A un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, la Achs y la Fundación Carlos Vial Espantoso presentaron un detallado informe elaborado por el Consejo Consultivo Ley Karin, una instancia transversal conformada por 16 representantes del mundo público, empresarial, sindical, académico y legal, que se reunió periódicamente desde noviembre de 2024 con el objetivo de reflexionar, identificar brechas y proponer medidas para mejorar la implementación de la ley.
El informe identifica los principales nudos críticos, los avances y también entrega recomendaciones normativas, operativas y de gestión que apuntan a robustecer la ley y garantizar mejores condiciones para empleadores y trabajadores.
El decálogo de los desafíos
Si bien se han registrado avances relevantes en la implementación de la ley, existen varios nudos críticos que dificultan su plena efectividad. Entre los principales desafíos, el Consejo destaca los siguientes:
- Retrasos en la tramitación de denuncias por parte de la Dirección del Trabajo, lo cual impacta en la eficiencia del sistema.
- Dificultades en la aplicación sostenida de las medidas de resguardo, afectando la protección de las víctimas.
- Ambigüedad normativa respecto a las personas con facultades de representación, lo que genera incertidumbre en los procedimientos.
- Vacíos legales en situaciones de violencia ejercida por terceros, que limitan la respuesta institucional.
- La existencia de procesos de denuncia que no cuentan con criterios claros de admisibilidad y priorización.
- La necesidad de certificar y garantizar la autonomía y legitimidad de las investigaciones realizadas por empresas o entidades independientes.
- La insuficiente diferenciación y formulación de protocolos sectoriales para abordar violencia por terceros.
- La falta de capacitación en técnicas de desescalada y manejo de conflictos en distintos actores.
- La necesidad de fortalecer mecanismos que aseguren el uso ético y responsable del sistema de denuncias.
- La carencia de sistemas eficientes de trazabilidad y monitoreo, incluyendo la propuesta de un Observatorio Nacional para supervisar y sistematizar la información sobre la implementación y resultados de la ley, así como potenciar la mejora continua.
Este diagnóstico refleja que, aunque hay avances, todavía existen áreas críticas que requieren atención para garantizar una implementación efectiva y oportuna de la Ley Karin.