Las demandas relacionadas superaron las 3.600 y ya se extienden a 62 jurisdicciones. Un informe del Sabin Center for Climate Change Law revela que los tribunales están ampliando el alcance de las responsabilidades hacia empresas, instituciones financieras y gobiernos, consolidando estos procesos como una nueva herramienta de gobernanza global.
El cambio climático ya no solo redefine las políticas públicas y las estrategias empresariales; también está transformando el escenario judicial. Los litigios climáticos alcanzaron un nuevo récord durante 2025, con 249 demandas presentadas en un solo año, elevando el total histórico a más de 3.600 casos registrados en el mundo desde 1986. El fenómeno, que comenzó con acciones dirigidas principalmente contra gobiernos, incorpora ahora a empresas, bancos, aseguradoras y otros actores económicos, consolidándose como uno de los principales mecanismos de rendición de cuentas en materia climática.
Así lo concluye el informe «Global trends in climate change litigation: 2026 snapshot», elaborado por el Sabin Center for Climate Change Law, que analiza la evolución de los litigios durante 2025 y los principales desarrollos registrados hasta mayo de 2026.
Uno de los principales hallazgos es la acelerada expansión de estas acciones judiciales. Más del 75% de todos los casos se han presentado después de 2015, año en que se adoptó el Acuerdo de París, mientras que las demandas ya alcanzan 62 jurisdicciones, frente a solo 17 países hace una década. Durante 2025 se incorporaron por primera vez litigios en Granada, Guatemala, Kazajistán, Malasia, Singapur y Zambia.
Estados Unidos continúa concentrando la mayor actividad judicial. Solo el año pasado se iniciaron 151 nuevos procesos, elevando el total acumulado a 2.078 casos, muy por encima de cualquier otra jurisdicción.
El informe sostiene que una de las principales transformaciones es el cambio en la interpretación de las responsabilidades de los Estados frente al cambio climático. Cada vez más tribunales consideran que estas obligaciones tienen un carácter jurídico y no únicamente político, fortaleciendo el papel del Poder Judicial en la implementación de la acción climática.
Esta tendencia también comienza a extenderse hacia el sector privado. Los jueces analizan un número creciente de demandas que buscan responsabilizar económicamente a empresas por su contribución al calentamiento global bajo el principio de «quien contamina paga», además de acciones orientadas a limitar actividades altamente emisoras. Aunque hasta ahora ninguno de estos procesos ha derivado en indemnizaciones o cambios obligatorios en el comportamiento corporativo, el estudio señala que están contribuyendo a definir nuevos estándares legales.
El alcance de los litigios también se amplía hacia nuevos sectores económicos. Durante 2025 se registraron más de 50 litigios estratégicos contra empresas de energía, transporte, servicios financieros, inmobiliarias y bienes de consumo. Asimismo, instituciones financieras y empresas estatales aparecen involucradas en al menos 42 procesos, reflejando que el riesgo climático comienza a trasladarse desde la regulación hacia el ámbito judicial.
El informe destaca además un fenómeno inédito: por primera vez compañías aseguradoras presentaron demandas para recuperar pérdidas económicas asociadas al cambio climático, atribuyendo responsabilidades a gobiernos por su actuación frente a estos riesgos.
En paralelo, organismos públicos y entidades cuasi gubernamentales comenzaron a utilizar acciones judiciales para exigir el cumplimiento de estándares climáticos en diferentes sectores económicos.
El estudio identifica una nueva generación de conflictos vinculados a la implementación de políticas climáticas. Entre ellos destacan los litigios relacionados con la denominada transición justa, que cuestionan los impactos sociales y económicos de determinadas medidas de descarbonización, así como los casos conocidos como «verde contra verde», donde distintas iniciativas ambientales entran en conflicto por sus efectos sobre otros ecosistemas o recursos naturales.
Los autores anticipan además que los próximos focos de litigio podrían concentrarse en proyectos de captura y almacenamiento de carbono, las emisiones generadas por grandes centros de datos y la relación entre cambio climático y contaminación por plásticos.
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