Las malas prácticas y posibles delitos descubiertos en algunas organizaciones de la sociedad civil durante el último mes han puesto en cuestión y han empañado la importante labor que realizamos las fundaciones y ONGs en la búsqueda de una sociedad más equitativa. Si bien confiamos en que se trata de casos aislados, creemos que hay que avanzar hacia la búsqueda de nuevas medidas que permitan ampliar la regulación y hacer más transparente el trabajo que realizamos.

Las necesidades son diversas y en ocasiones inabordables solo para el Estado, por lo que, tal como sucede también en sociedades desarrolladas con Estados más grandes y fuertes, la sociedad civil puede colaborar directamente con el aparato público llenando las brechas que por diversas razones no pudo cubrir. Las organizaciones sin fines de lucro podemos actuar como articuladores confiables de alianzas público-privadas, transformándonos en un brazo ejecutor del Estado para llegar a la ciudadanía con políticas públicas eficientes.

Huella Local posee ocho años de trayectoria articulando colaboración privado-pública en los territorios más rezagados de Chile, con presencia en más de 50 comunas a lo largo del país y con alianzas con más de 50 empresas y cuatro gobiernos regionales. Creemos que esta crisis presenta una gran oportunidad para avanzar en temas de reglamentación, probidad y transparencia en el uso eficiente de los recursos públicos.

Por eso, presentamos a la Comisión Presidencial sobre esta temática, diez propuestas para fortalecer y transparentar la participación de la sociedad civil.

«Creemos que lo más urgente es establecer el requisito de 5 años de experiencia para las organizaciones sin fines de lucro que reciben transferencias superiores a 2.000 UTM en la Ley de Presupuestos 2024, ya que este requisito fue eliminado en el presupuesto actual».

De esta manera, se asegura que solo aquellas organizaciones con una trayectoria sólida y comprobable estándar de cumplimiento accedan a los fondos públicos».

La transparencia debe ser un principio fundamental en todas las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, proponemos la obligación de que las fundaciones y ONGs publiquen los salarios de sus ejecutivos directivos en sus páginas web, así como permitir el acceso a las cuentas bancarias de las organizaciones para fines de fiscalización. También creemos que debiera ser de público conocimiento la declaración de militancia política de directores de organizaciones que suscriban convenios con el Estado.

La rendición de cuentas debe ser una práctica constante. Por ello, sugerimos la presentación de una cuenta pública para aquellas organizaciones con financiamiento superior a 2.000 UTM anual, donde se detallen los avances en la ejecución de programas. De esta manera, se brinda transparencia y se posibilita una evaluación precisa de la gestión.

«Es esencial establecer mecanismos de control y sanciones para aquellas organizaciones que no publiquen balances y memorias en sus sitios web y que reciban al menos 2.000 UTM anuales. Además, se debe rebajar el trámite de toma de razón de Contraloría para las organizaciones de la sociedad civil, prohibiendo la división de montos para evitar este control».

Por último, creemos que es fundamental la exigencia de documentos de garantías de fiel cumplimiento antes de suscribir convenios con el Estado, por al menos el 10% de los montos a ser transferidos. De esta manera, se certifica previamente la capacidad financiera para administrar fondos públicos.

Creemos que con estas medidas administrativas se puede avanzar en mayor transparencia y rendición de cuentas desde las organizaciones de la sociedad civil, sin necesidad de retroceder en el aporte que hacemos los diversos organismos colaboradores del Estado.