La regulación sobre plásticos de un solo uso en Chile dio un nuevo paso con la publicación del reglamento que operacionaliza la Ley N°21.368, conocida como Ley de Plásticos de un Solo Uso (Ley PUSU). Según una «alerta normativa» elaborada por el estudio de abogados Jara del Favero, el nuevo marco reglamentario introduce exigencias concretas para empresas de retail, consumo masivo y comercializadores de bebidas, con impactos directos en certificación de productos, rotulado y gestión de envases.

Con el  decreto, publicado en el Diario Oficial el 7 de enero,  la ley entró formalmente en vigencia y  comienza a aplicar el detalle operativo de la normativa que busca reducir el impacto ambiental de los plásticos, promoviendo el uso de materiales reciclados y sistemas de reutilización.

Nuevas obligaciones  

Uno de los ejes centrales del reglamento es la definición de los requisitos y procedimientos para la certificación de productos de plástico, junto con las exigencias de rotulado asociadas a dicha certificación. El texto regula cómo se acreditará que los productos cumplen con los criterios establecidos por la ley y qué información deberá ser comunicada a los consumidores.

De acuerdo con el análisis del estudio Jara del Favero, estas disposiciones obligan a las empresas a revisar sus procesos internos, sistemas de trazabilidad y relación con proveedores, especialmente en sectores donde el envase es un componente crítico del producto final, como alimentos, bebidas y productos de consumo masivo.

Si bien el reglamento ya se encuentra vigente, las certificaciones y exigencias de rotulado cuentan con plazos de entrada en vigencia diferidos, establecidos en las disposiciones transitorias, lo que entrega un período de adaptación para las compañías.

Reciclado y procesos de verificación

El reglamento también establece reglas específicas para las botellas plásticas desechables, fijando el porcentaje mínimo de plástico recolectado y reciclado en el país que deberán contener. A ello se suman los procesos de verificación y certificación de su composición, además de exigencias de rotulado que informen sobre este contenido.

Este punto introduce desafíos relevantes para la cadena de suministro, ya que las empresas deberán contar con mecanismos que permitan demostrar el origen y la proporción del material reciclado utilizado, reforzando la trazabilidad y el control de calidad.

Desde una perspectiva ESG, estas exigencias se alinean con compromisos de economía circular y reducción de residuos, pero también aumentan la presión regulatoria sobre industrias intensivas en envases.

Obligación para el retail

Otro aspecto relevante del reglamento es la obligación impuesta a los comercializadores de bebestibles de ofrecer estos productos en botellas retornables. En el caso de los supermercados, la norma establece que al menos un 30% de las botellas disponibles en vitrina para la venta deberán ser retornables.

Esta exigencia implica ajustes tanto logísticos como comerciales, ya que obliga a repensar el mix de productos ofrecidos, la gestión del espacio en vitrinas y los sistemas de retorno y reutilización de envases. Para el retail, se trata de una obligación que puede tener impactos en costos, operación y experiencia del consumidor.

1. Vigencia del reglamento y plazos de implementación

Aunque el reglamento entró en vigencia el 7 de enero de 2026, no todas sus obligaciones serán exigibles de inmediato. Las certificaciones y exigencias de rotulado cuentan con plazos diferenciados de implementación, definidos en las disposiciones transitorias del reglamento.

Esto obliga a las empresas a analizar con detalle el calendario regulatorio para identificar los hitos críticos de cumplimiento y evitar riesgos legales o sanciones futuras.

Implicancias para la gestión ESG

Desde la óptica ESG, la publicación del reglamento refuerza la tendencia hacia una regulación ambiental más detallada y exigente, con foco en trazabilidad, economía circular y responsabilidad extendida en la cadena de valor.

Para las empresas, el desafío no se limita al cumplimiento normativo, sino que se extiende a la integración de estos requisitos en sus sistemas de gobernanza, control interno y reportabilidad, en un contexto donde los riesgos regulatorios y reputacionales asociados a los envases plásticos siguen en aumento.