opina
04/12

Reflexiones en torno al Sistema de Compensación de Emisiones del Impuesto Verde

"Redirigir fondos privados hacia la acción climática es hoy un desafío ineludible, en un contexto en el cual, según Climate Policy Initiative, el financiamiento debe aumentar cerca de seis veces para alcanzar los objetivos globales. Una ruta clara para avanzar hacia ello es a través de los mercados de carbono. Es fundamental que los incentivos estén bien puestos para que los ingresos lleguen a proyectos que realmente lo necesitan".

Como parte de los esfuerzos de Chile de enfrentar la crisis climática, y atendiendo a los desafíos particulares que presenta la contaminación atmosférica en todo el territorio, el 1 de enero de 2017 comenzó a regir en Chile un impuesto al carbono, fijado en US$ 5 /tonCO2, que grava las emisiones de empresas cuyas instalaciones emiten más de 25.000 toneladas de CO2e (según modificación aplicada recientemente).

En esta línea, en octubre de este año el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lanzó oficialmente el Sistema de Compensación de Emisiones del Impuesto Verde (SCE), que promueve la reducción de  contaminantes de impacto global y local y permite a contribuyentes compensar de fuentes fijas gravadas con el impuesto verde mediante la implementación de proyectos de reducción.

Cuatro ideas clave a considerar: los proyectos de compensación deberán ser ejecutados en territorio nacional; las fuentes gravadas no podrán vender certificados de reducción de emisiones; los proyectos deberán ser coherentes con metodologías de carbono ya existentes (creadas o con aprobación del MMA); y los ya registrados en estándares internacionales podrán ser homologados a través del MMA para participar del mercado.

Considerar la adicionalidad

¿Qué proyectos debieran participar del SCE? Un primer paso es que se consideren adicionales. Si bien la adicionalidad es difícil de evaluar, una regla simple sería considerar que tengan un modelo de negocio no resuelto, o un gap financiero importante en relación a otros proyectos (a esto se le llama adicionalidad financiera). Algunos ejemplos: manejo de residuos (sinergia con Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y Plan Sectorial de Mitigación de Salud); soluciones basadas en la naturaleza (captura de CO2) y cambio de combustible con un claro gap financiero (por sintéticos bajos en emisiones, por ejemplo).

El regulador debiese, por un lado, ser claro respecto de los estándares, metodologías y criterios de elegibilidad de los proyectos, variables que consideramos críticas en tanto darán señales de mercado que orientarán la naturaleza de la participación.

Los mercados voluntarios de carbono nos han enseñado que con un precio de US$ 5 /tonCO2, de estos tres solo los proyectos de manejo de residuos podrían ser beneficiados por el mecanismo, dado que son los únicos que transan certificados con precios de entre US$ 2 y US$ 5 /tonCO2. Los segundos y terceros requerirían de un impuesto mucho más alto para ser viables, y la opción de aumentar el valor del impuesto verde en Chile, al menos por este año, ya fue descartada.

¿Qué pasa con proyectos de hidrógeno verde, de almacenamiento o de descarbonización?  Al no contar con metodologías probadas, en el corto plazo parece poco probable que puedan participar de un mercado nacional o internacional de compensaciones. Serían necesarios precios sobre US$ 100 /tonCO2 para cubrir la brecha de viabilidad. Los de almacenamiento, por su parte, no sólo enfrentan la complejidad que supone probar reducción de emisiones por la dificultad asociada a establecer un contrafactual, sino también están todavía en proceso de aprobación de metodologías. Los de descarbonización, pese a que sí cuentan algunos con metodologías probadas (como la transacción Engie & BID Invest aplicada para las unidades 14 y 15), sólo serían admisibles aquellos de reconversión de centrales, ya que el sistema declara inadmisibles certificados provenientes de proyectos que deban cerrar.

Reglas claras: punto de partida

Si bien queda bastante por definir en torno al SCE, un error muy grande sería permitir que participen proyectos de compensación que no requieren de ingresos de un mercado de carbono para viabilizarse. Proyectos de energía renovable con nivel de madurez tecnológica y económica, como fotovoltaicos y eólicos, son un ejemplo de ello.

Capturar las virtudes de un sistema como éste requiere que tanto el regulador como la empresa que busca compensar sus emisiones comprendan los principios detrás de su creación, maximizando así el beneficio social, ambiental y económico.

El regulador debiese, por un lado, ser claro respecto de los estándares, metodologías y criterios de elegibilidad de los proyectos, variables que consideramos críticas en tanto darán señales de mercado que orientarán la naturaleza de la participación.

Quienes compensan, por otro lado, debiesen considerar los aprendizajes de los mercados voluntarios de carbono en la selección y compra de créditos que minimicen cualquier riesgo reputacional para la empresa. En esa línea, buenas prácticas incluirían ser rigurosos en cuanto a metodologías y estándares que soportan la evaluación de los proyectos y priorizar la maximización de impacto y coherencia con múltiples ODSs.

Pese a que en el corto plazo el mercado se verá probablemente impulsado por proyectos ya implementados en estándares de renombre, la mejor práctica será compensar mediante proyectos greenfield, pues favorecerá que los esfuerzos contribuyan a generar infraestructura nueva que no hubiera existido sin el SCE  y maximizar el impacto de las iniciativas que se generen.

 

Compartir