En los últimos años, se ha hablado mucho sobre el impacto que tiene la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) en las empresas, pero muy poco sobre cómo esta normativa sigue desalineada con el rol del consumidor.

El problema está en su origen: la ley fue concebida desde una lógica eminentemente industrial y regulatoria, pero sin incorporar una mirada profunda sobre la economía circular desde el comportamiento y las capacidades de las personas. Es decir, cómo se integrarían en este proceso desde el ámbito práctico. 

Desde la perspectiva del consumidor, la Ley REP enfrenta tres grandes desafíos estructurales.

El primero es la falta de educación ambiental. Si bien se han realizado algunos esfuerzos de disponibilizar material a través del Ministerio de Medioambiente, Chile tiene una deuda histórica en materia de formación ciudadana respecto del reciclaje y la gestión de residuos. La ley asume que los consumidores saben identificar materiales, separar correctamente los desechos o comprender los símbolos de reciclaje impresos en los envases. En la práctica, eso rara vez ocurre. La mayoría de las personas no distingue entre materiales reciclables y no reciclables, y menos aún sabe cómo gestionarlos adecuadamente. 

El segundo desafío es la trazabilidad o, mejor dicho, su ausencia. Los consumidores no tienen claridad sobre qué ocurre con los materiales una vez que son entregados para su reciclaje. ¿Se procesan efectivamente? ¿vuelven al mercado convertidos en nuevos productos? ¿o simplemente terminan en un relleno sanitario? Si las personas no pueden ver el impacto concreto de sus acciones, el incentivo a participar en prácticas asociadas a la economía circular se debilita. 

En países donde los sistemas de reciclaje son exitosos, la trazabilidad es pública, auditable y forma parte de campañas de educación que muestran resultados tangibles, como también contemplan diseños más específicos en torno a la gestión de líneas de productos. Por ejemplo, como ocurre en Dinamarca a través de modelos de depósito, devolución y retorno, donde los consumidores pagan una tasa asociada a la materialidad de productos que compran (bebestibles, lácteos), y recuperar esa tasa cuando retornan el envase a puntos de acopio definidos. 

La tercera problemática está estrechamente relacionada con la anterior: la falta de infraestructura para el reciclaje a nivel nacional. Actualmente, Chile cuenta con escasa infraestructura de carácter público, donde la mayoría de las iniciativas responde a esfuerzos de privados y algunos municipios, lo cual limita la capacidad de procesamiento y la viabilidad de cumplir con las metas establecidas por la ley. 

De acuerdo con datos de la consultora Eunomia (2024) la tasa de reciclaje municipal reportada en Chile es del 2%, mientras que la tasa ajustada es del 0.5% (ajuste realizado restando cifras de material de construcción y demolición, reciclaje informal), evidenciando la distancia entre la intención normativa y la realidad operativa. Sin una red sólida a nivel regional, sistemas logísticos eficientes y mecanismos que faciliten la separación de residuos, la responsabilidad del reciclaje recae en los consumidores, pero sin las condiciones necesarias para ejercerla de manera efectiva.

La economía circular no se construye solo con regulaciones y normativas, sino con confianza y participación ciudadana. Si las personas no entienden su rol, ni perciben los resultados de su esfuerzo, el modelo pierde sentido. El desafío, entonces, es volver a reconectar la política pública con la realidad cotidiana: transformar la buena intención de la Ley REP en una cultura compartida.