Un nuevo paradigma regulatorio comienza a tomar forma en la gobernanza corporativa chilena. Así lo advierte el reciente informe elaborado por KPMG en Chile, centrado en la Norma de Carácter General N°533, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a mediados de marzo pasado.
La normativa, que comenzará a regir en noviembre de 2026, establece criterios más exigentes para determinar la independencia de los directores y promueve mayor transparencia en la designación de cargos directivos en sociedades filiales.
El informe de KPMG pone el foco en los cambios sustanciales que introduce esta nueva norma, con especial énfasis en la redefinición del concepto de director independiente. La NCGº 533 establece parámetros objetivos que impiden calificar como independiente a toda persona que haya tenido, en los últimos 18 meses, vínculos económicos, profesionales, crediticios o comerciales de volumen relevante con la sociedad que fiscaliza la CMF.
Además, según detalla el documento, se contemplan nuevas causales de inhabilidad: la celebración de contratos relevantes con la sociedad (por montos iguales o superiores al 25% de la renta bruta anual del director), la mantención de créditos importantes con la empresa, la participación accionaria significativa en entidades relacionadas, y el rol como fundador o director de fundaciones que reciban aportes significativos de la sociedad.
Otro aspecto destacado es la exigencia de una política general de elección de directores para las filiales fiscalizadas. Esta política deberá contemplar criterios como la idoneidad profesional de los candidatos, su vínculo con la matriz, los procedimientos de designación, y los mecanismos de divulgación pública, como la publicación en el sitio web de la entidad.
KPMG subraya la urgencia para las empresas de prepararse con anticipación. Quienes hoy ocupan cargos como directores independientes y se encuentran en alguna de las situaciones que la norma define como incompatibles, tendrán plazo hasta el 10 de mayo de 2025 para regularizar su situación y evitar ser inhabilitados durante los próximos 18 meses.
El informe también pone en contexto la nueva normativa dentro de una evolución más amplia del marco regulatorio chileno, que incluye la Ley 20.382 sobre gobiernos corporativos, la NCG 461 que refuerza la transparencia en las memorias anuales, y la reciente Ley 21.525 sobre delitos económicos y ambientales.
