Una brecha anual de US$ 420 mil millones enfrentan los países en desarrollo para alcanzar la igualdad de género, según un informe de la ONU. Este déficit limita la implementación de políticas y programas capaces de cerrar las brechas que persisten en derechos, oportunidades y acceso a recursos para mujeres y niñas.

A pesar de los compromisos internacionales, como el Compromiso de Sevilla y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gran parte de la financiación mundial sigue sin llegar a los países y comunidades que más lo necesitan. El reto no solo es político, sino también económico: se requiere una década de inversión consistente y con enfoque de género para transformar las promesas en resultados tangibles.

Según  un articulo del sitio Expoknews, la falta de financiamiento no es un problema aislado, sino estructural. La mayoría de las mujeres de bajos ingresos viven en países que reciben un flujo insuficiente de inversión para programas de salud, educación, empleo y cuidado. Esto frena el avance hacia sociedades más justas y equitativas.

A juicio de ONU Mujeres, uno de los mayores desafíos es que solo uno de cada cuatro países cuenta con sistemas para monitorear el gasto público destinado a la igualdad de género. Sin información clara, resulta casi imposible planificar políticas efectivas y medir su impacto real.

Además, persiste una visión limitada que relega la igualdad de género a una categoría secundaria en los presupuestos nacionales. Esto provoca que los recursos se asignen de forma desigual, sin considerar las necesidades reales de mujeres y niñas.

La clave para reducir la brecha está en fortalecer los presupuestos con perspectiva de género y asegurar que el gasto se alinee con los objetivos de desarrollo sostenible. Solo así se podrá canalizar el dinero hacia las áreas donde más impacto puede generar.

Reformas profundas

El organismo internacional  plantea que alcanzar la igualdad de género requiere reformas fiscales profundas. Esto incluye aliviar la deuda externa de los países más vulnerables, aplicar sistemas tributarios progresivos y establecer normas financieras globales más justas.

Estas reformas no solo ampliarían el margen fiscal para invertir en servicios públicos esenciales, sino que también reducirían la dependencia de políticas de austeridad, que históricamente han afectado de forma desproporcionada a las mujeres.

Reequilibrar el gasto público es otro punto clave. Las inversiones deben priorizar el desarrollo humano, la consolidación de la paz y la inclusión social, en lugar de concentrarse únicamente en áreas como la seguridad militar.

En este sentido, destinar recursos a sistemas públicos de cuidado es fundamental para liberar el potencial económico de millones de mujeres. La inversión en guarderías, atención a personas mayores y servicios comunitarios de cuidado no solo impulsa la participación femenina en la economía, sino que genera empleos dignos y reduce la pobreza.