El documento entrega requisitos y recomendaciones para que las instituciones financieras integren la transición climática en su estrategia, gobernanza, gestión de riesgos, asignación de capital y relación con clientes e inversiones.
La transición hacia una economía baja en emisiones ya no es solo una discusión ambiental o regulatoria, se está transformando en un tema estratégico para bancos, aseguradoras, inversionistas, administradoras de activos y otros actores del sistema financiero.
Y es en ese contexto es que el Comité Técnico ISO/TC 322 sobre finanzas sostenibles, editó una nueva norma que establece requisitos y recomendaciones para la planificación estratégica de transición por parte de instituciones financieras.
¿Objetivo? Apoyar a las entidades en su respuesta y contribución a una economía global net zero y resiliente al clima, protegiendo y fortaleciendo el valor de largo plazo de las propias instituciones, sus clientes, beneficiarios y accionistas.
La base del texto está en el Acuerdo de París, que plantea limitar el aumento de la temperatura global a muy por debajo de los 2 °C respecto de niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para restringirlo a 1,5 °C. Además, recuerda que los flujos financieros deben ser consistentes con una trayectoria de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo resiliente al clima.
Uno de los puntos centrales del documento es que las instituciones financieras tienen un rol clave, aunque no absoluto, en la transición climática. A diferencia de las empresas de la economía real, los bancos, aseguradoras o inversionistas no controlan directamente la descarbonización de sectores como energía, transporte, construcción, minería o agricultura. Sin embargo, sí pueden influir mediante sus decisiones de financiamiento, inversión, seguros, asesoría y relacionamiento con clientes e invertidas.
La norma plantea que una planificación de transición efectiva debe permitir a las instituciones financieras integrar objetivos y metas climáticas en sus actividades financieras. Esto incluye políticas de crédito, inversión, seguros, mercados de capitales, productos financieros y estrategias de engagement con empresas y otros actores económicos.
El foco no está únicamente en que una institución reduzca sus propias emisiones operacionales, sino en cómo sus decisiones financieras pueden contribuir a la transición de la economía real, como lo planteó en entrevista con ESGHOY la economista y autora del libro Mi Dinero Sostenible, Carolina López.
Esto implica considerar emisiones financiadas, emisiones facilitadas por operaciones de mercado de capitales y emisiones asociadas a actividades de seguros y se suma a otros ISO para manejo de las empresas en la nueva economía.
El documento también advierte que la transición climática no puede entenderse solo como descarbonización, sino como adaptación, resiliencia, impactos sociales, transición justa, biodiversidad, naturaleza y posibles efectos no deseados de las decisiones climáticas.
Esto es especialmente relevante para economías emergentes y países en desarrollo, donde las prioridades climáticas pueden convivir con desafíos de acceso a energía, desarrollo económico, empleo, infraestructura y reducción de pobreza. Por eso, el texto reconoce la importancia de aplicar criterios de proporcionalidad y flexibilidad según las circunstancias nacionales, capacidades regulatorias y disponibilidad de datos.
La norma también recoge el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas del Acuerdo de París. Esto significa que las instituciones financieras deben considerar los contextos locales, los planes nacionales de adaptación, las contribuciones determinadas a nivel nacional, las políticas industriales y las trayectorias sectoriales existentes en cada jurisdicción.
Otra norma ISO, el año pasado, apuntó a integrar la naturaleza en la estrategia corporativa.
Entre los conceptos centrales definidos por el documento está el de finanzas de transición, entendido como préstamos, financiamiento, inversión, seguros y otros productos o servicios financieros relevantes para apoyar la reducción de emisiones en la economía real.
También incorpora el concepto de finanzas de adaptación, asociado al financiamiento de ajustes en sistemas ecológicos, sociales o económicos frente a los efectos actuales o esperados del cambio climático. Esta dimensión es clave, porque la resiliencia climática no depende solo de evitar nuevas emisiones, sino también de preparar a empresas, comunidades e infraestructuras para enfrentar sequías, inundaciones, olas de calor, incendios, cambios regulatorios y otros riesgos físicos o de transición.
El documento identifica además distintas estrategias de financiamiento climático, como apoyar soluciones climáticas, financiar entidades ya alineadas con trayectorias de 1,5 °C, acompañar a compañías que se están alineando con esa trayectoria y participar en procesos de retiro ordenado de activos intensivos en emisiones.
Otro aspecto relevante es la preocupación por la credibilidad. El documento define el greenwashing como la entrega de información falsa o engañosa, intencional o no, respecto de atributos ambientales o de sostenibilidad de una entidad, producto, activo o actividad.
Y sostiene que la planificación de transición no debe limitarse a declaraciones generales de compromiso climático. Requiere objetivos, metas, políticas, procesos, análisis de escenarios, mecanismos de gobernanza y revisión continua. La idea es que las instituciones puedan demostrar cómo sus decisiones financieras se relacionan con sus metas climáticas y cómo actualizan su estrategia frente a cambios regulatorios, científicos, tecnológicos, de mercado o de comportamiento de sus clientes.
El texto reconoce que existen límites al nivel de influencia que puede tener una institución financiera sobre los resultados climáticos de la economía real. La efectividad de sus planes depende de factores externos, como políticas públicas, regulación, disponibilidad de datos, avances científicos, desarrollo tecnológico y acciones de clientes e invertidas.
El documento está diseñado para ser aplicable a cualquier institución financiera, independiente de su tamaño, tipo o ubicación geográfica, con especial foco en bancos, aseguradoras e instituciones de inversión. Sus disposiciones deben aplicarse según el modelo de negocio de cada entidad.
También puede ser utilizado en actividades como préstamos, seguros, inversión de propietarios de activos, gestión de activos, actividades de mercado de capitales e incluso nuevos modelos financieros, como plataformas de finanzas descentralizadas.
Para el sector financiero, esto implica pasar desde una mirada declarativa de la sostenibilidad hacia una gestión más integrada. La transición climática deja de ser solo un reporte o una meta reputacional y comienza a incorporarse en la manera en que se evalúan riesgos, se diseñan productos, se asigna capital y se acompaña a empresas en sus propios procesos de transformación.
En Chile, donde el sistema financiero ha avanzado en iniciativas de gestión climática, bonos sostenibles, reportabilidad ESG y discusión sobre taxonomía verde, este tipo de estándar puede servir como referencia para ordenar criterios, fortalecer la credibilidad de los planes de transición y reducir riesgos de greenwashing. También puede ayudar a conectar las estrategias financieras con los compromisos climáticos nacionales, las metas de carbono neutralidad y los desafíos de adaptación que afectan a sectores productivos clave.
La señal de fondo es clara: la transición climática ya no será evaluada solo por la existencia de compromisos net zero, sino por la calidad de la planificación, la coherencia de las decisiones financieras y la capacidad de demostrar contribución real a la descarbonización y resiliencia de la economía.
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