Como un «verdadero desafío» califican expertos la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que entró en vigencia de manera escalonada el 2023. Tras dos años, los datos del Barómetro Cadem-ReSimple 2025 muestran que solo el 30% de los chilenos recicla semanalmente, apenas 4 puntos más que en 2024. La recuperación de cartón subió 2.2%, el vidrio 0.9% y el PET cayó -10.9%.

El problema, además, es que el 56,6% del reciclaje ocurre fuera del sistema REP oficial, más de 366 mil toneladas que gestores locales ya recuperaban simplemente no se contabilizan.

«Estamos capturando lo que ya funcionaba en vez de construir lo nuevo que falta. Los recursos existen, pero el diseño del sistema no los está traduciendo en impacto ambiental real», dice Antonia Bigs, Gerente General de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).

«En Chile hay avances (PROs operativos y metas claras), pero falta profundizar la coordinación municipal-PRO, estandarizar datos y escalar pilotos de reutilización y orgánicos en eventos, comercios y escuelas. Con reglas claras e indicadores compartidos, la colaboración se traduce en impacto medible de corto plazo”, señala José Manuel Moller, Ceo de Common House.

Este año, se incorporaron los Textiles como el séptimo producto prioritario, lo que ha obligado a nuevos  productores registrarse y anticipar futuras metas de valorización. También se aprobaron las metas definitivas para Pilas y Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE/RAEE), estableciendo un calendario progresivo y exigente de recolección para estos residuos complejos. 

Operacionalmente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) implementó completamente el SISREP, una plataforma digital esencial que garantiza la trazabilidad de los residuos y exige a los Sistemas de Gestión y productores el reporte estricto y periódico de volúmenes y cumplimiento de metas.

Los obstáculos

¿Qué falta? Quienes conocen la operación hablan de falta infraestructura suficiente a nivel nacional; poca cultura ciudadana (separación en origen), y el lento avance en la formalización de recicladores de base, quienes son clave para que el sistema funcione. Mencionan además las brechas entre municipios urbanos y rurales.  Se suma, además, la complejidad de implementar sistemas de trazabilidad y fiscalización eficientes, la necesidad que las empresas cumplan de manera real y no solo declarativa sus obligaciones.

Si no se ponen más incentivos a la reducción, la reutilización y la innovación en los envases desde su diseño, agregan, el sistema corre el riesgo de volverse costoso o ineficiente sin generar una verdadera economía circular.

Para Antonia Bigs, el sistema actual incentiva reciclar por toneladas recuperadas y no por cobertura domiciliaria, lo que favorece el material industrial ya reciclado en lugar de desarrollar recolección casa por casa.

Dice también que la falta de trazabilidad permite «blanquear» residuos, haciendo pasar material industrial por domiciliario sin impacto real. También existe competencia desleal por reglas dispares y poca transparencia. Todo esto ocurre mientras el 40% de los residuos va a rellenos que se saturarán en menos de cinco años. 

«Por eso, es urgente ajustar el Decreto Supremo 12, establece metas de recolección y valorización para residuos de envases y embalajes, dentro de la Ley REP antes de 2028, ya que el quinto año es decisivo para determinar si el sistema avanza o se estanca», afirma.

Para María José Ureta, Gerente de Economía Circular de GIRO, uno de los Sistemas de Gestión Colectivos que actualmente cuenta con 435 empresas socias para el cumplimiento de las metas, uno de los grandes desafíos y trabas en la implementación de la Ley REP ha sido precisamente la baja participación.

«En un año gestionamos 3.800 toneladas de materiales reciclables, experiencia que nos enseñó que la colaboración con los municipios es la piedra angular del éxito», comenta.

Ley REP: ¿Una ley fallida?

Desde la comuna

La experiencia acumulada en las municipalidades evidencia que la aplicación de la Ley REP ha tenido un desarrollo desigual: la normativa no logra recoger en plenitud las particularidades de cada comuna debido a, por ejemplo, sus capacidades operativas y/o contextos socioeconómicos, dice Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

A eso se suma la falta de recursos asignados a las municipalidades para promover procesos de difusión y formación ciudadana y a que, por razones de escala o volumen, algunos intermediarios del sistema priorizan su acción en determinadas zonas o tipos de municipios, afectando su efectividad en las comunas más pequeñas y vulnerables. 

«Creemos que resulta necesario revisar ciertos aspectos de la normativa con el fin de hacerla más inclusiva. Como asociación creemos que se debe articular de mejor manera a los actores que históricamente han participado del reciclaje. Nos referimos a los recicladores de base, integrando sus capacidades al sistema en lugar de marginarlas por criterios excesivamente rígidos. La meta debe ser sumar esfuerzos que fortalezcan la trazabilidad y la recuperación de residuos», sentencia el Alcalde de Zapallar.

Y añade:

«Un punto esencial es fortalecer los flujos de coordinación, cooperación y comunicación entre los sistemas de gestión, las autoridades ambientales, los municipios y las propias comunidades y porque sólo de esa forma podremos consolidar la Ley REP como una herramienta realmente transformadora para la gestión ambiental del país”, agrega.

El panorama internacional

Europa como pionero, con países como Alemania y Suecia, ha implementado sistemas de depósito y reembolso (DRS) para envases, además de la expansión de la recolección separada de orgánicos para cumplir metas de desvío de relleno sanitario, tal como ocurre en Italia y España.

En LATAM el proceso está comenzando: Chile ha sido pionero y se ven avances en Colombia, Brasil y Perú, además de iniciativas subnacionales en México y Argentina.

“Muchas normativas incluyendo la Ley REP en Chile, siguen demasiado centradas en “reciclar lo que ya se generó” en vez de evitar el residuo. Por eso, junto a Oceana venimos trabajando hace años, y hemos presentado propuestas al Ministerio de Medio Ambiente, para incorporar metas de reutilización  tal como lo hizo Francia, alineando la jerarquía de residuos con objetivos de prevención y envases reutilizables», señala José Manuel Moller.

Ley REP: El cambio de paradigma que requiere tiempo, inversión y colaboración para avanzar

Esto, en línea con la hoja de ruta de la ONU Medio Ambiente para gobiernos y empresas que busca hacer frente a la contaminación por plásticos. Según el estudio de 2023, es posible reducirla hasta en un 80% de aquí a 2040 si se adoptan cambios políticos y de mercado profundos.

Según el estudio, además de reciclar, el reorientar y diversificar, así como reutilizar, se vuelven claves para obtener resultados, lo que en conjunto, supondría un ahorro de US$ 1,27 billones, teniendo en cuenta costos e ingresos por reciclaje.

«En un contexto regulatorio y global cada vez más exigente, la capacidad de convocar a distintos sectores (industria, sector público y sociedad civil) para definir un norte común hacia el 2030 es un ejercicio de alto valor estratégico y una señal de liderazgo a nivel país», concluye María José Ureta.