Informe advierte que la presión legal está impactando la gobernanza, las inversiones y el acceso a mercados.
El riesgo de litigios asociados al cambio climático está escalando y empezando a dejar de ser un tema de cumplimiento para transformarse en un factor estratégico para las empresas.
Así lo señala un informe del World Economic Forum, en colaboración con Baker Mackinsey, que identifica un aumento sostenido en acciones legales vinculadas a emisiones, cadenas de valor y declaraciones ambientales.
Según el documento, el litigio climático se ha convertido en un riesgo sistémico con efectos directos en la estrategia corporativa, la asignación de capital y la gobernanza empresarial.
Uno de los principales cambios identificados es la ampliación del alcance de la responsabilidad empresarial. Las acciones legales ya no se concentran únicamente en las emisiones directas, sino que incluyen impactos a lo largo de toda la cadena de valor, desde proveedores hasta usuarios finales.
Este enfoque implica que las compañías pueden enfrentar procesos judiciales no solo por lo que producen, sino también por lo que financian, habilitan o no logran prevenir en sus operaciones extendidas.
En Europa, esta tendencia se traduce en regulaciones como la debida diligencia obligatoria en sostenibilidad, mientras que en América del Norte se canaliza a través de leyes de valores, consumo y responsabilidad civil.
En América Latina, el informe destaca que las demandas se apoyan en el reconocimiento constitucional del derecho a un medio ambiente sano, lo que ha permitido a tribunales suspender proyectos o exigir medidas de mitigación.
El informe también advierte que los tribunales están aumentando la revisión de proyectos de inversión, especialmente en sectores intensivos en emisiones como energía, minería e infraestructura.
Las evaluaciones ambientales están incorporando de forma más explícita variables como emisiones de gases de efecto invernadero, impactos acumulativos y alineación con metas climáticas.
Como resultado, los riesgos legales ya no se limitan a la fase operativa, sino que pueden afectar la aprobación, retraso o cancelación de proyectos desde etapas tempranas.
Otro foco relevante es el crecimiento de litigios por “greenwashing”. Reguladores, inversionistas y consumidores están incrementando la presión sobre las empresas para que sus declaraciones ambientales sean verificables y consistentes.
El informe señala que las demandas se centran no solo en afirmaciones falsas, sino también en supuestos poco robustos, uso de compensaciones de carbono o falta de respaldo en datos.
Las sanciones pueden incluir multas, prohibiciones de uso de mensajes publicitarios y exigencias de corrección pública de información.
El documento identifica un cambio relevante en la gobernanza: los directorios están siendo evaluados por su capacidad para integrar el riesgo climático en la toma de decisiones.
Los tribunales y reguladores están analizando si las empresas consideran adecuadamente estos riesgos en su planificación, inversiones y reportes, y si existe coherencia entre compromisos públicos y acciones concretas. Las declaraciones climáticas, como metas de carbono neutralidad, comienzan a ser tratadas como compromisos con implicancias legales. Más allá de casos individuales, el informe destaca que el litigio climático está influyendo en políticas públicas y mercados.
Decisiones judiciales están impulsando cambios en regulación, sistemas de precios de carbono y estándares de reporte, generando efectos indirectos sobre la competitividad y el acceso a financiamiento.
El análisis concluye que el tratamiento del cambio climático en el ámbito legal está evolucionando hacia un estándar claro: debe gestionarse con el mismo nivel de rigurosidad que cualquier otro riesgo financiero o legal relevante.
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