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10/06

Reforma al SEIA: «Gato por Liebre»

Si bien el objetivo de la reforma es fortalecer la protección ambiental y la transparencia, su implementación sin un marco legal adecuado podría socavar estos mismos objetivos. El Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo señala que el proyecto no aborda adecuadamente la creciente judicialización de los proyectos de inversión, lo que incrementa la incertidumbre y prolonga los plazos de tramitación.

Los intentos por reformar el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile ha generado un intenso debate sobre su legalidad y efectividad. Uno de los aspectos más controvertidos es la inclusión del «plan de seguimiento de variables ambientales» en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), una medida que debería estar regulada por ley y no por reglamento. Recordemos además que un 90% de los nuevos proyectos ingresados al SEIA califican para DIA (Declaración de Impacto Ambiental), menos regulaciones y en teoría rapidez para validar, y no para EIA,  (Evaluación de Impacto ambiental), más exigencias y plazos más largos.

Hoy tenemos un proyecto en discusión que intenta modificar leyes de manera solapada en el reglamento de la ley, coloquialmente nos quieren pasar “un gato por liebre”. Al parecer  la reforma excede las competencias del reglamento administrativo al abordar materias que deberían ser competencia exclusiva de la ley, según el artículo 32, numeral 6, de la Constitución de Chile, creando un precedente preocupante sobre el alcance del poder regulatorio del Estado.

La ampliación de las responsabilidades del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a través de esta reforma podría complicar la gestión y aprobación de proyectos. La inclusión de un plan de seguimiento exige mayores recursos y capacidades técnicas, lo que puede resultar en demoras adicionales en el proceso de evaluación y no mejoras que es lo que busca la modificación. Según un estudio de la Universidad Católica, la conflictividad social y las protestas están asociadas a períodos más largos de evaluación, lo que incrementa la incertidumbre para los proyectos de inversión y no la certidumbre que se busca para comenzar nuevos proyectos.

Si bien el objetivo de la reforma es fortalecer la protección ambiental y la transparencia, su implementación sin un marco legal adecuado podría socavar estos mismos objetivos. El Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo señala que el proyecto no aborda adecuadamente la creciente judicialización de los proyectos de inversión, lo que incrementa la incertidumbre y prolonga los plazos de tramitación.

Es crucial que cualquier cambio significativo en el SEIA, como la exigencia de planes de seguimiento ambiental, sea incorporado mediante una modificación legal debidamente discutida y aprobada por el Congreso. Esto garantizará una base jurídica sólida y la participación de todos los actores relevantes en el proceso legislativo. La Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, podría ser el marco legal adecuado para estas modificaciones.

El SEA necesita ser dotado de los recursos y capacidades técnicas necesarias para cumplir eficazmente con las nuevas responsabilidades. Esto incluye la formación de personal especializado y la implementación de tecnologías avanzadas para el monitoreo ambiental. La Ley N° 20.417, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, podría ser revisada para incluir estas disposiciones.

Debe asegurarse que las comunidades locales tengan un rol activo y significativo en el proceso de evaluación ambiental. Esto no solo mejora la transparencia, sino que también facilita la aceptación social de los proyectos y la resolución de conflictos potenciales. Un estudio sugiere fortalecer la participación ciudadana anticipada (PACA) y crear mecanismos de mediación para resolver conflictos socioambientales. Estos mecanismos podrían ser formalizados a través de una reforma al artículo 94 de la Ley N° 19.300, que regula la participación ciudadana en el SEIA.

La reforma al SEIA, si bien busca mejorar la protección ambiental, plantea importantes desafíos legales y operativos. Abordar estas modificaciones desde una perspectiva legislativa es fundamental para asegurar su efectividad y cumplimiento, fortaleciendo así el marco regulatorio ambiental de Chile en beneficio de todos los actores involucrados.

Para una implementación efectiva, se recomienda una modificación a la Ley N° 19.300 y la Ley N° 20.417 para incluir las nuevas exigencias y fortalecer el rol del SEA. Además, es necesario considerar la inclusión de mecanismos de mediación y participación ciudadana más robustos para mejorar la legitimidad y aceptación de los proyectos de inversión.

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