia ESG y el 2026 será el punto en que estas transformaciones se volverán plenamente exigibles para las empresas, con impactos directos en cumplimiento normativo, costos, gobernanza y gestión de riesgos.
Así lo plantea el informe «Global Trends Set to Shape Compliance in 2026», elaborado por Enhesa, la firma europea de inteligencia regulatoria con cobertura en más de 170 países, incluido Chile, que analiza los principales cambios normativos que ya están redefiniendo la agenda ambiental, social y de gobernanza a nivel global, y cuyos efectos se sentirán con fuerza este año.
El documento advierte que no se trata de ajustes marginales, sino de transformaciones estructurales que afectan la manera en que las empresas miden emisiones, gestionan sustancias químicas, protegen a sus trabajadores y utilizan tecnologías como la inteligencia artificial. En este contexto, la sostenibilidad deja de ser un área aislada para convertirse en un eje central de cumplimiento, riesgo legal y continuidad del negocio.
El escenario regulatorio global está dejando atrás la lógica de «ejercicio de reportes, reputación o compromiso voluntario» , las empresas enfrentan un entorno normativo más denso, fragmentado y exigente, que obliga a pasar del discurso a la acción.
Uno de los ejes centrales del informe es el fortalecimiento de las normas de monitoreo y reporte de emisiones, especialmente en Europa. La Unión Europea continúa avanzando hacia sus metas climáticas de largo plazo, neutralidad al 2050 y reducción del 55% de emisiones al 2030, reforzando instrumentos como el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) y ampliando las obligaciones de reporte para las empresas que operan en su territorio.
En 2024 y 2025 se introdujeron modificaciones clave al reglamento de monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero, que obligan a reportar actividades indirectamente asociadas a las instalaciones, a diferenciar fracciones de carbono en los combustibles y a incorporar el uso de combustibles alternativos en la aviación. Estos cambios, aunque técnicos, tienen implicancias operativas relevantes: requieren sistemas de medición más robustos, mayor trazabilidad y una coordinación más estrecha entre áreas técnicas, financieras y de cumplimiento.
A ello se suma el reordenamiento de los plazos de reporte bajo directivas como la CSRD y la CSDDD, impulsado por el llamado paquete «Omnibus I». Si bien estas modificaciones alivian parcialmente la presión de corto plazo, el informe advierte que no implican una relajación de las exigencias, sino una reprogramación que exige a las empresas revisar sus hojas de ruta, especialmente en materia de debida diligencia en la cadena de suministro
En contraste con Europa, el panorama estadounidense aparece marcado por la divergencia. Mientras la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció en 2025 una agenda de desregulación a nivel federal, varios estados han decidido avanzar por cuenta propia en materias climáticas, laborales y de divulgación ESG.
El informe destaca leyes como el Climate Superfund Act de Vermont, que busca responsabilizar financieramente a las empresas de combustibles fósiles por los daños asociados al cambio climático, o las iniciativas de California, Colorado y Nueva Jersey para exigir reportes de emisiones de alcance 1, 2 y 3 a grandes compañías.
Este escenario plantea un desafío adicional para las empresas con operaciones en múltiples estados: la necesidad de gestionar un mosaico regulatorio complejo, donde el cumplimiento ya no puede abordarse solo desde una lógica federal. Según Enhesa, incluso en un contexto de menor exigencia nacional, las compañías deberán mantener altos estándares de preparación para responder a normativas estatales cada vez más estrictas, especialmente en divulgación climática y protección laboral.
La región Asia-Pacífico también muestra avances significativos, aunque con enfoques distintos. China, Japón y Australia están reforzando sus marcos regulatorios para avanzar hacia la neutralidad de carbono, con especial énfasis en sectores intensivos en emisiones como acero, cemento, química y manufactura.
China, por ejemplo, está avanzando hacia un sistema de control de emisiones basado en volúmenes totales, mientras prepara la incorporación de nuevas industrias a su mercado nacional de carbono. Japón, en tanto, avanza en la regulación del almacenamiento y captura de carbono, con exigencias que comenzarán a aplicarse de manera progresiva desde 2025
El documento dice que, en esta región, el foco está puesto en la estandarización técnica y en el control operacional, lo que implica mayores exigencias de reporte, permisos y monitoreo para las empresas industriales que operan o exportan hacia estos mercados.
El nuevo mapa de riesgos y oportunidades que marcará el mundo corporativo en 2026
El estudio también identifica un fortalecimiento de las normas de protección laboral, tanto en exposición a sustancias peligrosas como en condiciones de trabajo. En la Unión Europea, nuevas directivas reducen los límites de exposición ocupacional al plomo y a los diisocianatos, y refuerzan la protección frente al asbesto, con plazos de transposición que culminan entre 2025 y 2026. Paralelamente, surgen regulaciones vinculadas al teletrabajo, el derecho a la desconexión y la prevención del estrés laboral, como ya ocurre en países como Austria y Bulgaria. En Estados Unidos, el foco está puesto en la prevención de enfermedades por calor y en la regulación del acoso laboral, con propuestas que obligarían a las empresas a establecer políticas formales, canales de denuncia y procedimientos de investigación.
Estos avances reflejan un cambio de enfoque: la sostenibilidad social deja de centrarse solo en diversidad o beneficios, para incorporar con fuerza la salud, la seguridad y el bienestar como obligaciones legales y operativas.
La inteligencia artificial figura como un nuevo frente regulatorio en el ámbito ESG. La entrada en vigor de la Ley de IA de la Unión Europea, la primera normativa integral de este tipo a nivel global, marca un punto de inflexión. Su enfoque basado en riesgos impone obligaciones diferenciadas según el uso de la tecnología, con especial atención a los sistemas aplicados en decisiones laborales, como contratación, evaluación o promoción
En Estados Unidos, aunque no existe una ley federal, varios estados están avanzando con regulaciones específicas que buscan evitar la discriminación algorítmica y exigir supervisión humana. En Asia-Pacífico, países como Japón y Hong Kong están incorporando la IA en marcos regulatorios existentes, poniendo énfasis en su impacto ambiental, energético y social.
Para Enhesa, la conclusión es clara: la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta de eficiencia, sino un riesgo regulatorio que debe ser gestionado con criterios de gobernanza, transparencia y capacitación interna.
Más allá de las diferencias regionales, el informe converge en una idea central: 2026 marcará el inicio de un nuevo ciclo de exigencia en sostenibilidad corporativa. Las empresas que no anticipen estos cambios enfrentarán mayores riesgos legales, operativos y reputacionales, mientras que aquellas que integren el cumplimiento ESG en su estrategia podrán navegar con mayor resiliencia un entorno regulatorio cada vez más complejo.
La sostenibilidad, en este contexto, deja de ser una narrativa aspiracional para convertirse en una condición básica de operación. Y el desafío ya no es solo entender la norma, sino traducirla en decisiones concretas, procesos internos y modelos de negocio capaces de adaptarse a un mundo que, definitivamente, cambió las reglas del juego.
2026: el año que la sostenibilidad deja de ser un problema ambiental
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Por:
Catalina Allendes E.
